Hace ya varias semanas se había dicho que Michoacán sería el inicio de la aplicación de la nueva estrategia del presidente Peña en el ámbito de la seguridad. Quién sabe qué sucedió, pero lo cierto es que no hubo movimientos importantes en el estado, entre otras razones, porque ello se cruzó con una crisis institucional derivada de la enfermedad del gobernador Fausto Vallejo. La única razón de las reiteradas licencias del gobernador, un hombre que evidentemente está enfermo, en lugar de recurrir a su renuncia, es que, dadas las circunstancias y tiempos, si se diera esa renuncia se podría tener que convocar a nuevas elecciones estatales que alimentarían, probablemente, la caótica situación existente.
Lo cierto es que con gobernador electo o interino, el estado vive una situación de profunda ingobernabilidad. Algo que, además, no es nuevo: la crisis de seguridad en Michoacán comenzó en 2004, cuando aparece oficialmente el cártel de La Familia. Estos (como Los Zetas con los que en alguna época fueron socios, antes de convertirse en adversarios) eran un cártel atípico, diferente a lo que se había conocido hasta entonces: hiperviolento, pero presentándose como una alternativa para defender a los michoacanos; usando un lenguaje entre seudorreligioso y al mismo tiempo de seudoguerrilero. La Familia, que años después se dividió entre ese grupo y Los Caballeros Templarios, generaron una ola de violencia que creció geométricamente con la lucha que allí libran muchos grupos. Ahí están La Familia y Los Caballeros, y en un movimiento constante de alianzas y traiciones, El Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas , Los Beltrán y muchos grupos menores.
La violencia del crimen organizado y su evolución, hasta convertirse en una suerte de poder dual en muchos territorios michoacanos, se puede ver con absoluta claridad en lo que sucede en La Ruana y en el municipio de Buenavista Tomatlán. Las comunidades cercadas, chantajeadas, sin alimentos, sin gasolina, los productores amenazados sin poder sacar su producción, grupos de autodefensa que tienen relaciones según las autoridades con unos grupos criminales que a su vez se enfrentan con sus rivales en forma abierta. De todo hay en la zona, menos una mínima presencia del Estado de derecho.
Pero si la crisis de seguridad se arrastra desde hace años, la de los normalistas rurales y el magisterio de la sección 18, siendo un problema también endémico, ha exhibido en las últimas semanas un crecimiento que altera la gobernabilidad en forma evidente. El gobierno estatal parece paralizado ante la suma de barbaridades que cometen estos grupos. El nuevo secretario de Seguridad Pública, el general Reyes Vaca, dijo que una de sus primeras medidas será la dignificación de las policías. Y está muy bien, pero será imposible hacerlo mientras se siga tolerando que cuatro policías (otros dos fueron liberados en el transcurso de la semana) estén secuestrados desde hace diez días por un grupo de supuestos normalistas y no pase nada, encerrados en una comunidad (secuestrada a su vez por los activistas) donde además están retenidos poco más de 60 camiones de carga, de pasajeros, vehículos oficiales y hasta patrullas de la policía. La última toma de camiones llevó a las autoridades al ridículo: los activistas se metieron a la terminal de Zamora, bajaron a los pasajeros y se llevaron los autobuses sin que nadie hiciera nada.
No se puede negociar un secuestro masivo. Un gobierno no puede estar tan atado de manos. La nueva estrategia dicen que se anunciará el martes, cuando haya una reunión en Morelia del gabinete nacional de seguridad. Dicen, también, que será algo similar a lo que se hizo hace años en Ciudad Juárez (pero a un nivel mucho más amplio y en condiciones, habrá que agregar, mucho más difíciles) donde, en los hechos, hubo una intervención del gobierno federal en toda la línea. Pero no será sencillo hacerlo en Michoacán, donde el poder de las autoridades estatales parece tan débil como desdibujado. Decíamos hace ya varias semanas que Michoacán fue una plaza en la que no tuvo éxito (creo que tampoco lo buscó) el presidente Fox; en la que el presidente Calderón hizo una altísima inversión en términos políticas y de seguridad sin demasiado éxito. Ahora será el momento y el desafío que deberá asumir el presidente Peña.
Fuente: Excelsior
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