MÉXICO, D.F. (apro).- El Ejército mexicano y sus 500 generales están siendo exhibidos ante el mundo. Durante este año, decenas de soldados y oficiales han sido secuestrados por grupos de civiles armados y canjeados como prisioneros de una guerra perdida.
La última línea de defensa del Estado mexicano hace tiempo que demuestra su debilidad. Los agregados militares en México lo atestiguan y así lo reportan cada día a sus ejércitos. La vergüenza es mundial.
Agraviados, los militares sostienen que su actuación ha sido prudente para no desatar aún más la violencia. Una respuesta armada provocaría, en efecto, incontables muertes de civiles, lo que le traería todavía un descrédito mayor al Estado mexicano y su Ejército.
El escándalo internacional se centraría en un Ejército de por sí ya cuestionado por graves violaciones a los derechos humanos, ahora acompañado en esos delitos por los infantes de Marina impulsados en el anterior gobierno.
El Ejército mexicano ha sido el gran perdedor en la guerra a las drogas impulsada desde Estados Unidos, abrazada por Calderón en su orfandad presidencial y continuada por la indefinición de Enrique Peña Nieto.
Hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, las labores del Ejército contra el narcotráfico se limitaron a la erradicación de plantíos y a operativos específicos para la detención de algunos jefes del narco.
Fox los metió a la Procuraduría General de la República (PGR) al mando del general Rafael Macedo de la Concha, controlaron cada vez más las secretarías de seguridad pública estatales y 12 años después las medallas están ausentes. Incluso fueron desplazados por la Marina en la captura de capos cuando los marinos se convirtieron en los grandes colaboradores de las agencias estadunidenses.
La toma de rehenes militares en Michoacán y Guerrero puede reproducirse en otros estados donde el paramilitarismo es ya un hecho. El despliegue de soldados ya ni siquiera es un factor de disuasión para muchos de los civiles armados que hace tiempo les quitaron el monopolio legal de la fuerza.
La moral de los soldados mexicanos está tocada y sus generales parecen incólumes con sus altos sueldos. De los 500 generales, la mayoría son de escritorio o de terciopelo, según la queja de muchos uniformados. Son más generales que los del Ejército de Estados Unidos, la potencia militar mundial.
El combate al narcotráfico ha tenido un alto costo para los militares. Su imagen quedó severamente dañada cuando se supo que integrantes de fuerzas especiales entrenados por Estados Unidos se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo en la época de Osiel Cárdenas Guillén. La sangría ha continuado desde la tropa para seguir alimentando a los Zetas.
Otros han sido cooptados por el cártel de Sinaloa, como el batallón 65 con sede en Guamúchil que de plano fue desarticulado en el 2002 al conocerse que muchos de sus integrantes estaban vinculados al narcotráfico. La lista de militares acusados de delincuencia organizada es larga.
A decir de los resultados, el servicio de inteligencia militar no ha sido tomado en cuenta y como estrategia se continúa con el despliegue de militares.
La utilización política del Ejército y desde el sexenio pasado de la Marina ha devenido en un elevado costo en esas instituciones, al margen de las manifestaciones interesadas contra los militares.
El comandante en jefe del Ejército, Enrique Peña Nieto, y su alto mando, general Salvador Cienfuegos Zepeda han dejado ver que la Gendarmería Nacional propuesta para el próximo año sólo tendrá una fuerza de cinco mil militares; es decir, que en lugar de los grandes despliegues se concentrarán en determinados puntos para combatir al narcotráfico.
Pero aunque eso ocurra y, sobre todo, tenga resultados, la imagen de un Ejército derrotado por comunidades armadas ha quedado ya como uno de los resultados de la “guerra a las drogas” en México. Y eso que aún ni siquiera se habla del desarme de los grupos armados que proliferan en el país.
jcarrasco@proceso.com.mx
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