El ataque a la libertad de expresión lesiona a la sociedad entera. El Estado también es víctima del suceso: si el gobierno en turno no investiga y sanciona el crimen, se convierte en cómplice de los hechos.
Durante el sexenio de Felipe Calderón México fue definido por Reporteros sin Fronteras como el país más inseguro para ejercer el periodismo. Con la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, se bajó de volumen al tema de la violencia, pero las muertes no amainaron.
El gobierno de Peña Nieto ha creado dependencias para perseguir los delitos contra periodistas; la comunicación con los agredidos es más precisa y constante; un ombudsman está en funciones y se promulgó la Ley General de Víctimas. Asombrosamente, esto no ha mejorado la situación.
Estamos ante un costoso simulacro: la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión tiene un presupuesto anual de más de 30 millones de pesos, pero no ha contribuido a detener a un solo culpable. El gobierno actual está mejor informado y muestra mayor disposición que el de Calderón. No es por ignorancia que no se actúa, sino por falta de voluntad política. Su inmovilidad roza el cinismo.
Y el drama aumenta. De acuerdo con Article 19, 2013 fue el año en que más se amenazó a los periodistas desde 2007. La organización registró 330 casos de agresión al gremio.
En foros internacionales, Peña Nieto ha destacado la relevancia de la información y la necesidad de que se ejerza en un clima de libertad. Pero gobierna con bipolaridad: las declaraciones mejoran mientras los hechos empeoran y las leyes se perfeccionan para ser ignoradas.
En todas las sociedades hay una franja donde lo ilícito adquiere apariencia de ser lícito. De nada sirve vender droga si después no se puede usar ese dinero. Los delincuentes requieren de complicidades para establecer negocios “legales”. Es ahí donde la información se vuelve particularmente peligrosa. El capo que embarca cargamentos de cocaína en un breñal del desierto no piensa en su reputación. En cambio, el empresario, el alcalde, el diputado, el coronel o el jefe de policía que sirven de tapadera al crimen pueden perderlo todo si se conoce lo que hacen. Es en esa frontera entre lo criminal y lo aparentemente legal donde un reportaje puede significar el acta de defunción de un periodista.
La equivocada estrategia de sacar el Ejército a las calles para amedrentar a los cárteles pasó por alto que el narcotráfico es un negocio que cumple el ciclo completo de producción, distribución, ganancia y lavado de dinero al interior de la sociedad. Al desatender ese circuito se ha puesto en peligro a los periodistas que sí lo atienden. Es por eso que Darío Ramírez, director de Article 19, señala que la principal amenaza contra los periodistas proviene de las propias autoridades.
El ataque a los medios se concentra en regiones claramente diferenciadas, lo cual responsabiliza a los poderes locales. La mayoría de los delitos se concentran en Veracruz, Coahuila y el Distrito Federal. En las dos primeras entidades, gobernadas por el PRI, el problema tiene que ver con la connivencia entre las autoridades y el crimen organizado. En el caso del DF, el hostigamiento es un efecto secundario de la progresiva criminalización de las marchas: los informadores son vistos como cómplices de los “anarquistas” (aberración idiomática con que se unifica a toda clase de maleantes). “Dañar la propiedad ajena en día de protesta se ha vuelto un agravante legal”, señala Ramírez. De los 330 ataques contra periodistas, 60 ocurrieron en el contexto de movilizaciones sociales.
Los capitalinos estamos hartos de que la ciudad se paralice. Sin embargo, mientras no haya una regulación clara y democrática de las manifestaciones, su presunto control provocará abusos como los que se han cometido contra los periodistas.
El periodismo sobrevive gracias al heroísmo de los colegas. Sin embargo, el creciente respaldo a los informes de Article 19 revela que no todo está perdido: la valentía es contagiosa.
Leído en http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=227009
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