El delito de ser mujer. El delito de usar la falda demasiado corta y el escote demasiado bajo. El delito de ser la que se lo buscó: la violación o el asalto o el golpe o la cárcel. La tragedia colectiva de mujeres homicidas para quienes la muerte es paradójicamente su única salida ante la inminencia de la muerte misma. La tragedia común de mujeres acusadas de crímenes que no cometieron, pero condenadas por un sistema judicial que tiene un sesgo contra ellas. Y el tratamiento que reciben – jurídico, judicial, penitenciario – abre una ventana que permite vislumbrar a nuestra sociedad. Una sociedad machista. Una sociedad sexista. Una sociedad misógina. Una sociedad que encarcela mujeres porque las enjuicia de manera más severa.
Como escribió Elena Azaola hace más de diez años en “El Delito de Ser Mujer”, las sociedad está menos dispuesta a condonar las faltas de las mujeres. Se les juzga con más severidad y menos empatía. En el D.F. las mujeres que cometieron homicidios tienen una sentencia mayor a la de los hombres: 18.6 años promedio para ellos y 23 en promedio para ellas. Sus juicios son 50 por ciento más largos. La justicia no las trata igual, no las sentencia igual, no las ve igual. Aunque en la mayor parte de los homicidios que cometen, las víctimas son familiares y eso revela un patrón preocupante. Las victimarias fueron abandonadas desde pequeñas. Vivieron en la miseria. Carecieron de lo más indispensable y de cualquier apoyo humano. Y el maltrato en la pareja ha sido la prolongación de lo que recibieron en la infancia.
Detrás de estas historias están los patrones de relaciones de género. Según Azaola, 70 por ciento de las mujeres homicidas padeció maltrato o abandono por parte de su familia. El 66 por ciento lo recibió de su cónyuge. Un 60 por ciento de las detenidas fueron maltratadas por la policía. Policías que – una y otra vez – recurren a la violencia sexual a la hora de la detención. Les agarran los senos con el pretexto de auscultarlas. Les ofrecen la libertad a cambio de favores sexuales. Las insultan. Lejos de prevenir la violencia contra las mujeres, acaban perpetúandola. Negándoles la dignidad, negándoles la voz, negándoles los derechos que tienen pero que son sistemáticamente atropellados.
Cómo olvidar el caso de Claudia Rodríguez Ferrando. Una mujer que en lugar de someterse al ataque sexual del que fue víctima, sacó una pistola y disparó a su agresor. Una mujer que por un acto de legítima defensa enfrentaba al menos 10 años de cárcel. Una mujer que enfrentó el sesgo judicial en torno al tema de la violación y languideció en una cárcel de Texcoco hasta que la sentencia de un juez – exonerando al agresor porque se encontraba ebrio – enardeció a muchas mujeres del país. Una mujer que fue criticada por los jueces y los fiscales por andar sola en la madrugada, sin esposo y con pistola. Víctima de un sistema judicial y policial que no sabe cómo enfrentar el hecho de que tan sólo en el D.F, se comete un promediode 82 violaciones al día. Y con frecuencia los perpetradores son los propios policías.
Poco ha evolucionado desde el caso de Claudia, que ocurrió hace más de una década. Ahora volvemos a presenciar lo mismo en el caso de Yakiri, la chica que está presa — acusada de homicidio calificado — tras matar al hombre que la estaba violando. El mismo escepticismo por parte de la policía, los médicos, los fiscales, las procuradurias. El derecho de tratar a una mujer como un objeto. Como una pertenenecia. Como algo que el Estado mexicano no tiene la obligación de proteger o tan sólo hacerlo hasta el 2005, cuando la jurisprudencia de la Suprema Corte finalmente cambió y aceptó la posibilidad de violación entre consortes.
Hoy al igual que ayer es que es preferible que las mujeres se dejen violar, en lugar de defenderse. Y si una mujer lo hace, el sistema judicial responde como lo hace con Yakiri. Desapareciendo pruebas fotográficas de su ataque que demostraban que no cometió un delito doloso, sino que actuó en defensa propia. Filtrando información a los medios con el objetivo de desacreditar a la víctima. Sugiriendo que su atacante ya la conocía, como si ello fuera argumento para justificar la agresión. Desconociendo la realidad de un sistema de justicia —inútil para ellas — que lleva a una mujer al extremo de tener que matar para sobrevivir. O morir en vida como tantas otras encarceladas, condenadas por el delito de ser mujer. Mujer y delincuente. Mujer y culpable. Mujer y presa. Mujer y víctima de un país que condena a sus mujeres por el simple hecho de serlo.
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