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Los acontecimientos en Venezuela no deben pasar desapercibidos por la clase política mexicana, no sólo por las consecuencias geopolíticas que de ellos puedan derivarse, sino por las raíces del descontento social que han avanzado inexorablemente hacia la confrontación y la violencia.La catarsis comenzó el 17 de abril del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela —controlado por el Estado— negó toda posibilidad de revisar unas elecciones con múltiples acusaciones e irregularidades. Un amplio sector de la población venezolana se volcó a las calles, en lo que sería la antesala de una intensa riña con el gobierno.
La problemática en el país bolivariano llevó todo un proceso de gestación. Durante sus 14 años de presidencia, Hugo Chávez gobernó con poder totalitario, controlando todas las instituciones del país que pudieran ejercer un contrapeso y empleando la renta petrolera a discreción y voluntad suya.
A pesar de contar con las reservas de energéticos más grandes del mundo, los venezolanos carecen de muchos bienes y servicios de primera necesidad. Estas limitantes económicas son nada menos que la raíz del profundo descontento social.
Al igual que en Venezuela, las manifestaciones en países del Medio Oriente y Norte de África (2011), en Brasil y Grecia (2013) y recientemente Ucrania, son el reflejo de sistemas políticos que dejan de representar –o nunca representaron– las aspiraciones de sus sociedades.
Estos movimientos tienen por objeto remover del poder a las élites, a pesar de que muchos de estos líderes fueron electos por métodos relativamente democráticos. Por eso el caso de Venezuela adquiere particular relevancia, máxime tratándose de un país latinoamericano.
Por un lado, Venezuela y México viven dos realidades muy diferentes. Represión, censura mediática, violencia e inflación sistemática tienen al primero en la quiebra y en franca colisión social. Mientras tanto, el segundo ha recorrido una trayectoria institucional que le ha permitido avanzar hacia una consolidación democrática.
Por otro lado, ambas naciones comparten un pasado y una herencia cultural, así como muchos de los ideales de la lucha independentista de Bolívar y Morelos. Aunque factores geopolíticos nos hacen integrarnos con el mundo de manera diferente, vivimos en una región profundamente desigual, con retos sociales y excesos políticos similares.
El caso venezolano es paradigmático en tanto que nos muestra el rol crítico de nuestras generaciones, como lo hizo Túnez y luego Egipto en años recientes.
Poblaciones jóvenes, una creciente clase media, desigualdad y un exacerbado poder de las élites son rasgos de los países en desarrollo que van a dictar la forma de hacer política en el ámbito doméstico. Todo gobierno que se resista a solventar esta realidad, firma su sentencia.
Nicolás Maduro encarna la vuelta de un nuevo siglo que en Venezuela estuvo enmarcado por un gobierno dogmático, ahora incluso desprovisto del carisma de su antecesor. Millones de venezolanos buscan lograr una transformación política que les dote de capacidades para modelar una nueva realidad social.
México, por su parte, es un proyecto inconcluso cuya sociedad se debate entre la modernidad y el retraso. Somos la segunda economía más grande de la región y tenemos un PIB per cápita superior al de muchos países emergentes —como Brasil, India o China—, pero tenemos los niveles educativos más bajos de la OCDE, alta criminalidad y la corrupción permea en los tres niveles de gobierno.
Los principales temas de la agenda gubernamental en el mediano plazo son, sin duda, el bajo crecimiento económico y los altos niveles de desigualdad y pobreza que persisten en el país. De su pronta solución dependerá, no sólo la continuidad de un proyecto político en el poder, sino la prosperidad de presentes y futuras generaciones.
A propósito del centenario de Octavio Paz, se vuelve más pertinente que nunca la discusión sobre el sentido de la historia de México y su identidad. El poeta mantuvo su fe en la Revolución como única herramienta de redención social.
Quizá la verdadera Revolución que nos toque vivir en México, a la luz de los acontecimientos globales de nuestro tiempo —y despojada de violencia, empero— sea la de un nuevo contrato social más equitativo, con ciudadanos responsables y una clase media participativa, representada por partidos políticos más democráticos y modernos.
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