domingo, 29 de junio de 2014

Jenaro Villamil - Las leyes secundarias confrontan a Gobernación y Hacienda.

Borradores hechos en sigilo, propuestas que van y vienen entre los legisladores de partidos distintos y de un mismo partido, y que modifican lo ya modificado, filtraciones, espionaje telefónico… Todo se vale en la guerra sucia que han entablado los que aspiran a retener o apoderarse del gran negocio de las telecomunicaciones. En el trasfondo, queda claro que hay dos bandos: uno al que apoya el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otro que recibe línea desde la Secretaría de Gobernación. A punto de dictaminarse, discutirse y aprobarse la ley secundaria, todo indica que va ganando la de siempre: Televisa.




En absoluto sigilo, el lunes 16 de junio comenzó a circular un nuevo borrador de la ley de telecomunicaciones, negociado entre los panistas y perredistas que antes formaron parte del Consejo Rector del Pacto por México, junto con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien el presidente Enrique Peña Nieto designó para “destrabar” esta iniciativa, paralizada en el Senado desde finales de abril.

La redacción del artículo 260 sobre el “agente económico preponderante” daba un giro completo a lo que planteó la iniciativa original del Ejecutivo; era contraria a la propuesta del panista Javier Lozano y a la versión que el consejero jurídico de Los Pinos,­ Humberto Castillejos, había negociado con Miguel Barbosa, coordinador del PRD, y cinco senadores más. Por primera vez el gobierno federal, a través de Videgaray, admitía regular por servicio y no por sector, en contra de los intereses del Grupo Televisa.

Dicho borrador, cuya copia tiene este semanario, señala en ese artículo:

“El IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia y con ello los usuarios finales, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la presente ley.”

El mismo artículo abunda sobre medidas de regulación que afectan los intereses de Televisa en el mercado de la televisión restringida, donde la compañía de Emilio Azcárraga Jean tiene más de 50% de los suscriptores y el control de los contenidos, además de que planea adquirir Cablecom, su quinta filial en este sector.

“Entre las medidas que el instituto podrá imponer se encuentran aquellas relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales, y en su caso, la separación contable, funcional o estructural del agente respectivo en cada servicio”, se especifica en el documento.

Los focos rojos se prendieron en la Vicepresidencia Ejecutiva de Televisa, a cargo de Alfonso de Angoitia, el segundo­ hombre más poderoso en la empresa después de Azcárraga Jean y artífice de la expansión del emporio en el sector de telecomunicaciones a cambio de frenar a Telmex-América Móvil en el mercado del cuádruple play.

Plan de negocios

El servicio de televisión restringida es la segunda fuente de ingresos de Televisa (22%) después de la señal abierta. Su dominio sobre los contenidos audiovisuales y las redes de distribución, en alianza con TV Azteca a través de Iusacell, no sólo le otorga una ventaja competitiva, sino que hace posible que mantenga y acreciente su influencia en el mercado de la información política y las campañas electorales.

Televisa y su socio TV Azteca son las únicas empresas que por ahora pueden dar servicios convergentes de cuádruple play en México, es decir, video, banda ancha de internet y telefonía fija y móvil.

Para el último trimestre de 2013 y con la adquisición de los 915 mil 456 suscriptores de Cablecom, Televisa pasaría de 2.6 a 3.5 millones de clientes en televisión de cable, por encima ya de Megacable, del empresario Enrique Yamuni, lo cual representaría más de 50% de los 6.8 millones de suscriptores, según la información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con Megacable mantiene una incómoda sociedad en el Grupo Yoo, que da servicios de cuádruple play.

Además, el Grupo Televisa posee más de 60% de los 7.7 millones de suscriptores de televisión vía satelital a través de la empresa Sky. Su única competencia en este terreno es el Grupo Dish, de MVS en sociedad con Telmex y EchoStar.

El Grupo Televisa no sólo planea expandirse en el territorio nacional, sino­ competir directamente con América Móvil, de Carlos Slim, en otros países de América Latina donde el magnate de Telmex posee empresas de televisión por cable. La compra de DirecTV por AT&T, exsocio de Telmex, reforzará la posición de Sky en el continente.

Sin embargo, la compra de DirecTV, poseedora de 41% de las acciones de Sky, está pendiente porque el IFT tendrá que analizar las condiciones del mercado y los niveles de concentración en la televisión de paga para autorizar, rechazar o condicionar la operación de Televisa.

