sábado, 2 de noviembre de 2013

Manuel Espino - Disidencia magisterial

La violencia política no cesa: instalaciones de Pemex, carreteras, congresos locales, oficinas gubernamentales, medios de comunicación y hasta centros comerciales han sido bloqueados por maestros que se oponen a la reforma educativa en diversas regiones del país.

Traspasando las claras fronteras del derecho a la libre manifestación, se han cometido delitos de manera organizada y coordinada en diversos estados y en la capital del país, engrosando un expediente de impunidad permitida por la inacción de autoridades de los tres órdenes de gobierno.




Lo más serio de esta situación es que han sido tomados como rehenes ciudadanos totalmente ajenos al conflicto —cuyos actores primordiales son los legisladores que votaron por la reforma y los propios maestros.

Niños que no reciben clases, automovilistas que se dirigen a trabajar y hasta personas que se encuentran realizando sus compras son cotidianamente despojados de su tiempo y del elemental derecho a circular con libertad.

La indignación ciudadana ha sido tan grande como la impasibilidad de muchos gobernantes: se ha dado el caso de que padres de familia se han opuesto a que los maestros disidentes eduquen a sus hijos o que comerciantes agredan a los profesores que se encuentran manifestándose, como pasó en el barrio de Tepito.

Preocupa ver que la mayoría de estas acciones de agresión a la ciudadanía ya no persiguen objetivos políticos legítimos. Es impensable que se echen abajo las leyes ya promulgadas o que el Congreso de la Unión se enfrasque en elaborar una contrarreforma.

Lo que ahora se busca, simple y llanamente, es consolidar a este movimiento como un aparato de nivel nacional dotándolo de estructura, personal y capacidad organizativa. Lo que en estos momentos estamos viendo los mexicanos va más allá de la reforma educativa y del movimiento magisterial, estamos simple y llanamente ante la creación de un vigoroso poder fáctico. Tal pareciera que se está instituyendo una casta, la del maestro disidente, a la cual no se aplicarían leyes que al común de los ciudadanos sí y se le darían prerrogativas económicas negadas a un trabajador honesto.

Esta situación no puede seguir creciendo, pues cada día que pasa es un desafío a la autoridad. La lógica de esperar a que el movimiento se desgaste ha sido superada, pues estos profesores cuentan con recursos para seguir adelante indefinidamente. Por ello, cada vez que un gobernante —estatal, municipal o federal— hace una concesión a este movimiento está alimentando una hiedra que amenaza al propio Estado mexicano.

www.Twitter.com/ManuelEspino
manuespino@hotmail.com

Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=201108

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