Han sido días intensos, agitados, signados por la agregación de hechos de alto impacto político: la designación de quienes integran el gabinete presidencial, la protesta que rindió el titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Unión, su mensaje en Palacio Nacional y la firma del Pacto por México.
Varios son los mensajes que portan estos hechos. Primero, la decisión de restaurarle a un Estado vapuleado y anémico su condición de poder por encima de los otros poderes.
En los últimos lustros ha sido evidente: 1) La prepotencia de quienes se asumen como “los dueños de México”, 2) El desbarajuste en los estados causado por gobernadores que mandan sin contrapesos y 3) El control territorial por bandas criminales en distintas regiones del país. Enrique Peña quiere dejar claro que ni los magnates, ni los gobernadores, ni los criminales pueden doblegar a la autoridad legítima.
La iniciativa de reformas a la administración pública, que otorga mayores atribuciones a dos instancias clave para la gobernanza y la seguridad —Hacienda y Gobernación—, así como las designaciones de los hombres más cercanos como sus titulares, anticipan el fortalecimiento del aparato gubernamental vis a vis los poderes fácticos.
Para poner límites al manejo arbitrario de los gobernadores se dotará de nuevas atribuciones al IFAI; en el mismo sentido caminan la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.
El Pacto por México porta otro mensaje: que existen las condiciones políticas para construir acuerdos en materias centrales que potencien el avance democrático. Como es evidente, hay razones para el escepticismo. Pero no puede omitirse que la firma del acuerdo es un logro en sí mismo y que la mayor parte de esas decisiones responde a las exigencias de los sectores más conscientes de la sociedad civil, como la reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos, la inclusión del rebase de los topes de campaña como causa de nulidad de una elección, la utilización del tiempo en radio y televisión, hoy consumido en una espotización absurda, para el debate político, y la prohibición de la entrega de utilitarios —despensas y demás— para la promoción electoral. Hay otras propuestas, en política social y educación, por ejemplo, irreprochables.
De los tres presidentes de partidos, la parte más difícil le tocó a Jesús Zambrano, del PRD, que lo firmó a pesar de la rotunda negativa de corrientes como Alternativa Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista, o Izquierda Democrática Nacional, los bejaranistas, que detentan la secretaría general. Sin embargo, Nueva Izquierda y sus aliados se movieron rápido y Zambrano suscribió el pacto acuerpado por senadores, diputados y dirigentes estatales del PRD y por los gobernadores Arturo Núñez, Graco Ramírez, Gabino Cué, Ángel Aguirre y el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera.
Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Las protestas por la toma de posesión de Peña alcanzaron especial virulencia en el Centro Histórico. Células organizadas hicieron su tarea: causaron daños y saquearon negocios. Las imágenes de esas brigadas nos remiten a otras experiencias como las arremetidas de los macheteros de Atenco: son los “duros” que quieren estirar la liga y que, en su extremismo, favorecen a quienes claman por la represión.
Ante el pillaje de esos grupos de irreprochable veta democrática, como el Frente Popular Francisco Villa, que desplegaron “argumentos” tan inofensivos (fierros, garrotes, bombas molotov y hasta un vehículo del servicio de limpia arrojado contra las vallas policiales), sorprende el acercamiento indulgente de algunos analistas, comunicadores y medios que los definen como expresión de su hartazgo y del encono social y recuerdan que la Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero omiten que este derecho, como todos, tiene límites precisos: los derechos de terceros, la perturbación del orden público, la comisión de algún delito.
Pero tampoco es admisible la respuesta de las fuerzas públicas. Ante lo que se veía venir, observamos a una policía que actuó a destiempo y que mostró su deficiente preparación para encarar la acción organizada de los “aprendices de guerrilleros” (“no somos guerrilleros, pero pronto lo seremos”).
En suma, por ahora lo que se percibe no es la restauración del antiguo régimen sino de la autoridad del Estado.
Comentarios: @alfonsozarate
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