Una parte de las más "espectaculares" investigaciones de la SIEDO durante el sexenio pasado tuvieron como pilar fundamental el testimonio de personajes que habían pertenecido al crimen organizado pero que en un momento dado decidieron "cooperar" con las autoridades en calidad de testigos protegidos y comenzaron a soltar acusaciones a diestra y siniestra.
Lo curioso de esos testigos es que su memoria es claramente selectiva y está por encima de la memoria promedio de la mayoría de los mexicanos. Varios testigos protegidos van recordando distintos episodios delictivos por etapas, de modo que pueden ir extendiendo sus declaraciones durante años, lo cual resulta cuando menos extraño.
Más extraña todavía es la prodigiosa memoria de algunos de estos testigos protegidos: los hay que recuerdan el nombre de más de 200 policías que cobraban de un cártel del narco; pero además del nombre de los implicados el testigo recuerda fechas y montos precisos que se entregaron a cada persona; se trata de un memoria protéica, propia de un súperdotado, sin duda alguna.
Una tercera cuestión extraña es que algunos de estos testigos recuerdan cuestiones relacionadas con varios casos --aparentemente muy disímiles-- que están bajo la investigación de la PGR.
El texto de Silvia Otero cita el caso paradigmático de un testigo protegido llamado "El Pitufo", quien lo mismo aportó detalles para procesar a un ex alcalde de Cancún que supo datos utilizados en contra de mandos de la Policía Federal, intervino en el caso de Florence Cassez y fue testigo en el llamado michoacanazo. ¿Cómo pudo una sola persona estar al tanto de tantos y tan relevantes casos? ¿cómo es que alguien desarrolla esa llamativa "transversalidad delincuencial"? Ni Al Capone en el Chicago de los años 20, ni la mafia rusa actual puede conocer lo que en México sabe y dice un solo testigo protegido en manos de la PGR.
Lo cierto es que la figura de los testigos protegidos se utiliza en muchos países democráticos y está prevista en tratados internacionales firmados por México. Lo que quizá no sea tan común es la credibilidad que en nuestro país se les da a todas sus ocurrencias. Por eso es que tiene mucho sentido el llamado del procurador Murillo Karam para revisar la forma en que se les ha venido utilizando.
Da un poco de pena que haya tenido que ser el nuevo procurador el que haya hecho ese llamado de atención. Hubiera sido mejor que, desde hace años, hubieran sido los jueces los que prendieran la alarma por esa anormalidad judicial que ha mantenido y mantiene en la cárcel a personas que quizá no deberían estar privadas de su libertad.
Los jueces deberían haber elevado el listón argumentativo y haber negado órdenes de aprehensión y autos de formal prisión cuando el elemento principal de prueba contra una persona fueran los dichos de un testigo protegido, cuya credibilidad por regla general debe ser cercana a cero, al menos como punto de partida.
En todo caso, la reflexión sobre el uso de los testigos protegidos en realidad debería ponernos ante el interrogante mayúsculo sobre la calidad de nuestra justicia penal. Si los jueces valoran con tanta ligereza lo que dice un delincuente confeso, ¿qué valoración harán de cualquier otro dicho o cuestión probatoria que figure en un expediente judicial? ¿Con qué elementos se puede dictar en México una sentencia que condena a una persona a pasar varias décadas de su vida entre rejas? ¿qué tipo de argumentaciones utilizan nuestros ministerios públicos y nuestros jueces al momento de dictar sus respectivas resoluciones?
Todos los que, de alguna u otra manera, hemos tenido contacto con el sistema penal mexicano sabemos que las arbitrariedades están a la orden del día. A veces se cometen por simple corrupción y otras por negligencia manifiesta, pero lo cierto es que nadie puede sentirse completamente a salvo: cualquiera puede caer en las garras de un sistema judicial que muchas veces es ciego, sordo, lento y corrupto.
Por eso es que deberíamos caminar con toda determinación hacia su reforma profunda, a través del sistema (previsto constitucionalmente) de juicios orales, con principios modernos de enjuiciamiento y altas dosis de transparencia judicial.
Urge que la justicia penal se administre de cara a la sociedad y no con base en la insonsable memoria de cualquier testigo protegido que de repente se vuelve "cliente frecuente" de la PGR. Ojalá el nuevo gobierno no se tarde en entenderlo y no vuelva a cometer las atrocidades que vimos durante el sexenio anterior.
@MiguelCarbonell
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