Con su acuerdo de las primeras horas del año nuevo, el Senado de Estados Unidos no sólo pondrá a salvo a ese país, si se completa el trámite legislativo en la Cámara de Representantes, del llamado precipicio fiscal. También alejará al mundo, y en especial a México, de los peores impactos de una recesión prolongada en la economía, de la que depende el dinamismo o el estancamiento mexicano en comercio, inversión y generación de empleos.
Además, una vez despejado el peligro que desde el exterior ha amenazado estas semanas las expectativas mexicanas de recuperación de la economía y del ánimo nacional, nuestro país podría concentrarse en la reanudación de su programa de reformas interrumpido hace casi dos décadas. Esto, a partir del también sorprendente Pacto por México logrado el último mes del año viejo por las principales fuerzas políticas nacionales.
Anunciado desde el mensaje de toma de posesión del presidente Peña Nieto, el ambicioso plan reformista en curso fue ampliado y refrendado unas horas después con el acuerdo de los principales partidos con el nuevo gobierno y enriquecido a lo largo de diciembre con las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil en la concreción de la primera de esas reformas: la educativa.
Perdedores de allá y de acá
Pero a diferencia de EU, en donde a nadie se le ocurre que los perdedores en el acuerdo de año nuevo del Senado: los ricos, que absorberán la mayor carga fiscal, se lancen a la calle contra la legislación convenida. En México, al contrario, estamos a unos días de que se rompa la tregua de año nuevo por parte de los perdedores de la reforma educativa: los aparatos sindicales —juntos, los dominantes y los disidentes— que habían privatizado la gestión de la educación pública y ahora se resisten a su rescate por parte del Estado.
El desafío que ahora lanzan de manera concertada el grupo dominante y el grupo disidente del sindicato magisterial se dirige contra el más amplio acuerdo nacional alcanzado en décadas por la pluralidad de los partidos políticos mexicanos, con un consenso también sin precedentes de la sociedad civil. Y ello pone en evidencia hasta qué punto un poder fáctico se siente en México con la fuerza y la capacidad para retar una decisión mayoritaria procesada por los poderes constitucionales.
Y pone también en evidencia lo que está en juego en este trance: si los poderes constituidos ceden ante esta primera prueba que enfrenta la primera gran reforma surgida del Pacto por México, no sólo estaríamos ante una primera violación de la expectativas sembradas en el primer mes del nuevo gobierno, sino que se reducirían de manera drástica las esperanzas de avance de las demás reformas.
Deseo de año nuevo
Por eso es que, por aparatosas e incluso violentas que pudieran resultar las movilizaciones del grupo de presión en que se han convertido los líderes magisteriales contra las decisiones del Estado y la mayor parte de la sociedad, parece impensable sostener siquiera la duda sobre una posible marcha atrás del gobierno y los partidos aliados. Más probable parecería, por ello, una movilización general de la opinión pública contra los grupos de poder que se aprestan a prolongar el dominio de hecho que han ejercido en las funciones educativas públicas.
Y aquí, de nuevo, la comparación con Estados Unidos. Los perdedores de allá con el acuerdo fiscal asumen costos y controlan daños. Los de aquí, con el acuerdo educativo, buscan quedar al margen del pacto social: erigirse en excepción a las reglas consensuadas, a través de forzar la postergación indefinida de su cumplimiento, como lo han logrado en los últimos lustros. Pero la pluralidad nacional cohesionada en este Pacto por México podría estar apuntando, esta vez, a sostener las decisiones públicas sobre las redes de intereses privados y de grupos de poder que han frenado el avance del país en los últimos años. Y ojalá esto no se quede en un buen propósito de este año nuevo.
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