En tiempo y forma, la temporada de la guerra sucia política comenzó. Está desatada en Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, los grandes campos de batalla de laselecciones el 7 de julio, donde los partidos juegan estrategias multifactoriales para ganar y aniquilar a sus adversarios. Han trabajado a sus clientelas y el voto duro, y buscado dividir a sus oponentes. Pero también han desarrollado tácticas de difamación y contrainformación en prensa y redes sociales, convirtiendo la guerra sucia en una extensión de sus organizaciones electorales.
Hoy en día en México no hay campaña electoral que se respete, que no cuente con un equipo que trabaje en las cañerías de la política. Contratan a sabuesos del internet para encontrar toda la basura posible que pueda administrarse en la lucha contra un oponente, y que rastreen errores y descuidos para confrontarlo con sus propios hechos y dichos. Tienen operadores que conocen las puertas que deben tocar para que esos materiales terminen en la prensa -que no suele verificar autenticidad u otorgar el derecho de réplica previo a su difusión-, y ciberguerrilleros que se encargan de diseminar mentiras y verdades vergonzosas en YouTube, la red social por excelencia para este tipo de trabajo, o diseminar masivamente el ataque mediante correos electrónicos.
También hay quienes, en la escuela construida durante el gobierno de Ernesto Zedillo, judicializan la política. El caso más notable es el de Aguascalientes, donde el procurador dio a conocer, a menos de dos semanas de la elección, una investigación que dijo viene desde septiembre, en contra del candidato del PAN y el PRD a la alcaldía de la capital, Jorge López, por presunto financiamiento de La Familia Michoacana. Aguascalientes es gobernado por el PRI, pero la oposición, en particular el PAN, ha visto la posibilidad de quitarle fuerza política y recuperar la gubernatura en 2016. El descontón, salvo un contrargumento sólido y persuasivo en sentido contrario, busca desbarrancarlos.
Un caso muy distinto es lo que se vive en Baja California, donde se pondrá en juego la única gubernatura de este lote de elecciones. Los candidatos se encontraban hace unos días en empate técnico, que tratan de romper con todo tipo de artimañas. La última, de estos días, cuando apareció en YouTube una grabación ilegal del coordinador de la campaña del candidato del PAN a la gubernatura, Francisco de la Vega, donde lo vinculan a un caso de pederastia con un menor de 15 años. Menos de una semana después, aterrizaron en la prensa documentos del Registro Público de la Propiedad de casas del candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, sugiriendo corrupción. Un pastelazo en la cara de una campaña, se respondió con otro pastelazo de sus adversarios. Quid pro quo con lodo.
Veracruz, tan competido como Baja California, no es menos salvaje. El neopanista Miguel Ángel Yunes difundió un video donde funcionarios veracruzanos y de la Secretaría de Desarrollo Social proponían utilizar programas sociales con fines electorales. Aunque no se conformó en un delito sí generó un conflicto político que tuvo escala nacional. La respuesta: una división en el PAN donde Yunes, que iba en el número uno de la lista plurinominal al Congreso local, fue enviado al octavo, con pocas posibilidades de ser legislador. La contraofensiva más dura estos días fue el incendio de vehículos en un municipio, supuestamente hecho por cárteles para demostrar la inseguridad, que resultó que eran policías adscritos a un ayuntamiento panista. La otra respuesta: reaparecieron documentos que presuntamente vinculan a Yunes con enriquecimiento inexplicable y pederastia.
En Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle sufrió una embestida por la construcción de obras públicas que son populares pero políticamente polémicas, para quitarle fuerza a su apoyo al candidato del PAN a laalcaldía de la capital, Antonio Gali, quien también fue acusado de corrupción. Manos oscuras con huellas tricolores publicaron un desplegado con una encuesta falsa que daba una clara mayoría al candidato del PRI, Enrique Agüera, a quien, a su vez, acusaron sus enemigos de tener propiedades en Miami con un valor superior al millón de dólares, insinuando actos de corrupción.
En Quintana Roo se desintegró el PRD y se disminuyeron sus posibilidades de victoria, y en Oaxaca, documentación cuestionable involucró al gobernador Gabino Cué en apoyos al PRI. En esta temporada de perros trabaja permanentemente una licuadora de verdades, verosimilitudes y difamaciones. No hay campaña que no escupa para arriba, sabedores que la calumnia perdura y daña en esta sociedad de enorme inteligencia emocional y poca racional. Es una política de asco y abusos desatados, que mientras no tenga una respuesta del electorado -mediante el abstencionismo-, difícilmente cambiará.
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