Hay códigos internacionales estandarizados para interceptar un avión que entra al espacio aéreo de una nación sin autorización.
Cuando eso sucede, los protocolos militares de cada nación se activan. Si no responde a las comunicaciones radiales para que se identifique, salga del espacio aéreo o aterrice, se envían aviones interceptores para obligarlo a aterrizar. Una o dos naves se colocan a su costado, ligeramente adelante de la punta y regularmente se ubica por el lado izquierdo quien encabeza la misión, para conducirlo –con la amenaza de si no obedece lo derriban en el aire- a una pista donde lo esperan autoridades que determinarán si incurría en un delito o estaba en situación de emergencia. Por eso, lo que sucedió con un avión mexicano obligado a aterrizar el lunes pasado en Venezuela, apesta.
Por la información aportada por el gobierno venezolano, se puede asumir que la primera parte del procedimiento se cumplió. Pero una vez en tierra, empiezan las sospechas. La cancillería venezolana dijo que los tripulantes y pasajeros del avión privado mexicano se habían escapado, una vez que aterrizaron en una pista en la región de Apura, en la sabana cerca de la frontera con Colombia, conocida porque los cárteles colombianos llevan a esa zona sus cargamentos de cocaína para embarcarse en vuelos hacia Centroamérica, donde los recogen los cárteles mexicanos para enviarlos a Estados Unidos por mar o tierra.
La ubicación donde se dio el incidente es una zona muy vigilada por el Ejército venezolano, tanto por el tema del narcotráfico, como por los problemas con Colombia. Es inaceptable la versión venezolana de que se escaparon porque en ese tipo de operaciones de intercepción no se fuerza a aterrizar en cualquier lado, sino en una zona controlada por las autoridades. No tuvo el gobierno mexicano oportunidad de enviar peritos para revisar la nave, pues tan pronto estaba en tierra, la destruyeron con un misil. Para que no hubiera duda, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Vladimir Padrino López, dio a conocer el incidente a través de su cuenta en Twitter, en la cual incluyó fotografías de la nave incendiada. Punto final.
¿Por qué el vacío de información sobre porqué no hay registro de autoridades venezolanas en la pista donde aterrizó? ¿Por qué no hay información de lo que iba en el avión? ¿Dónde está el registro técnico con la historia del vuelo? Pero sobretodo, ¿por qué la prisa por destruir la nave? Es imposible revisar lo que ha sucedido con la información venezolana, que apunta más a la desinformación, sin tomar en cuenta el contexto. Nada positivo para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por cierto, pues sus más altos mandos militares, de quienes depende su sobrevivencia política, han estado empapados en acusaciones de narcotráfico.
El 21 de agosto pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Vassyly Kotosky Villarroel como “un primer ejemplo de un traficante de drogas que explotó su antigua posición militar y conexiones para facilitar el transporte de cocaína a México y obtener ganancia de su venta”. Junto con el ex capitán de la Guardia Nacional, se abrió un juicio en Nueva York donde acusan también a cinco militares, en activo y retirados, a un diplomático, a diputados y ex gobernadores del partido oficialista, por haber facilitado la transportación de cocaína de Colombia, a través de Venezuela, para el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Militares venezolanos no han estado ajenos del narcotráfico en México. En 2006 un avión tipo comercial DC-9 procedente de Venezuela, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Ciudad del Carmen, en Campeche, donde el Ejército descubrió 5.5 toneladas de cocaína en 128 maletas, que tiempo después trascendió que eran para el Cártel de Sinaloa. En 2007, la Policía Federal detectó 500 kilos de cocaína en 25 maletas en un vuelo de Mexicana procedente de Caracas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este último caso, el gobierno mexicano descubrió que el responsable de ese cargamento de droga era un general venezolano. Se informó al presidente Hugo Chávez de ello, pero México no reveló la participación de militares venezolanos en el narcotráfico para no tensar más las relaciones bilaterales.
Fue un gesto que de nada ha servido en este nuevo episodio, donde el cinismo del presidente Maduro es la constate. El gobierno venezolano no ha respondido las peticiones de información del gobierno mexicano sobre la nave destruida. El silencio y las explicaciones ocurrentes de Caracas –mientras no las soporten- no hacen mas que estimular la sospecha de que ese avión destruido tenía demasiados fantasmas que Maduro y el Ejército venezolano, no querían que salieran al público.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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