Para quienes aspiran a La Grande, el gobierno del Distrito Federal puede ser plataforma o tumba política. Andrés Manuel López Obrador construyó su primera candidatura presidencial desde la jefatura de gobierno. Sus decisiones —reproducidas por muchos medios— generaron enorme impacto en todo el país. Millones de mexicanos confiaban en que, una vez en la Presidencia de la República, establecería, con carácter universal, sus programas sociales de apoyo a las personas de la tercera edad, madres solteras, niños y jóvenes.
Marcelo Ebrard no logró construir las condiciones para disputarle la candidatura presidencial a su antecesor. Pero su imagen alcanzó verdadero perfil nacional durante su gestión en la “ciudad de vanguardia” que sumó a la continuidad de los programas sociales, la ampliación de libertades civiles y una exitosa estrategia en materia de seguridad pública.
Miguel Ángel Mancera llega con la legitimidad indisputable de un triunfo sin precedente: 66.3 por ciento de los sufragios, porcentaje histórico en las contiendas capitalinas que implicó atraer el voto de un electorado ajeno al ámbito de la izquierda.
Funcionario de trayectoria limpia, bien calificado por la opinión pública, aunque inexperto en materia política, enfrentará el desafío en condiciones de relativa fragilidad. Una de sus primeras decisiones, la integración del equipo, muestra al menos dos cosas: 1) la ausencia de una red propia, lo que es explicable por su breve trayectoria en el servicio público; los cercanos se ubican en Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, la Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica; 2) el imperativo de conciliar con las fuerzas reales del Distrito Federal: los marcelistas, que mantienen una posición clave como la Secretaría de Gobierno; los cercanos al obradorismo, en dos carteras: Turismo y la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología; y, finalmente, las tribus perredistas, que esta vez sólo obtienen dos posiciones: Trabajo y Fomento al Empleo y Desarrollo Rural (un bejaranista). Pocas mujeres, por cierto, lo que implica un retroceso.
Otras designaciones, más allá de su militancia o pertenencia a grupos, expresan el reconocimiento a trayectorias en la administración capitalina: Rosa Icela Rodríguez, titular de Desarrollo Social; José Armando Ahued, quien repite en Salud, y Édgar Amador Zamora, que asciende de Planeación Financiera a la Secretaría de Finanzas. También por méritos profesionales puede leerse el nombramiento de un funcionario del gobierno calderonista, Salomón Chertorivski, en Desarrollo Económico.
No falta lo controversial: un empresario inmobiliario, Simón Newman, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la inclusión de una figura de peso completo, Cuauhtémoc Cárdenas, como coordinador en Asuntos Internacionales.
Con ese quipo Mancera enfrentará retos mayores. En el terreno político: operar en un territorio dominado por dos presidenciables, Ebrard y López Obrador, y evitar convertirse en rehén de las tribus, algunas caracterizadas por sus excesos y voracidad.
Las células radicales, como lo mostraron el primero de diciembre, plantean otro reto a la gobernabilidad de la ciudad. Frente a estos grupos es imperativo aplicar la ley: ni detenciones arbitrarias ni impunidad, así se esgriman argumentos sociales. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es otro hueso duro de roer.
En otra perspectiva, la nueva administración deberá ofrecer en el corto plazo alternativas a viejos problemas de la ciudad (agua, contaminación, vialidad y transporte), así como desplegar acciones efectivas para enfrentar el acoso de la delincuencia y preservar la tranquilidad relativa en la capital; revertir la “privatización” de espacios públicos por mafias y clientelas del comercio ambulante.
Será preciso, asimismo, emprender un esfuerzo mayúsculo para crear una cultura cívica, de respeto a la ley y responsabilidad compartida con el presente y el futuro de la ciudad.
Transformación que debe correr paralela a una reforma a fondo de la administración capitalina, central y en las delegaciones, para acotar los altos niveles de corrupción y negligencia en el ejercicio de la función pública.
En estos y otros puntos, incluida la reforma política de la capital que perfila el Pacto por México, se probará la eficacia de Mancera y su equipo; la viabilidad de un proyecto no partidista pero comprometido con las banderas del “progresismo”, y, sin duda, la preservación de la ciudad de México como espacio de libertades, respetuoso de la diversidad y a la vanguardia en la ampliación de derechos colectivos.
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