En realidad, los “quinazos” que suelen asestar los presidentes al arranque de su sexenio tienen varios usos. Algunos sirven para sacudirse a un ex Presidente de encima y poder gobernar; tal fue el caso de Ernesto Zedillo al encarcelar a Raúl Salinas. Otros, para ajustar cuentas con enemigos personales, como lo hizo Carlos Salinas en contra de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el poderoso líder del sindicato de Pemex, quien había hecho circular miles de panfletos con la historia de los niños que mataron a su sirvienta (Carlos y Raúl Salinas de pequeños).
El “quinazo” de Calderón, que consistió en sacar al Ejército a las calles, tenía como propósito lograr un mínimo de legitimidad frente a las impugnaciones de AMLO y sus seguidores que lo tildaban de espurio.
¿Qué es lo que buscaría Peña Nieto con un “quinazo”? Desde luego no tiene que sacudirse a un ex Presidente de encima, y carece de archi enemigos personales políticos. A Peña Nieto más que un golpe único y decisivo, tipo Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, lo que le interesa son varios raspones sucesivos a los grandes grupos de poder.
Y es que el Presidente tiene que abrirse el paso a codazos entre los poderes reales que habían llenado el vacío que dejó la caída del presidencialismo desde los años 90s. La debilidad del ejecutivo frente al resto de los actores no arrancó con los gobiernos de alternancia, sino con el último presidente priísta, Ernesto Zedillo. Recordemos, para ejemplificarlo, que Carlos Salinas “depuso” a 16 gobernadores durante su sexenio. Zedillo sólo lo intentó con uno, Roberto Madrazo de Tabasco, y perdió.
A lo largo de la alternancia panista esta debilidad se acentuó y los poderes legales e ilegales se volvieron incontrolables: monopolios, líderes sindicales, gobernadores, cárteles de la droga, grandes empresarios.
Lo que intentará Peña Nieto es asestar al menos un coscorrón a cada uno de estos sectores, para obligarles a devolver al Estado central una parte de los privilegios conquistados. No todos, desde luego, pero si los suficientes para imponer, de nuevo, la figura de un árbitro central entre los poderes factuales, capaz de asegurar compromisos, evitar excesos disfuncionales y desatorar la parálisis que el vacío había provocado.
En otras palabras, no creo que veamos a una Elba Esther Gordillo detrás de las rejas, como sí estuvieron Raúl Salinas y “La Quina”. La reforma al artículo 3ero. de la Constitución anunciada el lunes, obliga a una evaluación real del nivel de los maestros y le quita al SNTE el poder para designar y vender las plazas magisteriales. Es un verdadero misil debajo de la línea de flotación del poder que ejerce la maestra Elba Esther Gordillo. Los especialistas aseguran que es el principio del fin de su cacicazgo, porque su poder está basado en la manipulación de plazas y la opacidad del rendimiento magisterial.
Gordillo puede retirarse a una jubilación de oro o puede dar la batalla mediante la movilización de magisterio y el paro de clases. Pero estaría jugando con fuego y corriendo el riesgo de acabar, efectivamente, en la cárcel (motivos no faltarían si quieren buscarle).
Con Televisa es otro el tema. Como señalaba el martes Casa de Citas de está página, el Presidente quiere pasarle el mensaje de que el Poder, con p mayúscula, no se comparte. El anuncio de la tercera y cuarta cadena y la designación de Eduardo Sánchez, ex asesor jurídico de MVS, como subsecretario de Normatividad (medios de comunicación) en Gobernación es una clara señal. Televisa seguirá siendo aliado, sin duda, y mantendrá algunos de sus privilegios, pero siempre y cuando se subordine a una estrategia de largo plazo en la relación entre los otros poderes fácticos y las necesidades del conjunto.
Los gobernadores serán objeto de un tratamiento similar. Exabruptos como el de Mario Marín en Puebla o Ulises Ruiz en Oaxaca son inadmisibles por disfuncionales. Resultan inconvenientes incluso para el propio PRI que perdió las elecciones en ambas entidades. Es el momento de cortar algunas esquinas al poder feudal que han amasado los gobernadores. De otra manera, el Presidente no podrá asegurar la aplicación en todo el territorio de algunos puntos de su pacto político (transparencia de recursos, código penal único, etc.).
La pregunta que todos los mandatarios estatales se hacen es ¿a quién le tocará el primer coscorrón aleccionador? Mis candidatos son Javier Duarte en Veracruz o Roberto Borge en Quintana Roo. Los excesos e irresponsabilidades de ambos satisfacen con creces cualquier expediente negro. Pero también es cierto que al saberse en falta se han convertido en los más fervientes peñanietistas de las últimas semanas. Veremos.
Por último, me parece que cualquier negociación con los cárteles de la droga pasa primero por una subordinación de los gobernadores frente al ejecutivo federal. Las condiciones son favorables porque los propios capos están fatigados de su interminable lucha, de andar a salto de mata y de tener que disputar día a día el control de sus propias plazas. Pero tendrán que seguirlo haciendo mientras no haya un garante de acuerdos capaz de delimitar comarcas y mercados. Y eso no será posible si los gobernadores y procuradores estatales pueden ser doblados por los capos locales.
En resumen, no creo que sobrevenga un “quinazo” histórico, pero sí un rosario de “estate quietos” a distintos polos del poder actual. Tampoco creo que todo esto redunde en una transferencia de recursos y poder al resto de la sociedad, pero sí podrían desatorarse algunos frenos que impiden el crecimiento. Y eso serían buenas noticias para todos, a pesar de los coscorrones.
@jorgezepedap
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