Lo que está en juego. En nuestro país coexisten dos modelos de organismos públicos encargados de proteger derechos. El mayoritario tiene como paradigma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que posee algunos aciertos y un grave problema: se pandea cuando enfrenta a los gobernantes. El modelo minoritario está perfectamente representado por la CDHDF. Se caracteriza por encontrar dentro de su mandato la manera de acompañar a las víctimas y a los organismos civiles. También se caracteriza por la defensa de su autonomía y la excelencia en las investigaciones.
A Luis González Placencia le critican ahora que no cabildeó adecuada o suficientemente a los asambleístas para mantener el cargo, que tuvo tal o cual omisión o error. Es posible que así fuera, pero no podemos regatearle que se la jugó con casos incómodos y polémicos y salió bien librado; dos ejemplos serían las recomendaciones sobre la Supervía o sobre las acciones violentas del primero de diciembre de 2012. No sorprende la animadversión que provoca en diferentes grupos de poder.
Esa gestión explica el notable apoyo que recibió al buscar la reelección. Lo respaldaron centenares de organismos civiles, entre ellos los representativos y emblemáticos; escribieron cartas a su favor personajes plurales y con un historial de compromiso (María Elena Morera, Alejandro Solalinde, José Woldenberg, entre otros); y una porción representativa de la comunidad internacional resumió su sentir en los tres elogios lanzados por la embajadora de Francia, Elisabeth Beton-Delegue, al trabajo de González Placencia: fortaleció la "autonomía, imparcialidad y profesionalismo" de la CDHDF.
Las malas noticias. Para reelegirlo se necesitaban dos terceras partes de los votos, pero encontró la oposición de poco más de un tercio de asambleístas. En las democracias no se dan las unanimidades y son deseables las voces en contra. Lo sorpresivo estuvo en la pobreza argumentativa y en la ausencia de evidencia de quienes le cerraron el paso. Un medio digital publicó un par de textos amarillentos y parciales. La fracción ebrardista en la Asamblea no explicó en público su anuncio privado de que votaría en contra. El mismo silencio que mostró el ebrardismo al negarse a aceptar la recomendación de la CDHDF sobre la Supervía, una herida urbanística que seguirá dando de qué hablar.
El panista Federico Döring Casar justificó el rechazo en el favoritismo hacia grupos radicales y a sus omisiones en el caso Góngora; el priista Tonatiuh González -secundado por sus escuderos del Verde- también sostuvo que González Placencia había defendido a vándalos y se había preocupado "más por estar en otros estados de la República", mientras que otro diputado del tricolor, Jaime Alberto Ochoa Amorós, lo acusó de "parcialidad, servilismo e ineficacia". Adjetivos sonoros que disimulan la vacuidad tras la canallada.
Las buenas noticias. La más obvia es que casi dos terceras partes de asambleístas estaba por la reelección de González Placencia lo cual es un sólido indicador de la aceptación del modelo de la CDHDF. Hay, por supuesto, el riesgo de que se "tribalice" una elección que deberá concluir el 31 de octubre (ese fue el destino del InfoDF y el Instituto Electoral del DF, espacios donde ya ondean los estandartes tribales).
La tentación será grande porque el presupuesto superior a los 300 millones de pesos es un apetitoso botín para los caciques de tribus sedientas de chambas para sus huestes y parientes. También hay el riesgo de que nombren a un personaje mansito y moldeable para meter a la capital en la lógica de la mayor parte de las comisiones de derechos humanos. Nubarrones de ineptitud sobrevuelan, como zopilotes, sobre la CDHDF y es posible que se cumpla la maldición anunciada por Ernesto López Portillo: en México la "autonomía política se paga con el cargo" ("Bofetada a los derechos humanos", El Universal, 2 de octubre de 2013).
Evitar ese desenlace depende de lo que haga la sociedad. Eso me lleva a hacer una puntualización indispensable. Si en el Distrito Federal hay tanto margen para las libertades se debe a la solidez del capital social positivo y no solamente al partido que gobierna. Si esto último fuera la variable explicativa, entonces los gobiernos perredistas en otras entidades tendrían los mismos avances.
Una expresión de esta fortaleza cívica y la mejor noticia es la decisión de Luis González Placencia de responder puntualmente a quienes lo descalificaron y de demandar al presunto periodista difamador. Si su versión aparece en octubre influirá en el debate sobre la elección del nuevo ombudsman y el modelo de Comisión de Derechos Humanos; tenemos que preservar ese patrimonio capitalino.
Leído en http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/921500.el-golpe.html
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