Las brigadas de autodefensa es lo único que ha funcionado para detener el inmenso poder que habían adquiridos los Templarios en la zona de Tierra Caliente. Decir que en buena parte de Michoacán hay un Estado fallido es un eufemismo. Mandan los narcos y punto. O mandaban, porque los aguerridos vecinos han comenzado disputarles palmo a palmo el control de las comunidades.
De inmediato han surgido los puristas para impugnar un acuerdo que legaliza al paramilitarismo. A mí me parece más importante reivindicar el derecho que tiene la sociedad civil a intervenir allá donde el gobierno deja a los ciudadanos inermes frente a la tragedia.
A esos que critican me gustaría verlos una temporada residiendo en Nueva Italia o en Apatzingán en compañía de sus familias. No sé si mantendrían su opinión después de sufrir la extorsión sistemática y o el secuestro de alguna de las hijas para diversión de los mafiosos. Con el agravante de que, a diferencia de un visitante, los pobladores de la zona tienen que quedarse a sufrir o a intentar cambiarlo (justamente lo que origina a las brigadas de autodefensa). Teclear con indignación furiosa desde un café de La Condesa sobre teoría política es cómodo. Sería admirable si esos críticos pudieran sostener lo mismo después de ofrecer tributo en un retén ilegal todos los días de la semana, con los riesgos que ello entraña.
Se me dirá que en lugar de brigadas de autodefensa lo que se necesitaba era una intervención a fondo de la autoridad. Ajá. No se que haya más “a fondo” que enviar a las fuerzas armadas como un ejército de ocupación a Michoacán. Un recurso que ha fallado una y otra vez en los últimos años. ¿Qué se supone que quedaba? ¿Bombardear desde el aire?
Hace algunas semanas critiqué en este espacio la decisión tomada por el secretario de Gobernación de anunciar el desarme de las brigadas y la aplicación de la ley a toda fuerza comunitaria en actividades de patrullaje. Me pareció irónico: aplicar la ley contra aquellos que se levantan para protestar por la ausencia total del Estado de derecho.
Todo indica que se impuso el sentido común, y el gobierno reculó en este purismo absurdo. Ahora intervendrá en la zona apoyándose directamente en las brigadas locales. Por lo menos en papel, la propuesta es interesante porque existe la intención de “institucionalizar” y profesionalizar a las brigadas, de tal manera que sean la base de una refundación de la presencia del Estado en la zona, y no una fuerza paralela.
Las brigadas se convertirán en defensas rurales del Ejército y tendrán que ser avaladas por el cabildo de cada Ayuntamiento. Desde luego, la primera tarea consistirá en evaluar a cada una de estas brigadas, porque su origen es diverso y en algunos casos bastante turbio. A cambio, el gobierno les dotará de pertrechos, radios, y vehículos haya donde se necesite. Las operaciones de defensa y ofensa al crimen organizado serán coordinadas con las autoridades. Eventualmente ellas, las brigadas, serán las autoridades, pero como parte de un eslabón del Estado mexicano. Sólo por esa vía podremos escapar de los indudables peligros que entraña el surgimiento de fuerzas paramilitares en el territorio.
Para ser exitoso el proceso deberá ir acompañado de otras acciones del gobierno, muchas de las cuales no son de naturaleza policíaca. El Estado debe legitimar su presencia, luego de tan largo vacío, a través de medidas eficaces de administración y obra pública y la implantación paulatina de una justicia eficaz y profesional.
Este espacio de opinión ha sido particularmente pródigo en cuestionamientos a la autoridad y muy crítico de algunas malas prácticas del gobierno peñanietista. Me parece que en esta ocasión hicieron lo correcto. Y ninguna crítica es útil si no se reconocen los aciertos donde los haya. Habrá que estar atentos a la manera en que se aterrice este saludable acuerdo.
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