Una nueva reforma política “definitiva” se aproxima para ser discutida en el Congreso y producir los nuevos lineamientos para organizar, regular y sancionar las competencias político-electorales en el país.
La clase política y el Congreso harán el recuento de las irregularidades, de las prácticas permitidas y no permitidas que generaron más conflictos, enconos e impugnaciones durante las contiendas por el poder en los comicios más recientes.
Se dirá que, con estas modificaciones a la ley, no volverán a ocurrir las cosas que sí ocurrieron en la elección anterior.
Se rediseñarán los mecanismos de competencia; se abrirán algunas puertas, se cerrarán algunas ventanas y, como es previsible, se volverán a dejar las suficientes rendijas para volver a empezar.
La habilidad e imaginación para sortear leyes y prohibiciones y tomar ventajas indebidas frente a los demás competidores en las disputas por el poder desde la vía electoral ha sido el nombre del juego y la condición previa a múltiples reformas que se han cocinado en el país por ya un buen número de años.
La notable evolución en leyes y preceptos modernizadores de los últimos años es innegable. De los tiempos en que ser oposición estaba proscrito y podía significar cárcel o hasta la muerte, a los tiempos de hoy en que se discute cómo reglamentar las candidaturas independientes o si es deseable una segunda vuelta para la elección presidencial, han pasado muchas reformas. A pesar de ello, nadie puede decirse satisfecho –ni en lo federal ni en lo estatal– sobre las condiciones actuales para la contienda.
Fraudes y marrullerías se han sofisticado en algunos casos. El “Monexgate” marcó un grave precedente –no sancionado– del levantamiento de una estructura paralela para la obtención y dispersión de recursos millonarios –de origen desconocido– que fueron triangulados y ocultados a través de empresas fachada, con prestanombres y triangulaciones, desde la cual se impulsó la candidatura presidencial del PRI.
Otros mecanismos perversos se mantienen intactos como si nada hubiera pasado desde los tiempos más viejos de la política. A la vista, el “Caso Veracruz”.
Será interesante ver cómo se resuelve la tensión que ha generado la maquinaria del “Pacto por México”, con quienes tienen la representación formal para formular y aprobar leyes.
Con motivo del escándalo por la utilización de los programas sociales para favorecer ilegalmente las campañas veracruzanas se adelantaron los tiempos para impulsar una nueva reforma política. Quedó eso como una de las condiciones del PAN y PRD para no pararse de la mesa. Sin embargo, la disputa de liderazgos dentro de los propios partidos y la defensa del Congreso de su papel y representatividad han hecho que los grupos parlamentarios de estos dos partidos anuncien que –independientemente de la propuesta de consenso que se anticipa del Pacto– ellos impulsarán su propia agenda para una reforma política.
Han adelantado que contendrá 30 puntos. Es de esperarse que varios sean coincidentes con los que planteen los del Pacto por México, si es que no se pliegan a la propuesta que ahora procedería desde el Congreso.
Varios de los puntos apuntan a sancionar algunas de las prácticas de abuso más ostensibles que se dieron durante los comicios pasados.
La propuesta bipartidista plantea: la pérdida de la candidatura y registro por rebasar topes de campaña; la revocación de concesiones en radio y televisión a quien intervenga ilegalmente en las campañas; sanciones penales por propaganda o publicidad encubierta; fiscalización anticipada y durante las campañas de candidatos y partidos en competencia; sanciones graves y nuevas tipificaciones ante la compra y coacción del voto, etcétera.
Se propone, también, la segunda vuelta para elecciones presidenciales, reelección de legisladores y eliminación del fuero presidencial.
Los senadores, panistas y perredistas, les madrugaron a los firmantes del Pacto –o por lo menos eso parece– y adelantaron que buscarán también una fiscalía anticorrupción y una Fepade independiente.
El PAN, por su parte, ha lanzado la idea de crear un organismo electoral centralizado para llevar a cabo las tareas de organización de todas las elecciones en el país, habida cuenta de la crisis de autonomía y desempeño de los órganos electorales en el país. Muchos pros y otros tantos contras tiene la idea.
Independientemente de quién lleve a batuta o la iniciativa, lo que está en claro es que está en ciernes una nueva reforma electoral.
Fuente: Reforma
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