sábado, 22 de marzo de 2014

Manuel Espino - Los competidores del Estado

Entre los focos rojos del tablero de la seguridad nacional falta mucho que se apague el que señala el peligro de las autodefensas. Hay ahí un peligro no solo presente, sino también creciente.

Cotidianamente se suman factores de riesgo en este rubro, entre los que destaca el anuncio hecho esta semana por el Consejo General de Autodefensas de Michoacán “deslindándose” del gobierno federal y acusando a la autoridad de traicionar a su movimiento.

Aunque las razones detrás de lo que ellos llaman “traición” dejan ver que el gobierno actuó con pertinencia, el hecho es que la tensión entre estos grupos armados y la estructura formal del Estado mexicano se incrementa día con día.

El reconocido líder José Manuel Mireles Valverde ha anunciado que el gobierno busca “amedrentarlos” y que no se les han cumplido acuerdos. Nada bueno augura que un grupo de unos 25 mil ciudadanos equipados con armas de alto poder se radicalice contra la autoridad.








Además hay que llamar la atención sobre otro fenómeno que sumándose al de las autodefensas podría generar más áreas de alto riesgo para la paz de nuestra sociedad: el bajo grado de control a las empresas de seguridad privada.
Se ha revelado que existen en el país 10 mil compañías de dicho rubro, 80% de las cuales no cuentan con regulación de las corporaciones policiacas, según datos del presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada, Alberto Rivera.
Al igual que ha pasado con las denuncias de falta de control a grupos de guardaespaldas, las empresas de seguridad laxamente reguladas crean un factor de riesgo para la labor esencial del Estado: proteger a los ciudadanos.
Si bien una y otra vez se repite el axioma de que nadie debe disputar al Estado el monopolio de la violencia legítima, con estas situaciones en el plano de la realidad ese precepto elemental es duramente cuestionado.
Urge actuar con una política de tolerancia cero y de vigilancia estricta a todos los grupos que, aún sin ser criminales, tengan la posibilidad de generar violencia. Solo así el Estado —que no solo el gobierno federal— mandará a la sociedad y a los criminales la señal contundente de que hay orden y, por lo tanto, un cimiento para la paz.

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