Carmen Aristegui - En un año.

Cuando empiece a correr diciembre de 2013, se habrá cumplido el primer plazo establecido por Enrique Peña Nieto para poder evaluar el alcance de las acciones de su gobierno en materia de crimen y violencia.

En un año, a partir del inicio de su gobierno, se podrá contar con un primer balance sobre los resultados de su estrategia para enfrentar al crimen organizado y hacer "cortes de cómo vamos en esta estrategia", dijo al concluir su visita a Roma.

Por lo pronto, en los primeros 100 días de gobierno, la dinámica del sexenio anterior continúa prevaleciendo. El volumen de ejecuciones y violencia en el país se mantiene al mismo ritmo que los años anteriores.

El semanario Zeta de Tijuana -que llevó, puntualmente, el conteo de las ejecuciones en el sexenio pasado- confrontó, nuevamente, los informes del Sistema Nacional de Información, con los de las Procuradurías y Secretarías de Seguridad estatales y otras fuentes. El estudio arrojó el primer dato duro del sexenio: el número de ejecuciones relacionadas con el tema del crimen organizado ("ejecuciones", "enfrentamientos", "homicidios-agresiones" y "ajustes de cuentas") alcanzó en el primer trimestre la cifra de 4 mil 549 muertes en contextos de violencia extrema.



El análisis de las cifras que hace Zeta destaca otro dato preocupante: la nueva administración muestra mayor reticencia que la anterior para mostrar información. El desfase entre lo que informan las Procuradurías estatales y lo que ofrece el sistema informativo federal es todavía más acentuado que en revisiones anteriores.

En el caso de Baja California, por ejemplo, el registro estatal es de 59 ejecuciones, mientras que el sistema federal sólo da cuenta de 15.

Se requiere una explicación de por qué el Sistema Nacional de Información reporta menos homicidios que las Procuradurías. Sería bueno no tener que esperar un año para saberlo.

Si el gobierno de Peña Nieto no instrumenta, con rapidez y eficacia, una estrategia de combate al crimen, reducción de violencia, abatimiento de la impunidad y recomposición del tejido social con respeto pleno a los derechos humanos, podríamos tener como escenario la continuación de lo que Zeta ha llamado "la hecatombe" del sexenio pasado. Con la metodología del semanario, hoy podemos tener un acercamiento al tamaño de la catástrofe. En seis años: 83 mil ejecuciones.

Hay disponibles otros insumos de información que vienen de fuera. A principios de semana se presentó el primer estudio sobre México realizado por
International Crisis Group (ICG) -una Organización No Gubernamental, con financiamiento mixto, creada en 1995 y dirigida para la resolución y prevención de conflictos armados internacionales y quien decidió incorporar a México en el universo de conflictos observados a nivel internacional. Actualmente ICG monitorea más de 60 conflictos internacionales.

En su reporte: "El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el estado de derecho en México" señala que si bien México es la decimocuarta economía a nivel mundial, también presenta uno de los peores casos de violencia registrados a escala global.

Establece dos ejes para lo que denomina como el "desafío titánico que México enfrenta": primero, el terreno de presión para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y, segundo, el imperativo para reducir los homicidios, secuestros, extorsiones y demás crímenes asociados ahora también a los cárteles de las drogas.

El punto de partida para reconocer la realidad mexicana y delinear una estrategia para resolverla parte del reconocimiento de "...la existencia de grupos delictivos sin ideología que, sin embargo, son capaces de controlar algunas áreas y desplegar grupos militarizados". La actividad de estos grupos ha trascendido al tráfico de drogas y se han diversificado y fortalecido de tal manera que pueden enfrentar a las Fuerzas Armadas con sus propios grupos armados.

Peña Nieto y su gobierno tienen un desafío monumental. Trasciende al propio territorio mexicano. Centroamérica, por ejemplo, ha sido impactada enormemente en los últimos años. Hace un lustro, en la ruta de la cocaína, ahí se almacenaba el 20% antes de llegar a EU. Hoy el 80% se almacena en la zona y luego es enviado a México a través de "trabajo esclavo" de migrantes, sobre todo hondureño y guatemalteco.

Tiene frente a sí la responsabilidad de contestar y resolver preguntas como las que se formularon los presentadores del informe de ICG: "¿Cómo un país que es la 14 economía del mundo y tiene una sociedad sofisticada convive con una violencia tan severa?".

Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/693/1385882/default.shtm