La función principal de este mito es cancelar la posibilidad de imaginar una transformación integral de la estructura de poder social. Se busca fomentar el conservadurismo y marginar a quienes apuestan a la construcción de nuevas utopías transformadoras.
El debate sobre la democracia en México constituye entonces un estratégico campo de batalla intelectual. No es suficiente simplemente agregar al sustantivo “democracia” adjetivos como “estancada”, “imperfecta”, “parcial” o “mediocre” para caracterizar a nuestro régimen político. Una “democracia imperfecta” es todavía, en esencia, un sistema “democrático” en el que la sociedad ejerce su soberanía y constituye la fuente originaria del poder público. Estas perspectivas adjetivadas son importantes en cuanto ponen en cuestión la excesiva complacencia de los analistas orgánicos del régimen. Sin embargo, su aceptación de los términos generales del debate impuesto por el contexto de dominación estructural debilita enormemente su fuerza teórica.
Los defensores de la tesis de que México efectivamente ha transitado de un régimen a otro tienen la obligación de demostrar que los ciudadanos cuentan con más poder sobre la selección de sus gobernantes, y con un mayor control sobre los asuntos públicos. Pero esto es imposible comprobarlo.
El indicador más común de la existencia de una transición democrática es la celebración de elecciones libres, limpias y auténticas, donde las condiciones de competencia son equitativas y la “oposición” tiene posibilidades reales de ganar los comicios. Es evidente que México no cumple con este requisito. Todas las elecciones presidenciales celebradas desde 1988 hasta la fecha han demostrado, más allá de cualquier duda, que los poderes fácticos y las instituciones electorales de ninguna manera permitirán la llegada de un verdadero candidato de “oposición” al poder.
Algunos señalarían las “victorias” de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto como excepciones ya que tanto en 2000 como en 2012 se cambiaron los colores del partido que gobernaba el país. Sin embargo, ninguno de los dos puede ser caracterizado como un candidato propiamente de la “oposición”.
Desde 1988 el Partido Acción Nacional (PAN) pactó con Carlos Salinas de Gortari y formó un “gobierno de coalición” de facto con el PRI que duró hasta el año 2000. Si bien se estableció una breve y poderosa alianza opositora entre el PAN y el PRD durante 1996 y 1997, que logró una histórica reforma electoral y la activación de la Cámara de Diputados como un contrapeso en materia presupuestal, este periodo fue la excepción que comprobó la regla. El aval conjunto del PRI y el PAN al histórico e imperdonable fraude del Fobaproa en 1998 simbolizó y consolidó el rapprochement entre los dos aliados que en los hechos nunca se habían separado.
La llegada de Peña Nieto a Los Pinos en 2012 tampoco implica una victoria para la “oposición”. Desde el principio, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón incorporaron a destacados priistas dentro de sus gobiernos y malgobernaron de manera conjunta con el viejo partido del Estado. El papel de puente articulador de la alianza del PRIAN que en su momento jugó Diego Fernández de Cevallos en la década de la concertacesión (1990-2000) lo jugó Manlio Fabio Beltrones durante los sexenios panistas.
En la campaña presidencial de 2012 fue notable cómo Calderón y el PAN dejaron morir a quien se supone era su candidata, Josefina Vázquez Mota. Después de la reunión privada que sostuvieron Calderón y Pedro Joaquín Coldwell en Los Pinos el 27 de febrero de 2012 se acumularon las evidencias de que Peña Nieto era el verdadero “destapado” del régimen. Las entrevistas del ahora presidente en Televisa, el apoyo explícito de Fox para Peña Nieto y la pomposa ceremonia organizada con motivo de la muerte del expresidente Miguel de la Madrid, fueron apenas los indicadores más visibles del pacto de sucesión que conduciría la segunda alternancia mexicana sin democracia (análisis aquí: http://ow.ly/wTtRY).
Hoy las elecciones en México no permiten la expresión auténtica de la voluntad popular, sino que son meras ceremonias en las que los poderes fácticos reafirman y legitiman su control sobre la política nacional. Y solamente el observador más ingenuo podría pensar que la nueva integración del Instituto Nacional Electoral o la nueva reforma “ahora sí” resolverían los graves problemas de ilegalidad, inequidad y fraude institucionalizados.
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de comunicación dominantes jamás propician el debate informado, sino que fungen como correas de transmisión para las opiniones del poder. Los derechos a la protesta, a la reunión y a la petición ciudadana también han sido cancelados por el régimen, como se evidenció con la rotunda negativa del gobierno para debatir públicamente, de cara a la sociedad, las reformas energéticas, de telecomunicaciones y electorales.
México no cumple con los estándares mínimos para ser considerado como un régimen democrático. Por lo tanto, las luchas ciudadanas tendrían que orientarse hacia la transformación integral del sistema de dominación y control que mantiene a más de 50 millones de mexicanos en la miseria y a todos en un total estado de indefensión. No es suficiente cambiar de nombres a las mismas instituciones de siempre o modificar artículos legales que jamás se aplicarán. Tal y como lo señaló hace más de 50 años el gran maestro Pablo González Casanova en su obra clásica La democracia en México, este país solamente avanzará si logramos transformar la estructura de poder social y política que subyace y controla desde fuera al sistema institucional formalmente constituido.
www.johnackerman.blogspot.comTwitter: @JohnMAckerman
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=372867
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