La situación de Michoacán es compleja y no data de ayer. Pero será imposible avanzar en una solución si no se efectúa un diagnóstico correcto, y se identifican las principales causas del problema
Los ataques contra torres y subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad confirman el fracaso de la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en Michoacán.
Porque fue en ese estado donde Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y, hacia finales del sexenio, el entonces secretario de Gobernación anunció el desmembramiento de La Familia.
Pero los ataques contra la CFE y el sitio de poblaciones, como La Ruana y Buenavista Tomatlán, confirman algo peor: la inexistencia de una estrategia efectiva y consistente del gobierno de Peña Nieto para enfrentar al crimen organizado.
Los errores y contradicciones del gobierno federal se han multiplicado a lo largo de los 11 meses que lleva la nueva administración.
El primero, haber replegado, al inicio de año, a la Policía Federal de la zona de Tierra Caliente, dominada por Los Caballeros Templarios.
El segundo, las posiciones encontradas ante el surgimiento de las autodefensas en municipios como La Ruana y Buenavista Tomatlán.
Mientras el secretario de Gobernación, después de muchos titubeos, reconocía públicamente que no había ningún indicio sólido de vínculos entre las autodefensas y el crimen organizado, el presidente de la República condenaba este tipo de organizaciones y advertía que no serían toleradas por el Estado (Primer Informe de Gobierno).
Frente a las inconsistencias del gobierno federal, el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, ha tenido la valentía de poner los puntos sobre las íes:
"Son ya seis municipios que, al ver a sus gobiernos municipales vendidos con el crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal para restablecer el Estado de derecho, han tomado la determinación de organizarse para autodefenderse. En estos municipios se expulsaron a los miembros del crimen organizado, con lo que se acabaron las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones. Pero ahora son agredidos constantemente por los Caballeros Templarios, que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultándoles la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras que se encuentran en esos municipios".
La situación de Michoacán es extremadamente compleja y no data de ayer. Pero será imposible avanzar en una solución si no se efectúa un diagnóstico correcto, y se identifican las principales causas del problema.
De ahí que resulte paradójico y alarmante que, ante la confusión de las autoridades federales, sea la diócesis de Apatzingán quien presenta un diagnóstico preciso y acertado.
En el mismo documento, que es apoyado por el Episcopado Mexicano, se advierte:
"Han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo. En los últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el Ejército y los federales se vayan de Michoacán, y a los comisariados ejidales se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición. Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor de que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad".
Ante esta realidad, los ejes fundamentales del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada resultan verdaderamente irrisorios.
La "nueva estrategia" se funda en la coordinación de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-. Pero cómo sostener semejante lineamiento cuando los presidentes municipales están sometidos o coludidos con el crimen organizado, y se sospecha que lo mismo ocurre con las autoridades estatales.
Otro de los componentes, el principal, de la estrategia federal son las acciones de prevención del delito, mediante la implementación de políticas sociales -como la repartición de lentes a nivel nacional para combatir la deserción escolar.
Inútil señalar que dichas políticas ni siquiera son aplicables en las regiones de Michoacán que se encuentran ya bajo el control del crimen organizado. Y que los ciudadanos que han decidido oponer resistencia a los delincuentes necesitan cualquier cosa, menos gafas para combatir la deserción escolar.
Los habitantes que se han organizado en autodefensas están recurriendo al derecho a la legítima defensa que está consagrado en la Constitución y han demostrado, en los hechos, ser más efectivos que el gobierno federal.
De ahí que la primera responsabilidad del gobierno federal debería ser reconocer esta realidad y dejar de perseguir a las autodefensas con el argumento que portan armas de uso exclusivo del Ejército.
En esta cuestión, como en tantas otras, mucho ayuda el que no estorba. Porque la presencia de las Fuerzas Federales, como ya ocurrió el sexenio pasado, puede contener temporalmente al crimen organizado, pero no es una respuesta permanente.
La historia es bien conocida. Una vez que los federales se retiran, los criminales regresan y atacan a la población con mayor virulencia. Es por eso que el gobierno federal debería apoyar a las autodefensas y buscar -con lo que queda limpio del gobierno estatal- otorgarles un estatus legal.
Porque la evidencia no miente. El Estado, como un todo, ha perdido la capacidad de garantizar la seguridad de los michoacanos.
Pero esperar que el gobierno federal reaccione e impulse una estrategia distinta parece, más bien, un delirio guajiro. Audacia, innovación e inteligencia, no son sus sellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.