Sí, prueba de fuego. La estrategia del gobierno federal ha sido, hasta la fecha, bajar el tono y la importancia de los hechos violentos. No se habla de "guerra" ni se publicitan las detenciones de los capos. Por ello la percepción de la violencia debería decrecer. La agenda de México es diversa y compleja, se repite.
Sí, eso se podía pensar hasta que la terca realidad dijera otra cosa. Y lo dijo: Michoacán está en llamas y no es posible poner una mampara ni solicitar un año para evaluar los primeros resultados de la nueva estrategia. Simplemente no hay forma. Los caminos de Michoacán se han vuelto intransitables y las poblaciones no dan para más.
La complejidad y urgencia son evidentes. Fue en Michoacán, a principios de diciembre de 2006, que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado. No se trataba de cualquier entidad. Era el terruño del presidente de la República y el primer estado donde la Federación, a través de las Fuerzas Armadas, impondría el orden y recuperaría un territorio asediado y atemorizado por el crimen organizado.
Nadie lo ha olvidado. Las primeras cabezas, de la ola de decapitaciones que vendría posteriormente, aparecieron en Uruapan a finales de 2006. Fue la presentación pública de La Familia. Dos años después estallaría un par de granadas, el 15 de septiembre, en el zócalo de Morelia y otros dos años más tarde se registraría un enfrentamiento de 48 horas en Apatzingán entre la Policía Federal y los sicarios.
Hacia 2010, el gobierno federal se apuntó, al menos así lo dijo, dos victorias. La primera fue la muerte de Nazario Gómez Moreno, alias El más Loco, fundador y máximo líder de La Familia. Sin embargo, en 2012 aparecieron una serie de documentos y evidencias que hicieron sospechar que El más Loco se encontraba con vida y seguía operando.
En 2011, las autoridades persiguieron sistemáticamente a Servando Martínez, alias La Tuta, que había conformado y encabezaba Los Caballeros Templarios. La nueva organización era consecuencia del desmembramiento de La Familia, después de la muerte de El más Loco. Parecía entonces que el gobierno federal asestaba golpes fulminantes al crimen organizado.
Pero la terca realidad sigue allí. Los Caballeros Templarios continúan delinquiendo y su fuerza no ha disminuido. Las carreteras de Michoacán, particularmente en Tierra Caliente, son intransitables y hay poblaciones que se encuentran bajo sitio. Los criminales imponen su ley a sangre y fuego.
El caso más dramático es el poblado de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, colindante con los estados de Jalisco y Colima. El desabasto de comida y gasolina ha producido el cierre de comercios y los habitantes se encuentran desesperados. Los Templarios los tienen cercados y nadie se atreve a entrar en esa región so pena de sufrir las consecuencias.
En respuesta, los habitantes de La Ruana han decidido armarse, creando un grupo de autodefensa, para resistir el asedio de Los Templarios (Milenio, 7/V/13). Las autoridades federales y locales han condenado el hecho y se han esparcido rumores que un cártel opuesto a Los Templarios los está armando y subvencionando.
Pero el hecho es que, hasta la fecha, ni la Policía Federal ni la estatal ni el Ejército, para no hablar de los municipales, se han hecho presentes para romper el sitio e imponer orden. La situación es tan grave que a La Ruana no llegan productos Bimbo ni pipas de Pemex ni apoyos de Sedesol. Amén que la producción de Limón, propia de la zona, se está pudriendo porque no se puede cosechar ni embarcar.
Lo que está pasando en Michoacán, particularmente en La Ruana, es el ejemplo perfecto de la lección que dejó el sexenio de Felipe Calderón: no todos los cárteles son iguales y hay unos que son más peligrosos y violentos que otros. La labor del Estado, como responsable de la seguridad, debe ser, en primer lugar, eliminar ese tipo de prácticas y amenazas.
La Ruana, por lo demás, pone en cuestión uno de los ejes fundamentales de la nueva estrategia del gobierno federal. Los programas de prevención del delito, se ha dicho, pretenden atacar las raíces y causas de la proliferación de la violencia. Más escuelas, parques, educación y oportunidades redundarán, tarde o temprano, en una reducción de la delincuencia.
El problema es, y no solamente en Michoacán, que ciudadanos indefensos se enfrentan a cárteles que los expolian regularmente. El derecho de piso, la extorsión y el secuestro se vuelven prácticas habituales, que incluyen el trabajo obligatorio o la cesión de tierras para la siembra de enervantes. Y todo eso aderezado con una sentencia elemental: o te sometes o te mueres.
Este tipo de violencia no es la que se ha definido como objetivo principal de los programas de prevención del delito. No se trata de jóvenes que se enrolan por falta de oportunidades en un cártel para combatir a otro.
No, se trata de jóvenes, y no tan jóvenes, que obtienen un beneficio directo de someter y aterrorizar a la población indefensa. En Michoacán son los Templarios, pero en otras regiones tienen otros santos y señas. Suponer que los programas de prevención del delito solucionarán el problema es, por decir lo menos, ingenuo.
Sobre todo, porque los ciudadanos que sufren la violencia y todo tipo de atropellos, que incluyen la muerte propia o de seres cercanos, no están para escuchar el sermón de La Montaña.
El gobierno federal tiene en Michoacán la primera, pero no la única, batalla que ganar. Fácil no será. Calderón la perdió. Así que debería empezar por reconocer la naturaleza y urgencia del problema.
Leído en http://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/jaime-sanchez-susarrey-prueba-de-fuego,7856a9bd4f7be310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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