Sería inaceptable que el sector energético nacional que hoy está en manos de algunos funcionarios del gobierno federal -entre ellos los principales directivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, y de los líderes sindicales y propietarios y ejecutivos de los grandes contratistas y proveedores de ambas paraestatales. Lo que desde años he calificado como los dueños en turno de Pemex y CFE.
He comentado cómo las trasnacionales petroleras manejan su dinero por medio de miles de subsidiarias con el fin de inventar gastos, inflar costos con el objeto de reducir al máximo sus utilidades para finalmente pagar un mínimo de impuestos a los gobiernos de los países en donde operan.
He reportado cómo en entrevistas públicas y privadas ningún funcionario o político ha sido capaz de convencerme de que esto no sucederá en México cuando estas trasnacionales por fin estén operando aquí.
También he informado que las campañas propagandistas del gobierno que intentan convencernos de que la reforma energética nos favorecerá prometen mucho pero no explican, a fin de cuentas, cómo ni cuándo disfrutaremos de dichos beneficios. Un ejemplo es el comercial en donde se nos asegura que los precios de los combustibles y la electricidad bajarán gracias a la reforma, pero no se nos dice en qué porcentaje ni cuándo. Durante una reunión que tuve hace algunas semanas con funcionarios de Pemex, les pedí que me detallaran las ofertas de dicho comercial. Me respondieron que ellos no lo habían hecho, que fue una producción de la presidencia de la república y que las reducciones serían muy pequeñas y se darían en años, lo que quiere decir que los beneficios ofrecidos en realidad distan mucho de ser los que recibiremos algún día.
En resumen. El gobierno federal no nos ha explicado detalladamente cuáles son los alcances y beneficios de la reforma energética, cuyas leyes secundarias apenas serán discutidas por el Congreso en un próximo período extraordinario de sesiones pese a que, por mandato constitucional, deberían haber sido aprobadas el pasado 20 de abril, algo que no pudo hacerse porque el presidente Enrique Peña Nieto no envió las iniciativas correspondientes dentro del plazo de 120 días establecido en la reforma energética que empezó a correr el 22 de diciembre de 2013 (aparentemente lo hará antes de que concluya este mes).
Por todo lo anterior considero que se justifica y tienen razón de ser las 10 preguntas que el laureado director de cine Alfonso Cuarón le envió ayer al presidente Enrique Peña Nieto, las cuales pueden leerse en el sitio diezpreguntas.com.
Cualquier mexicano tiene derecho a cuestionar y exigir respuestas de sus gobernantes. Hacerlo no es pecado ni sacrilegio ni falta de respeto. Aunque en el caso de Cuarón algunos pretendan verlo así o de entrada acusen al cineasta de ser vocero de algún político de oposición.
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