Lo que los hombres de uniforme sí tenían, lo que siempre han tenido, es lealtad y compromiso republicano, por lo que cumplieron con la encomienda de manera eficaz y con una entrega que en muchos casos suplió los yerros de sus mandos civiles.
Bajo el esquema calderonista, se multiplicaron las situaciones jurídicas ambiguas y los espacios en los cuales se incurrieron en violaciones a los derechos humanos, así como en una gran cantidad de quejas que aún sin estar fundadas crearon animadversión de algunos sectores sociales e incluso en comunidades enteras.
Que dichas situaciones eran consecuencia del mando civil se comprobó rotundamente ahora que, a un año y medio de iniciado el nuevo gobierno, las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos se han reducido en un 75% para todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero especialmente las dirigidas a militares.
Este logro es incluso más significativo si consideramos que en este periodo el combate contra el crimen organizado ha sido más efectivo y, sobre todo, mucho menos violento que durante el anterior sexenio. Allí está la prueba, real, comprobable, de que tener una seguridad pública efectiva no es incompatible con respetar los derechos humanos.
Esto es positivo no solo para las fuerzas armadas, sino para el Estado Mexicano del cual son un digno pilar. No estamos ante un asunto de imagen o de salvaguardar una fachada institucional positiva, es algo mucho más profundo.
Se trata, sobre todo, de una buena noticia para el pueblo de México, pues el nuestro es un Ejército que nace del pueblo y se dedica a servirlo, por lo que las situaciones que distancian al militar y al civil van en contra de la unidad nacional.
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