Después de cabildear el tema con varias áreas de su gabinete, el presidente Enrique Peña Nieto tomó una decisión: Joaquín Guzmán Loera El Chapo no será extraditado a Estados Unidos, aun cuando hubiera una petición formal del gobierno de aquel país, y será procesado y juzgado en México tanto por los delitos que tenía pendientes al momento de su fuga, como por los nuevos cargos que se le han fincado al capo sinaloense.
La decisión, que fue comunicada ya de manera oficial a las diversas áreas responsables del gobierno de Barack Obama, tanto por el canciller José Antonio Meade, en la parte diplomática, como por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, en las áreas de seguridad, se tomó luego de que se recibieron varios mensajes desde Washington en los que quedaba claro el interés de la Casa Blanca y de varias agencias del gobierno estadunidense que buscaban presionar a México para que entregará al narcotraficante, cuya captura significó el golpe más fuerte de las últimas décadas en la guerra contra las drogas.
Dentro de la valoración que se hizo en el gobierno mexicano para decidir que El Chapo no era extraditable, fue el hecho de que detrás del interés de agencias como la DEA y el FBI, no sólo está el tener en una prisión de Estados Unidos al delincuente más buscado por su gobierno, sino que también Joaquín Guzmán representa un jugoso botín económico sobre el que estaría la administración Obama por la millonaria fortuna que acumuló el narco sinaloense, tanto en cuentas como en empresas o propiedades en territorio de Estados Unidos.
El otro elemento que pesó en la negativa mexicana a la extradición es la información que posee Guzmán Loera sobre las operaciones del Cártel del Pacífico y de los otros dos líderes de esa organización que siguen libres y en la mira del gobierno mexicano: Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza, El Azu”, junto con todos los datos sobre la red política y financiera que auspició no sólo su fuga de un penal de máxima seguridad en 2001, sino la protección que le permitió durante 13 años mantenerse libre a pesar de ser el narcotraficante más buscado en México y en Estados Unidos.
Toda esa información, que podría significar nuevas investigaciones, golpes y capturas contra las redes del narcotráfico y de la narcopolítica, ha decidido aprovecharla el gobierno mexicano, junto con el enorme botín económico que representa un capo del nivel de Joaquín Guzmán, en lugar de dejar que quienes se beneficien de todo eso sean las agencias del gobierno estadunidense como la DEA, que eventualmente (y eso también se valoró en el gobierno de Peña Nieto) podría utilizar esa información para golpear políticamente a las autoridades mexicanas.
Así que El Chapo no se va, lo dijo entre líneas el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, al señalar que México no ha recibido una solicitud formal de extradición de Estados Unidos, de acuerdo al Tratado vigente en la materia entre los dos países. La conferencia de prensa que ofreció el canciller el miércoles pasado fue para dejar en clara la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque diplomáticamente también asentó que si hubiera una petición formal “la analizaríamos”.
Lo que Meade dijo diplomáticamente y en público, fue lo mismo que en privado le dijeron al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jen Johnson, tanto el canciller como el secretario de Gobernación, durante la visita que realizó el mismo miércoles a México, en la que el tema de Joaquín Guzmán Loera fue uno de los asuntos que traía en su agenda el funcionario estadunidense.
NOTAS INDISCRETAS… En Oaxaca el vacío de autoridad se sigue haciendo cada vez más evidente. Ayer los jóvenes normalistas que llevan varios días protestando en la capital asaltaron gasolineras e impidieron las corridas de una importante línea de camiones ante la mirada complaciente de la policía estatal que nunca intervino ante esas acciones. Muy cerca de donde los normalistas cometían delitos estaba el gobernador Gabino Cué, pero al final el efecto con Gabino fue el mismo que en lo que va de su gobierno: está y es como si no estuviera… Una vez que se conozca este fin de semana el contenido de la iniciativa de Ley Secundaria en Telecomunicaciones que el presidente Peña Nieto envió ayer al Congreso, para el lunes la Universidad Autónoma Metropolitana organizó un debate público sobre la propuesta, en el que participan el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones; la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, secretaria de la misma Comisión, y el Mtro. Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. La cita es en el salón 1 del Piso 51 de la Torre Mayor y ahí estaremos como moderadores del debate que organiza la Coordinación General de Difusión de la UAM… Los dados se ponen primaverales y cierran con Escalera doble. Gran Semana.
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