Cuando en noviembre pasado el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue liberado, la nota de Proceso que dio cuenta del fin del encarcelamiento que empezó en junio del 2011 consignó en la segunda línea que la liberación se dio “sin explicación alguna”. Esta semana conocimos esa “explicación”.
Con Carmen Aristegui, con Ciro Gómez Leyva y en una carta publicada ayer en Reforma, Salazar ha dado detalles sobre el acuerdo al que llegó con su verdugo, el entonces mandatario chiapaneco Juan Sabines.
Nadie tiene derecho, creo yo, a cuestionar la decisión de un hombre que, sometido durante más de 16 meses a un acoso inhumano, optó por pactar su libertad, y la de algunos compañeros, con quien trató de destruirlo física y moralmente.
La inquina de Sabines fue de tal magnitud que el propio Salazar recordó esta semana que la CNDH acumuló entre alrededor de 60 quejas de su caso, buena parte de ellas por las condiciones de maltrato durante la reclusión.
Reitero. En el plano de lo personal, quién es uno para cuestionar la decisión, humana y comprensible, de pactar el fin de un brutal acoso desde el poder mediante un acuerdo en el que, según ha relatado el propio Salazar, Sabines “lo único que me pidió es que yo no fuera a proceder judicialmente en su contra. Que yo no lo fuera a meter a la cárcel”.
Sin embargo, en este episodio que devalúa a la justicia mexicana y desnuda a nuestra política, el daño alcanza a Pablo Salazar. Porque no sale indemne de la trampa que le tendieron: es desde ya el político que pactó su libertad con Juan Sabines.
Salazar tiene razón en su carta cuando dice que le “queda claro que en toda negociación, ni las ganancias ni las pérdidas pertenecen a una sola de las partes”. En efecto, con el pacto él ha perdido margen de acción, autoridad política.
Sus dichos ahora estarán comprometidos. Pongamos este ejemplo. Salazar le dijo a Aristegui que “suponiendo que lo que se diga de Granier es todo cierto, con todo y eso quiero decirte que el ex gobernador Granier es un párvulo al lado de Sabines. Y no voy a decir más”. Ahí está el problema. Que ya no va a decir más y que sí debería, que está obligado —si se quiere dedicar a la política— a decir más sobre Sabines, a no solapar, en los hechos, a su antecesor.
Salazar debió retirarse de la política al salir de la cárcel. Así nadie tendría el derecho a reprocharle su pacto. Pero intentar regresar a la política, como lo anunció esta semana al sumarse al PRD, le hará blanco de cuestionamiento permanente: él fue parte de un arreglo extrajudicial cuando lo que está en pugna no es un asunto entre privados, sino graves temas públicos que impactaron a la población del estado más pobre de México.
Sabines le ganó a Salazar. Este de ahora en adelante siempre será el político que se abrazó a aquel para regresar a la vida pública. Si se fuera a su casa, la sombra de Sabines no le alcanzaría. Pero si sale a la tribuna, estará ahí, junto a él, en cualquier mitin o discurso. Es, en pocas palabras, coprotagonista de un pacto de impunidad. Eso es (o debería ser, incluso en México) incompatible con la función pública.
salvador.camarena@razon.mx
Twitter: @salcamarena
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