Después del sabotaje en Michoacán contra gasolinerías y 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, estamos obligados a preguntar: ¿qué o quiénes no quieren que Fausto Vallejo gobierne el estado?
Los atentados, perfectamente bien orquestados, que dejaron sin luz eléctrica a los principales municipios de la entidad se producen, extrañamente, unos cuantos días después de que Vallejo reasume el poder.
La delincuencia organizada puede no ser la única responsable de la violencia e inseguridad que hoy vive Michoacán. Hay una serie de actores —de distintos signos y de diferentes procedencias— que de una u otra manera están interesados en desestabilizar la entidad.
Digamos que los Caballeros Templarios, los Zetas, la Familia Michoacana yNueva Generación no están solos en la disputa por el poder, sino que, conjuntamente con ellos, hay otros intereses de claro tinte político que se aprovechan de la presencia de la delincuencia, que incluso la usan, para debilitar el gobierno del estado e intentar obtener beneficios político-electorales.
Recordemos que por el ajuste que se hizo al calendario electoral, Vallejo llegó para encabezar un periodo extraordinario de 3 años y 7 meses, mismo que terminará dentro de un año y 270 días.
Y recordemos también que el principal derrotado fue la hermana del entonces presidente Felipe Calderón, a quien Vallejo describió, con acierto, como una “mujer enferma del alma”, luego de que Luisa María Calderón, inspirada en su fuente favorita, el radiopasillo, acusó al hijo del gobernador de estar vinculado al narcotráfico.
La ausencia del mandatario por motivos de salud y la proximidad para renovar la gubernatura explican en gran medida que las ambiciones estén fuera de control y que esos grupos —tanto los delincuenciales como los políticos— prefieran tener a un gobernador constitucional enfermo, fuera de circulación, que a un gobernante exitoso, capaz de influir en la sucesión.
El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velásquez, publicó el 18 de octubre pasado una carta en la que hace una radiografía de la crimen organizado en Michoacán.
En ella habla de un Estado fallido, de la ausencia de ley y justicia, del miedo, y dice algo muy importante: “La presencia de las fuerzas federales no se ha traducido en la captura de los principales capos del crimen organizado”. Esto está provocando que la población, de un número cada vez mayor de municipios, tomen la decisión de autodefenderse.
Después de lo que sucedió el domingo en la madrugada, se tienen que tomar decisiones de fondo en Michoacán. Y esto no sólo implica capturar capos —como lo pide el obispo Patiño—, sino que el gobierno federal, el local y el Congreso nacional exijan a los principales actores políticos dejen de contribuir a desestabilizar el estado.
La fracción del PAN en el Senado, reflejo vivo del rencor político que sienten los calderonistas por haber sido derrotados en Michoacán, aun y cuando gobernaban el país; aun y cuando un michoacano estaba en la Presidencia de la República, y aun y cuando su hermana decía ser el favorito de los michoacanos, pidió, por segunda o tercera ocasión al Presidente de la República que solicite al Congreso la desaparición de poderes en el estado, como si eso fuera la solución y como si eso no contribuyera a ahondar más la descomposición política de la entidad.
Lo exigen irresponsablemente o tal vez con plena conciencia de que esa medida fortalecería el imperio del crimen.
Michoacán necesita, sin duda, de una solución integral o para decirlo con más precisión: de Estado. Dentro de una solución global y de fondo, Vallejo puede verse obligado a hacer cambios importantes en su gabinete. En tiempos de guerra hay que contar con verdaderos aliados, con políticos cuya única ambición sea devolver la paz a Michoacán.
El diputado del PRD Silvano Aureoles preguntó públicamente qué pueden hacer los legisladores federales para contribuir a la estabilidad. La respuesta es fácil: dejen a Vallejo gobernar.
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