De esa forma, y aunque a muchos no nos deje satisfecha la reforma política en los términos en que se perfila, es necesario reconocer que lo logrado es producto en buena parte de la organización y capacidades de quienes impulsamos algunos temas de esta agenda. Si se desea avanzar, es recomendable entender los por qué de los cambios para adelantar escenarios de aplicación y articular nuevas demandas.
Con lo anterior en mente, se compartirán algunas reflexiones sobre tres temas del dictamen sobre reforma política, tal y como se están discutiendo al momento que se escribe esta editorial: el Instituto Nacional Electoral, la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales y el gobierno de gabinete.
Instituto Nacional Electoral
En este espacio se ha hablado que la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE) podría no ser una buena idea, pues el problema real está en el control que tienen los gobernadores sobre las carreras políticas. Esto haría que los ejecutivos locales busquen influir y presionar al INE de manera más opaca que como hoy hacen en sus entidades.
Otro problema de fondo es estructural: el sistema electoral está basado en la desconfianza y no hay forma de decretar una ley para que los actores políticos confíen entre sí. Si los agentes que pactan los arreglos rotan cada tres años, la tendencia es a construir sobre la desconfianza: ese es el origen de la sobrerregulación al absurdo que hoy tenemos en nuestra normatividad.
Un INE con demasiadas atribuciones puede generar presiones políticas que desemboquen en una crisis institucional similar a la que vivimos en 2006 para las elecciones de 2018. Además hay que estar al tanto de cómo se van a instrumentar los cambios.
Sin embargo la reforma política contiene la semilla para que, a prueba y error, comencemos a avanzar por la vía de la liberalización de las normas electorales: la posibilidad de que los legisladores puedan mantener un arreglo a mediano plazo, toda vez que estarían en sus puestos para vigilar su desempeño.
Reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales
Tal vez la piedra angular de la reforma política comenzar a regresar al ciudadano sus derechos políticos, como en cualquier otra democracia moderna, a través de la posibilidad de premiar o castigar políticamente a sus representantes.
Como cualquier arreglo institucional, la posibilidad de la reelección inmediata no resuelve problema alguno, pero generaría dinámicas que permitan arreglos más eficientes que los actuales (1) Como se dijo al inicio de esta editorial, el tema enfrenta muchas resistencias. Está el dogma que se nos ha inculcado sobre que la reelección es “mala”, aunque la evidencia histórica muestra que el argumento es falaz. Para cambiar esto se requiere divulgación.
También los partidos se van a oponer a la reforma, toda vez que les quita el poder para designar candidatos. Por ello el candado que pusieron, de que los legisladores y autoridades municipales sólo pueden ser reelectos si su partido lo acepta. Cierto: esta norma limita la libertad política del individuo e impone un control que no es muy democrático.
Sin embargo este candado, aunque innecesario toda vez que los partidos tienen muchos otros controles como la asignación de comisiones o los recursos de campaña, puede llegar a ser contraproducente. Si bien limita las opciones de los políticos, no los impide cultivar un arraigo en sus localidades, que les puede llevar a chantajear a las dirigencias partidistas.
Por otra parte, se limita la reelección a la anuencia del instituto político, pero no dice nada de aspirar a otro puesto, con esa base de apoyo, por otro partido. Es probable que en pocos años esta norma sea revisada por sus efectos no previstos, y es necesario dar seguimiento a este tema de la agenda. Por otra parte se permitió la reelección de los legisladores de mayoría como de los de representación proporcional. No hacer esto hubiera roto con la representación paritaria de un órgano legislativo, creando diputados o senadores “alfa” y “beta”. A mi modo de ver el problema no está en eliminar a los “pluris” sino en hacer más competitivas las listas de partido. Para esto bastaría una reforma a la normatividad electoral: que el ciudadano vote en dos boletas separadas, de tal forma que pueda optar por un candidato de mayoría cercano a sus preferencias con posibilidades de ganar y por el partido que apoya.
Gobierno de coalición
Uno de los grandes falsos debates en los que ha navegado el debate sobre la reforma política es creer que se puede decretar la colaboración sin saber por qué se genera. En los sistemas parlamentarios las coaliciones son posibles porque la supervivencia del gobierno depende de ello, lo cual obliga a tejer acuerdos. Extrapolar este principio a un sistema de separación de poderes es fetichismo institucional. (2)
En todo caso se entiende el condicionamiento del pacto de coalición a la voluntad del Ejecutivo como una concesión para quienes piensan que es factible la colaboración a largo plazo. Veremos cómo funcionaría.
Los arreglos institucionales son un punto de equilibrio siempre cambiante entre intereses. Los avances, aunque no suficientes para tener una democracia plena, son importantes. De todos depende dar seguimiento al debate y prever la siguiente ronda de cambios, adelantando las oposiciones y tejiendo coaliciones. Así funciona el sistema.
(1) Recomiendo esta obra orientada a divulgación sobre el tema: http://www.la.fnst.org/index.php/biblioteca-de-la-libertad/biblioteca-de-la-libertad-en-america-latina/item/51-para-que-se-queden-los-que-sirven-2da-edici%C3%B3n
(2) Para una discusión más amplia, ver: http://issuu.com/grupoeditorialtransicion/docs/transicion-16 (página 22)
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