Este “plan de negocios” de Televisa es tan ambicioso que está estrechamente vinculado al sector energético. En febrero de 2013 se creó en el emporio la Vicepresidencia Corporativa de Telecomunicaciones, y al frente de ella quedó el exbanquero Adolfo Lagos, quien antes trabajó para Bancomer en los tiempos de Manuel Espinosa Yglesias, en Serfin con Adrián Sada, y con los españoles de Banco Santander como director general de Banca Regulatoria.

Como vicepresidente corporativo de Telecomunicaciones de Televisa, Lagos también participa en el Consejo de Administración de Mexichem, la compañía privada con la que Pemex firmó un convenio de coinversión de 518 millones de dólares para quedarse con la refinería Pajaritos.

De acuerdo con el comunicado de Televisa ante la BMV, del 21 de febrero de 2013, la función de Lagos es “supervisar el continuo crecimiento y expansión estratégica de la división de cable y telecomunicaciones de Televisa, que comprende a las empresas de cable y a Bestel”.

La alarma

El domingo 22, en vísperas del inicio de las discusiones en el Senado sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, el equipo de Videgaray aceptó en un nuevo encuentro con los negociadores del PRD y del PAN el cambio del concepto de “sector” por el de “servicio” en los artículos 260 y 262, siempre y cuando se mantuviera el tema de la “cláusula Cablecom” porque “es un compromiso del gobierno con Televisa”.

En la iniciativa original de Peña Nieto, esta cláusula estaba redactada en el cuerpo del artículo 276 de la siguiente forma: “Tratándose de nuevas concesiones o concentraciones de agentes económicos dentro de cada uno de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el IFT a) Deberá reconsiderar la existencia o no de un agente preponderante en el sector determinado con poder sustancial”.

En la negociación del día 22, el gobierno federal también aceptó ir más allá. Acordaron abrir la comercialización a los medios de uso social, así como establecer una reserva de 20% del espectro –de 10% en AM y otro tanto en FM– para estaciones comunitarias y la posibilidad de que el IFT bajara spots de televisoras como medidas precautorias, según confirmaron a Proceso tres fuentes involucradas en las negociaciones.

Estos avances iban mucho más allá de lo que Miguel Barbosa y los cinco senadores del PRD habían negociado días antes con otra parte del gobierno federal, encabezada por el consejero jurídico Humberto Castillejos, y también del “predictamen” que presentó el panista Javier Lozano.

Dichos cambios prendieron los focos rojos en las oficinas de Azcárraga Jean, pero también en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y al margen de las negociaciones con Videgaray. La última versión, cuya copia tiene Proceso, le otorga al IFT facultades para regular publicidad y contenidos, salvo en el caso de la administración de los tiempos de Estado y La Hora Nacional.



La iniciativa del Ejecutivo federal (artículo 260), el predictamen del panista Javier Lozano (artículo 254) y la versión de lo negociado por Miguel Barbosa y el gobierno federal (artículo 254) ignoraban lo establecido en este párrafo del artículo 8 transitorio de la reforma constitucional y convinieron en que el IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes por sector.

El mismo día que se presentó el documento de los “31 puntos irreductibles” de la sociedad civil, el senador panista Javier Corral mencionó las diferentes mesas de negociación que se abrieron con el gobierno federal, fuera del Senado y de las comisiones dictaminadoras.

El panista advirtió: “El gobierno federal ha logrado dividirnos a los del PAN y del PRD. Ha abierto varios flancos de negociación para ver dónde compra más barato y hacer pasar la segunda temporada de la Ley Televisa”.

El escándalo de Carpinteyro

Una de las participantes en la redacción y revisión de los documentos que el PRD negoció con Videgaray fue la diputada Purificación Carpinteyro, cercana a Guadalupe Acosta Naranjo y al dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, también involucrados en ese proceso.

Los comentarios de Carpinteyro se observan en algunos artículos del borrador citado. Por ejemplo, al definir al Operador Móvil Virtual (OMV), la legisladora federal propuso “eliminar toda referencia tanto a comercializadores como OMV, dado que lo que les brindará acceso es la condición de concesionario”.

El OMV se definió como “toda persona que, sin contar con una concesión de espectro radioeléctrico, proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de una red pública de telecomunicaciones”.

