El mayor escándalo urbano-financiero en la Ciudad de México se gestó desde la semana pasada cuando se anunció el cierre parcial de la Línea 12 del Metro, una obra cuyo costo final fue de más de 26 mil millones de pesos (la más cara en su tipo) y en torno a la cual existe un litigio de 4 mil millones de pesos reclamados por el consorcio construcitor (ICA-Carso-Alstom) frente al Gobierno del Distrito Federal.
Del conflicto financiero se ha pasado a una soterrada disputa política al interior del equipo de gobierno de Miguel Mancera frente a su antecesor Marcelo Ebrard. Ahora, una nueva vertiente peligrosa se ha abierto en medio del descontento de más de 500 mil capitalinos afectados: la opacidad.
Mancera ordenó el pasado 19 de marzo el “aseguramiento de todos los archivos físicos, electrónicos y digitales” del Proyecto Metro, la instancia que fue responsable de la llamada “Línea Dorada” de Ebrard, ahora convertida en la “Línea Chamuscada” del Metro.
El enredo declarativo e informativo que se ha ventilado en los medios tiene, al menos, cuatro ejes:
Conflicto Político.-La abierta o velada ruptura entre Marcelo Ebrard y Miguel Angel Mancera, en vísperas del relevo de la dirigencia nacional del PRD y de la aprobación de la reforma energética, es una de las vertientes que concentró la atención en los primeros días del conflicto.
Desde un principio, Ebrard ha tratado de deslindarse de toda responsabilidad y ha defendido el diseño y la construcción de esta obra que tuvo un costo total de 26 mil 274 millones de pesos, 11 mil millones más de lo previsto originalmente.
En declaraciones a la revista Proceso, Ebrard argumentó desde el 25 de febrero –diez días antes del cierre de la Línea- tuvo un encuentro privado con Mancera. Según su versión, hablaron sobre el tema de que el jefe de Gobierno pretendía “truncar mis aspiraciones para contender por la dirigencia nacional del PRD”. El 80 por ciento de la conversación fue sobre la sucesión en el PRD. Nunca mencionaron el tema de la Línea 12.
Mancera en declaraciones a los medios ha evadido politizar o partidizar el tema de la Línea 12. Su línea de argumentación han sido las razones de inseguridad que afectarían a más de 400 mil usuarios de esta línea.
Sin embargo, el actual jefe de Gobierno ha insistido que las fallas en la Línea 12 se presentaron desde antes de su inauguración. Algo que él no mencionó en más de un año.
A esta clara diferencia entre Ebrard y Mancera se sumó la dura editorial del periódico Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, que llamó a fincar responsabilidades contra el ex jefe de Gobierno a quien llamó “megalómano y delirante”. Claramente, le intentan cobrar facturas a Ebrard por la aprobación de medidas nada agradables para la jerarquía católica como el matrimonio de personas del mismo sexo, la despenalización del aborto, entre otras.
Conflicto Empresarial-STC.-Hay un claro conflicto entre el consorcio formado por las tres empresas constructoras ICA-Alstom-Carso, ante el Gobierno del Distrito Federal. El consorcio ha publicado sendos desplegados en prensa para insistir que la responsabilidad no es de ellos sino de los trenes adquiridos que provocaron “un desgaste prematuro en todos los sistemas de vías”. El director del STC, Joel Ortega, ha insistido que hay una responsabilidad en el consorcio constructor. El martes ofreció un recorrido con todos los medios de comunicación que cubren la fuente del GDF. Argumentó que existen 2 curvas peligrosas que amenazan la seguridad. El efecto es más polarizador.
Desde antes, Ortega filtró a la prensa el dictamen de la firma alemana ILF Consulting Engineers (del 4 de marzo) donde alertaba sobre el eventual riesgo de descarrilamiento de trenes por diversas fallas técnicas y estructurales detectadas en 11 de las 20 estaciones.
ICA-Alstom-Carso han argumentado que Joel Ortega tiene corresponsabilidad en este problema porque él firmó desde el 8 de julio de 2013 –tres meses antes de la inauguración de la Línea 12- el acta de recepción definitiva. Esta acta señala que desde el 30 de octubre de 2012, el STC es el responsable de la operación de la Línea 12.
Por lo pronto, ICA, consorcio que tiene el 66 por ciento de los recursos y la responsabilidad de la obra ha tenido una clara afectación en sus acciones. Desde 10 de marzo hasta el 19 sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores disminuyeron 11.35 por ciento. A Carso no le ha afectado tanto por la diversificación de sus inversiones. Alstom tiene sólo el 10 por ciento de participación en las acciones reclamadas.
En esta disputa de posiciones, la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), arrendadora de los trenes, se deslindó de las fallas en las ruedas de los tranvías.
Conflicto Financiero-Legal para el GDF.-Ni la suspensión de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12, una de las más caras en la historia del transporte colectivo en la Ciudad de México, ni el litigio con las empresas prevé una solución fácil para las finanzas del GDF. Esta es la arista más complicada de toda esta trama.
Desde enero de 2013 el consorcio ICA-Alstom-Carso reclama al GDF el pago de 3 mil 834 millones de pesos más IVA (alrededor de 4,500 millones de pesos) por obras realizadas que no están contenidas en el contrato original firmado por ambas partes en 2008. El GDF se ha negado a pagar, argumentando que por tratarse de un contrato a precio alzado no podía modificarse.
Además, el costo tan sólo para darle actualmente mantenimiento al tramo elevado de la Línea 12 será de 200 millones de pesos, más 400 millones de pesos que se calculan del costo del cierre parcial de 11 estaciones.
Por lo pronto, el gobierno federal ya tomó participación en el conflicto. La Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del GDF iniciaron una auditoría conjunta, específicamente, a los recursos federales que se invirtieron en la obra. Se calcula que fueron 2 mil millones de un total de 26 mil 274 millones de pesos que costó la obra.
Conflicto Partidista.-Frente a esta situación, la oposición al GDF ha tratado de capitalizar la crisis derivada del cierre parcial. El PRI de la ALDF interpuso formalmente una denuncia ante la PGR “contra quien resulte responsable” por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Los diputados locales priistas Feranndo Mercado, Tonatiuh González y Jaime Ochoa acudieron a la oficialía de partes de la PGR.
A su vez, legisladores capitalinos y senadores del PAN realizaron recorridos en los tramos de las 11 estaciones cerradas, acompañados por medios de comunicación. Hay mucho malestar ciudadano que pretenden capitalizar estos legisladores.
Por lo pronto, así como el PRI y el PRD impulsaron una comisión investigadora en el Senado de la República sobre el caso de Oceanografía, ahora el PAN y el PRI promueven en la Cámara de Diputados una comisión investigadora de la Línea 12 del Metro. El descarrilamiento de trenes partidistas es previsible.
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