La orden de aprehensión dictada por una Corte Federal de Estados Unidos en contra del ex gobernador priista Tomás Yarrington, trae detrás un duro mensaje político para el gobierno de México por su incapacidad para ubicar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, liberado por jueces federales mexicanos en agosto pasado. La decisión judicial de ordenar la detención de un ex mandatario priista, que ya es buscado por agencias federales estadunidenses como el FBI, representa una presión directa de la Casa Blanca para la administración de Enrique Peña Nieto.
Abogados cercanos a la defensa de Yarrington aseguran que detrás del fallo de la Corte federal en Texas hay motivaciones políticas, pues de repente fueron desechados una serie de acuerdos y de propiedades que el ex gobernador tamaulipeco había devuelto al gobierno de Estados Unidos en busca de un arreglo extrajudicial que evitará su detención. Tomás había entregado ya varias casas adquiridas en Texas a nombre de su esposa y de una hermana para tratar de evitar la orden federal en su contra.
El mensaje desde Washington parece ser claro hacia el gobierno mexicano: mientras no se detenga y se entregue a Caro Quintero, cuya liberación desató molestia y airados reclamos en las instancias bilaterales de justicia, se destaparán expedientes en poder de tribunales estadunidenses y que involucran a varios políticos, principalmente ex gobernadores del PRI, lo que golpea directamente al partido del presidente Peña Nieto.
Un dato que apunta al uso político del caso Yarrington es que el mismo fiscal que hizo las acusaciones contra este ex gobernador, ha investigado a otros políticos mexicanos entre los que aparecen nombres como el de otro ex mandatario Tamaulipeco, Eugenio Hernández, además de ex gobernadores como Ismael Hernández Deras y Fidel Herrera, de Durango y Veracruz, respectivamente. Varios de esos casos han sido investigados por el gobierno de Estados Unidos y, a decir de los abogados de Tomás Yarrington, no sería extraño que se reactivaran las indagatorias en el actual contexto político.
Ayer el gobierno de Peña Nieto, en una reacción obligada al que ya es considerado el mayor juicio contra un político mexicano por narcotráfico en Estados Unidos, respondió en voz del procurador Jesús Murillo Karam que sólo esperan la petición formal de los Estados Unidos para colaborar en la localización y eventual detención de Tomás Yarrington; el mismo titular de la PGR confirmó que tanto su dependencia como la Secretaría de Gobernación recibieron, justo el día que se anunciaba el fallo judicial contra el priista Yarrington, una carta del narcotraficante Rafael Caro Quintero en la que éste le pide a la administración del presidente Enrique Peña “no ceder ante las presiones de Estados Unidos” para entregarlo a la justicia de aquel país.
Veremos pues como responde Peña Nieto a esas presiones desde Washington y sí la amenaza de reabrir expedientes de la narcopolítica en México, especialmente sobre ex gobernadores del PRI, no afecta la ya complicada relación bilateral, sobre todo cuando el gobierno mexicano había pugnado, como prioridad, por sacar esa relación del tema del narcotráfico.
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