Carpinteyro - La reforma imposible

Ya pasaban las seis de la tarde de ese jueves 21 de marzo, y los diputados continuaban con una interminable sesión desahogando la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo o resoluciones que jamás habrían visto la luz, de no ser porque todos aguardaban el comienzo del debate para aprobar o desechar la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones.

Pese a que la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados por el Ejecutivo y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI y Verde Ecologista el 11 de marzo había sido aprobada sin modificaciones por la Comisión de Puntos Constitucionales en apenas 72 horas, algunos miembros anunciaron su intención de presentar reservas en la sesión plenaria. Las alarmas entre los signatarios del Pacto por México se encendieron, sabedores de que abrir la puerta a modificaciones exponía la reforma al riesgo de que los poderes fácticos lograran impulsar cambios regresivos que fueran inaceptables, consiguiendo sabotear la aprobación de reformas indispensables para el desarrollo de México, pero contrarias a los privilegios de los que ha gozado un puñado de grupos privados por décadas, si no es que lustros.



Tal como se auguraba, tan pronto comenzaron a surgir las propuestas de modificaciones a la iniciativa por parte de miembros de los mismos partidos suscriptores del Pacto, se introdujeron iniciativas de modificaciones, una en lo particular que claramente iba dirigida a contrarrestar la posibilidad de acción de un competidor del grupo dominante en televisión.

El pretendido cambio equivalía a someterse a los deseos de uno de los poderes a los que justamente se pensaba regular; y aunque era un sinsentido, que fue exhibido públicamente para elevar el costo político de sus impulsores, estuvo próximo a detonar el quiebre de las negociaciones, y por tanto, de la presentación de la iniciativa ante el Pleno de la Cámara para su aprobación, que por tratarse de reformas constitucionales requería de dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

En la tarde noche del 21 de marzo, prácticamente los 500 diputados esperaban resignados, sabedores de que su espera podría resultar en vano si a última hora la mesa directiva de la Cámara decidía no presentar el dictamen de iniciativa para aprobación, posponiéndolo hasta pasada la semana santa o hasta nunca. Entretanto, no faltaron quienes se congratulaban por esa posibilidad. Algunos sin conciencia de que su oposición solo apoyaría la posición de los poderes fácticos contra los que tanto han peleado -por lo menos en discurso-; y otros, porque simplemente respondían a esos poderes que astutamente optaron por aplaudir la reforma en lo público y operar para boicotearla en privado.

Pese a todo, 17 horas después de iniciada la sesión, los reformistas ganaron la primera batalla y la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada en lo general y en lo particular por 414 votos a favor, 50 en contra y ocho abstenciones, para ser turnada al Senado.

Así, la segunda batalla se libra ahora al interior de la Cámara alta, en cuyo recinto se encuentran opositores, como su presidente, el senador Ernesto Cordero, quien hábilmente consiguió la aquiescencia de la Mesa Directiva para que, pese a violentar lo dispuesto por el artículo 178 del Reglamento del Senado -que limita la dictaminación a un máximo de dos Comisiones adicionales a la de Estudios Legislativos-, la iniciativa fuese turnada a cuatro Comisiones y dos más para opinión.

Y es que las dos Comisiones a las que se debía turnar para dictamen la iniciativa, la de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos, son presididas por los senadores del PRI Raúl Cervantes y Graciela Ortiz, respectivamente. Así que por vanidad o por abierta oposición, los coordinadores del PAN y PRD no podían permitirse el no ser protagonistas o la posibilidad de sabotear las reformas, y coincidieron en sumar el dictamen de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, presidida por la senadora perredista Alejandra Barrales, y de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el senador Javier Lozano, detractor público del Pacto y de las reformas de telecomunicaciones, como se lo ha hecho saber a la audiencia de Televisa, a través de sus recientes y constantes apariciones en los noticieros del Canal de las Estrellas, confirmando que para sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla no hay precampaña mejor que la de aliarse con la televisión.

Pero una golondrina no hace verano (en este caso, invierno). Esperemos que como dijo el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, acrediten que el Senado puede resolver su obligación de legislar de manera responsable, reconociendo que lo hasta ahora logrado hace seis meses se hubiera calificado como la reforma imposible.


Fuente: Reforma 4-04-13