Dos grupos empresariales de carácter global, Wal Mart y HSBC, sustentan su exitoso desempeño en una agresiva política: para acrecentar sus mercados todo se vale, desde la afectación de los derechos laborales de su personal, hasta la evasión de impuestos, el lavado de dinero y el reparto de jugosos sobornos para infringir las normas y ponerlas a modo.
Los hechos denunciados en una investigación publicada el pasado 18 de diciembre en The New York Times, de la autoría de David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrarb, interpelan a los funcionarios de cuello blanco de Wal Mart que despliegan acciones ilegales y urden los mecanismos para disfrazar estos pagos millonarios; pero también a los servidores públicos municipales, estatales y federales que, a cambio de sobornos, adecuan los planes estatales y municipales de desarrollo urbano a los intereses de los inversionistas, aunque esto se traduzca en duros impactos urbanos o ambientales.
En la trayectoria de Wal Mart sobresalen dos casos: una tienda ubicada en los alrededores de la Basílica de Guadalupe y otra en la zona arqueológica de Teotihuacán. Detrás de las autorizaciones para estas controversiales construcciones estuvieron pagos de millones de pesos a funcionarios que permanecen impunes.
Wal Mart informa que está en proceso una investigación encargada por ellos mismos y que no hará comentarios sobre el tema mientras ésta no concluya. Le apuestan a la brevedad de la memoria y a que un nuevo escándalo tape éste. Pero la investigación de hechos de esta naturaleza no puede quedar en los indulgentes límites de las corporaciones. Algunos analistas justifican estos hechos criminales bajo la lógica de que las empresas tienen que adecuarse al modus operandi nativo, como si las corporaciones no supieran nada de sobornos. Otros parecen justificarlas porque son grandes empleadores.
Como en el caso de los sobornos de “clase mundial” a altos directivos de la CFE descubiertos en EU, o en los de Tyson Foods, de Siemens o de HSBC, sancionados por sus prácticas corruptas en nuestro país, en México las instituciones creadas para prevenir y sancionar estos comportamientos no hacen nada o casi nada. No hay dudas de que padecemos una corrupción crónica y de que un complejo entramado de disposiciones (leyes, reglamentos, circulares, etcétera) parece diseñado para favorecer estas prácticas. Pero no estamos condenados a perpetuarlas.
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