Eso fue lo que hubo en el fondo de los rebotes que generó el fraude de Oceanografía y por ello todo acabó en un “minifraude” cometido por Amado Yáñez Osuna.
Aunque Jesús Murillo Karam, el infalible procurador general de la República había investigado y contaba con las pruebas de un ‘megafraude’, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mejor conocido como el “virrey” del país y futuro monarca del hidrocarburo, empezó a operar en paralelo: ordenó dar un giro a los resultados públicos de la indagatoria y de paso poner a salvo su excelente posición política.
Expliquemos el asunto: En Oceanografía el personaje clave sigue siendo Martín Díaz Álvarez –sobrino y operador del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz–, quien se encargó de hacer el trabajo sucio: solucionar problemas fiscales a cambio del 10, 15 o 20% de la empresa ‘emproblemada’.
Así logró entrar Díaz Álvarez a Oceanografía, quien de la mano de Francisco Javier Rodríguez Borgio recibió el 20% de las acciones de la empresa naviera favorita de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las acciones quedaron a nombre de GGM Energy SA de CV, que cambió de giro para convertirse en Energy Group Mexico SA SAPI.
Los fraudes e incumplimientos de contratos de parte de Oceanografía, tanto a Pemex como a sus acreedores, no es nada nuevo, pues desde el 2000, y más destacadamente desde 2008, incurrió en esas prácticas. Sin embargo, la inclusión de Díaz Álvarez y los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio complicó aún más el tema, pues todos ellos están siendo indagados desde mediados de 2013 por posible lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ya desde 2012 se agarró “in fraganti” a GGM de recibir gasolinas provenientes de tomas clandestinas presuntamente operadas por el crimen organizado.
El tema no hubiera generado mayores problemas que el de acusar por estos presuntos delitos a un par de empresarios, sin embargo, la incursión de éstos en la emblemática Caja Libertad, un organismo creado por un sacerdote jesuita para ayudar al más necesitado en hacer rendir su dinero, fue lo que complicó las cosas.
Caja Libertad, una empresa de ahorro sin fines de lucro, pasó a ser una Sofol que, en términos llanos, es una especie de banco pequeño que no está sujeto a las estrictas revisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Tanto Díaz Álvarez como Rodríguez Borgio utilizaron un entramado financiero que incluyó a por lo menos una veintena de empresas que ambos fueron creando en los últimos diez años. Su participación en Caja Libertad aún deja grandes interrogantes, entre otros cuánto dinero, proveniente de los más de 11 mil millones de pesos que ganó el GGM con sus gasolineras, que compraban el producto presuntamente al narcotráfico; o cuánto dinero del “factoraje” que recibió Oceanografía de bancos, o cuánto dinero de jugosos contratos de Pemex se introdujo a su sistema financiero.
Puesto al descubierto el millonario fraude de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez renunció a la presidencia de Caja Libertad, desapareció del país y se fue a España con todo y familia. La CNBV en tanto realizó una exhaustiva revisión sobre las operaciones de Caja Libertad.
En rueda de prensa Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, eximió de culpas a la mencionada empresa, pero acotó que faltaba un pequeño grupo de operaciones que se habían realizado y que aún estaban en revisión.
No obstante, aclaró que la operación de Caja Libertad no se afectaba y que ésta seguiría en funciones.
El caso se volvió aún más turbio y difícil de creer. Lo sucedido fue lo siguiente: Caja Libertad, la más grande en su ramo, cuenta con por lo menos 1.5 millones de usuarios, quienes son gente que vive el día a día, con bajos salarios, y los que tienen como única opción para adquirir los bienes necesarios para sobrevivir recurrir a este tipo de cajas.
Por ello, poner al descubierto que el fraude de Oceanografía también alcanzaba a Caja Libertad, significaría un verdadero “cataclismo”, pues como “un castillo de naipes”, el resto de las cajas de ahorro se “contagiarían” del escándalo, generándose “pánico” y una crisis del tamaño del Fobaproa de 1995. En aquella ocasión, el gobierno de Ernesto Zedillo rescató a los grandes y millonarios dueños de los bancos, y aquí se hubiera tenido que rescatar a los clientes de esas cajas.
El viernes 20, Jesús Murillo Karam compareció ante senadores y ahí dijo, sin mencionar nunca a Caja de Ahorro Libertad, que lo primero que se buscó en el caso de Oceanografía fue no poner en peligro el trabajo de los cientos de empleados de esa empresa y a “las cajas de ahorro”. Nunca llamó por su nombre a Caja Libertad, pero es de suponer que se refería a ella.
De haberse dado a conocer que el fraude de Oceanografía alcanzaba a Caja Libertad, se habría generado una reacción en cadena de manera negativa en miles de ahorradores que sostienen el sistema de cajas populares de ahorro, y el propio Videgaray, tan vapuleado por sus erráticos pronósticos económicos, hubiera terminado por “sepultar” su capital político. Su puesto y el sistema de ahorro de las cajas estaban en juego y de ahí la necesidad de dar una contraorden a la PGR para que “redireccionara” la investigación del caso Oceanografía.
Pero Videgaray no sólo operó ordenando a Murillo Karam un cambio en el caso, pues también se vacunó contra el cataclismo una vez que éste se tuviera que hacer público: creó un fideicomiso especial para “salvar” a los ahorradores. Un Fobaproa “en chiquito”, pues.
Alejada y protegida herméticamente debido al fraude de Oceanografía, ahora Caja Libertad, ya sin Martín Díaz al frente, parece que será evidenciada por la CNBV, pero ahora alejando su fracaso en la incursión de créditos para la vivienda.
Como lo lee. Resulta que la Caja de Ahorro del sacerdote jesuita, engatusado por Martín Díaz Álvarez, y que pasó a ser una Sofol, pidió su cambio luego como Sofipo, que son las instituciones financieras que pueden dar créditos de vivienda.
Ahora la CNBV acaba de revelar que “el alto índice de morosidad” en cartera de vivienda le generó problemas financieros en los tres primeros meses del año. Curiosamente, el dato coincide en fechas con la salida de Díaz Álvarez y cuando su Caja Libertad se veía involucrada en probable lavado de dinero.
Así las cosas, el tema de Oceanografía realmente va mucho más allá de una decena de funcionarios de Banamex involucrados en el caso de factoraje fraudulento y que tan profusamente se ha filtrado a algunos medios de información. Tampoco se trata sólo de Amado Yáñez y sus acostumbrados fraudes cometidos durante dos sexenios panistas.
No. Esto alcanza a todo un sistema financiero que ha logrado dar aire al mexicano que vive al día y que, sin saberlo, sus ahorros pudieron haber sido mezclados con verdadero lavado de dinero. El priista Luis Videgaray ha pretendido con esta maniobra mediática y financiera “salvarse” del cataclismo político que se le podría venir encima. Pero decirlo en público, reconocer que el tema Oceanografía pudo causar “pánico” y desestabilizar todo un sistema de ahorro, sería aventurarse demasiado, de ahí que todo se “maquilló” para que lo de Oceanografía quede en un simple fraude, “un tema entre particulares” que no impacta al país.
Habrá que esperar para ver qué más dice sobre el tema Murillo Karam durante la primera semana de julio, cuando comparezca ante diputados federales. O habrá que ver qué otra máscara “mediática” se impone vía medios escritos. Al tiempo.
Twitter: @jesusaproceso
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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