El martes 24, en la grabación de una llamada telefónica de Purificación Carpinteyro, filtrada desde un servicio de espionaje a un medio digital y luego retomada por todos los medios, la diputada federal del PRD habla precisamente de hacer un negocio con un Operador Móvil Virtual, al estilo de la compañía Virgin Mobile.

El escándalo detonó dos días antes que la legisladora se reuniera con comisionados del IFT que habían aceptado un encuentro con 30 diputados federales del PRD, PAN, PT, Panal y MC.

Carpinteyro convocó a los comisionados para que explicaran los alcances de sus atribuciones en relación con la Ley Secundaria de Telecomunicaciones. Hasta la tarde de ese martes habían confirmado asistir cuatro de los siete comisionados que integran el órgano autónomo, aunque entre ellos no estaba su presidente, Gabriel Contreras Saldívar.

La perredista no negó la veracidad de las grabaciones, pero rechazó que se tratara de un conflicto de interés, y afirmó: “Los verdaderos enemigos son los monopolios, no yo”.

No obstante, el golpe surtió efecto. El encuentro de los comisionados del IFT con los diputados se suspendió. En el Senado, tanto la bancada del PAN como la del PRD defendieron que se regulara la predominancia por “sector” y no por “servicio”. Una encerrona de dos días de los 22 diputados federales del PRD no resolvió este ni otros puntos conflictivos de la iniciativa del Ejecutivo.

La línea de Televisa

El otro efecto del escándalo de Carpinteyro y de las presiones de Televisa para que se aceptara el acuerdo con Castillejos –cercano también a la línea de la Secretaría de Gobernación– para dejar la regulación de predominancia “por sector”, fue el deslinde del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero.

En un comunicado emitido el jueves 26, Madero cantinflea: “Debe aclararse que la predominancia se declare cada vez que se presente en alguno de los servicios de un sector y no sólo cuando se dé en el conjunto de todos los servicios del sector”.

Y confiesa: “Debo reconocer que sobre este dilema nunca pudimos alcanzar un acuerdo con el gobierno federal ni con el PRI y que esto puede poner en riesgo la eficacia del órgano regulador, al no contar con una norma jurídica que le permita combatir a los monopolios que se pretenden someter al interés general y a las condiciones de competencia y apertura económica para dinamizar los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, generar inversión, propiciar la convergencia y beneficiar así a los 120 millones de habitantes de nuestro país”.

En entrevista, Javier Corral, quien apoyó a Madero en la contienda interna contra Ernesto Cordero, no tiene dilema ni duda: “Este comunicado demuestra el poder de Televisa. Fue la única capaz de juntar a Lozano con Madero. Y el documento de éste es engañoso: no hay ningún dilema. La Constitución dice que debe ser regulado por servicios”.

Y señala: “El único dilema para Madero es si protege o no a Televisa”.

–¿Este comunicado tendrá consecuencias en la correlación de fuerzas de la bancada del PAN? –se le plantea.

–Por supuesto. Ya autorizó, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que un grupo de senadores del PAN le dé mayoría al PRI en este tema.

El día que se dio a conocer el comunicado de Madero y cuando el presidente del IFT afirmó que la preponderancia deberá ser regulada por “sector”, el Grupo Televisa publicó un desplegado de página completa para recriminar la cobertura periodística del diario Reforma y no dejar dudas sobre su posición:

“Reforma no informó que la letra misma de la Constitución establece que la preponderancia es por ‘sector’ (Octavo Transitorio, Fracción III de la Constitución). La Carta Magna establece que: ‘El concepto de preponderancia considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión toda vez que se trata de economías de redes, y por el desarrollo de la convergencia tecnológica y de infraestructuras”, señala el consorcio en el desplegado, firmado por Alejandro Olmos Cruz como responsable de la publicación.

Televisa afirmó que los argumentos de una preponderancia “por servicio” “son los mismos que, el pasado 3 de abril, presentó en el Senado de la República el representante de MVS-Dish, quien también ha representado los intereses de Telcel y Telmex”.

La noche de ese viernes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó que el organismo regulador “ya determinó que existe un agente preponderante en el sector de telecomunicaciones y otro en el sector­ de radiodifusión”.

Al ser cuestionado si debe ser regulado por “sector” o por “servicio”, Contreras sentenció: “Nosotros, por esa razón, declaramos la existencia de un agente económico por sector”.

Fuente: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=375892



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