A la memoria de Alejandro Chao
y su esposa Sara. Víctimas
de la violencia criminal
y la incompetencia
gubernamental
y su esposa Sara. Víctimas
de la violencia criminal
y la incompetencia
gubernamental
Cuando era presidente, Felipe Calderón Hinojosa consideró pedir al Gobierno estadounidense que calificara de “organismos terroristas” a los cárteles mexicanos. Con ello se hubiera reducido el costo social. ¿Por qué dio marcha atrás?
Quienes estudian al terrorismo y al crimen organizado coinciden en que la mejor manera de disminuir el poderío y la capacidad operativa de estas organizaciones es bloqueándoles el acceso y el manejo del dinero. Una tesis confirmada en el debilitamiento de la mafia italiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y, sobre todo, al Qaeda.
Según fuentes bien informadas, Felipe Calderón estaba decidido a explorar ese camino y solicitar a EU que incluyera a los cárteles mexicanos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras que elabora el Departamento de Estado (actualmente tiene 58, cuatro de ellas latinoamericanas). En Washington había quienes coincidían en la conveniencia de hacerlo.
Las bandas criminales mexicanas cumplen con los requisitos establecidos por la ley estadounidense. Así, aterrorizan a no combatientes, son una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y tienen “motivaciones políticas” porque infiltran de manera deliberada, aunque desigual, a los tres niveles de Gobierno. No es una exageración decir que han gobernado buena parte de Michoacán y que lo siguen haciendo en otros estados. Pese a todo esto, los gobiernos de ambos países terminaron desechando la posibilidad de calificarlos de terroristas. Aunque desconozco bastantes detalles de estas discusiones, he conversado con algunos protagonistas y eso me permite asegurar que los tres principales motivos se relacionan con la camisa de fuerza geopolítica creada por la vecindad geográfica.
La economía delincuencial se asienta en esa zona gris donde se traslapa lo legal con lo delincuencial. Cada transacción ilícita se conecta con la economía legítima por medio de la banca, los bienes raíces o el intenso comercio entre los dos países. Si el intercambio de bienes entre México y EU ascendió en 2013 a 506 mil millones de dólares, ¿cuánto dinero se movió por venta de narcóticos, extorsión de migrantes y contrabando de armas? Aunque la dimensión financiera es la parte menos conocida de la arquitectura criminal, es obvio que afectar las arterias financieras criminales impactaría negativamente el funcionamiento de los mercados (al menos en el corto plazo).
También desecharon el asunto por la estipulación legal de calificar como delincuente a todo aquel ciudadano estadounidense que proporcione “recursos o apoyo material” a las organizaciones terroristas. Llevando el argumento al extremo, este ángulo obligaría a Washington a perseguir y castigar a los millones que inhalan cocaína o a las decenas de miles que participan activamente en el contrabando de armas a México. En otras palabras, temieron las consecuencias de reconocer que el crimen organizado mexicano está bien enraizado en los EU.
Un tercer motivo es el espinoso, y poco discutido, tema de las decenas de miles de mexicanos que buscan asilo en los EU. Si Los Zetas fueran calificados como terroristas todos los tamaulipecos cumplirían, en principio, con uno de los requisitos para recibir la categoría de asilados: tendrían un “temor bien fundado” de perder la vida dada la debilidad del Estado mexicano y los sanguinarios métodos empleados por ese cártel. A Los Pinos tampoco le gusta la idea de exhibir sus carencias y se la pasan disimulando su debilidad e incapacidad para proteger adecuadamente a quienes vivimos en México.
¿Fue acertado abandonar la posibilidad de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que fueron deliberaciones privadas en las que el destino de las víctimas tuvo poco peso, lo cual es consistente con la férrea indiferencia de Felipe Calderón hacia el costo social. Siempre lo consideró un “daño colateral” y en una sola ocasión masculló una disculpa y aceptó a regañadientes parte de la responsabilidad (en junio de 2011, en los diálogos en Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad). Valdría la pena reconsiderar la decisión porque asfixiar financieramente a los cárteles reduciría el enorme costo pagado por la sociedad.
Comentarios: www.sergioaguayo.org;
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Las bandas criminales mexicanas cumplen con los requisitos establecidos por la ley estadounidense. Así, aterrorizan a no combatientes, son una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y tienen “motivaciones políticas” porque infiltran de manera deliberada, aunque desigual, a los tres niveles de Gobierno. No es una exageración decir que han gobernado buena parte de Michoacán y que lo siguen haciendo en otros estados. Pese a todo esto, los gobiernos de ambos países terminaron desechando la posibilidad de calificarlos de terroristas. Aunque desconozco bastantes detalles de estas discusiones, he conversado con algunos protagonistas y eso me permite asegurar que los tres principales motivos se relacionan con la camisa de fuerza geopolítica creada por la vecindad geográfica.
La economía delincuencial se asienta en esa zona gris donde se traslapa lo legal con lo delincuencial. Cada transacción ilícita se conecta con la economía legítima por medio de la banca, los bienes raíces o el intenso comercio entre los dos países. Si el intercambio de bienes entre México y EU ascendió en 2013 a 506 mil millones de dólares, ¿cuánto dinero se movió por venta de narcóticos, extorsión de migrantes y contrabando de armas? Aunque la dimensión financiera es la parte menos conocida de la arquitectura criminal, es obvio que afectar las arterias financieras criminales impactaría negativamente el funcionamiento de los mercados (al menos en el corto plazo).
También desecharon el asunto por la estipulación legal de calificar como delincuente a todo aquel ciudadano estadounidense que proporcione “recursos o apoyo material” a las organizaciones terroristas. Llevando el argumento al extremo, este ángulo obligaría a Washington a perseguir y castigar a los millones que inhalan cocaína o a las decenas de miles que participan activamente en el contrabando de armas a México. En otras palabras, temieron las consecuencias de reconocer que el crimen organizado mexicano está bien enraizado en los EU.
Un tercer motivo es el espinoso, y poco discutido, tema de las decenas de miles de mexicanos que buscan asilo en los EU. Si Los Zetas fueran calificados como terroristas todos los tamaulipecos cumplirían, en principio, con uno de los requisitos para recibir la categoría de asilados: tendrían un “temor bien fundado” de perder la vida dada la debilidad del Estado mexicano y los sanguinarios métodos empleados por ese cártel. A Los Pinos tampoco le gusta la idea de exhibir sus carencias y se la pasan disimulando su debilidad e incapacidad para proteger adecuadamente a quienes vivimos en México.
¿Fue acertado abandonar la posibilidad de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que fueron deliberaciones privadas en las que el destino de las víctimas tuvo poco peso, lo cual es consistente con la férrea indiferencia de Felipe Calderón hacia el costo social. Siempre lo consideró un “daño colateral” y en una sola ocasión masculló una disculpa y aceptó a regañadientes parte de la responsabilidad (en junio de 2011, en los diálogos en Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad). Valdría la pena reconsiderar la decisión porque asfixiar financieramente a los cárteles reduciría el enorme costo pagado por la sociedad.
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Colaboró Maura Roldán Álvarez.
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