La Reforma Laboral fue, sin duda, un paso adelante, aunque se quedó corta. El PRI aceptó ir con la iniciativa del PAN, pero la rasuró.
La Reforma Educativa tiene aspectos positivos, pero ha terminado siendo una aspirina para un enfermo que necesita cirugía. El PRD, la corriente de "Los Chuchos", para ser más exactos, la boicoteó, desde el inicio, en claro contubernio con la CNTE.
La Reforma Fiscal se cuece aparte. Es la única que fue aprobada por el dúo PRI-PRD. Se cortó a la medida del partido del sol azteca y se acataron todas sus exigencias, desde no al IVA en medicinas y alimentos hasta los impuestos a refrescos y croquetas para perros, pasando por el incremento del ISR.
Se trata del peor error del gobierno de la República. Los efectos sobre el consumo y la inversión se han sentido inmediatamente. La Secretaría de Hacienda subestimó el impacto de confiscarle ingresos a las empresas y las personas en el contexto de un estancamiento económico. Fue una descomunal falta de sentido común.
Así que no hay duda que el proyecto más exitoso, hasta ahora, es la Reforma de Telecomunicaciones. No se trata de una ley perfecta, no las hay, pero constituye un avance fundamental en el impulso de la competencia. Y es mucho más consistente en su articulado que la Laboral o la Educativa.
El primero de sus efectos ya está a la vista. América Móvil liquidará parte de sus activos y dejará de ser un actor preponderante. Si bien, están por verse los cómos y los tiempos de esa desincorporación y si, mientras ello ocurre, Telmex/Telcel deberá acatar una serie de regulaciones.
Televisa, a su vez, enfrentará una competencia mucho más fuerte y será regulada como actor preponderante. A menos, claro está, que opte por un esquema similar al de América Móvil.
Independientemente de lo que suceda, los efectos para la población serán tangibles y, a diferencia de lo que ocurrió con la Fiscal, positivos. Entre otros, menciono uno: la eliminación del cobro de larga distancia significará un ahorro de casi 22 mil millones de pesos.
Por otra parte, al Instituto Federal de Telecomunicaciones se le otorga facultad para multar a las empresas con el 6 por ciento de sus ingresos anuales, que en el caso de América Móvil ascendería a 16 mil 500 millones de pesos.
Y contará, además, con capacidad de señalar a una empresa con poder sustancial en el mercado, lo que conducirá a su regulación, independientemente de la declaración de preponderancia. El IFT no será, en consecuencia, una autoridad decorativa.
Hay, sin embargo, dos temas que alarman en la nueva legislación: el primero es la geolocalización (ubicación en tiempo real de un celular). Porque, como advierte Dolores Padierna, senadora perredista: "Cualquier autoridad de seguridad o de procuración de justicia podría solicitar la geolocalización, aun cuando no se esté persiguiendo ningún delito. Las órdenes de geolocalización debieran ser dictadas por una autoridad judicial o en su defecto estar sujetas a un control judicial posterior, de lo contrario esta ley avalaría la violación de derechos humanos".
A ello se agrega (artículo 192) la obligación que tienen las empresas de guardar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo identificando, al menos, el usuario, el origen y destino de las comunicaciones, fecha, hora y duración, así como localización geográfica, por un periodo de 24 meses, que estarán a disposición de la autoridad por casi cualquier motivo o intención.
De ahí que las objeciones de la diputada panista, Beatriz Zavala, sean completamente pertinentes: "Las medidas que plantea el presente dictamen, que refieren a la retención de datos y el acceso a los mismos por parte de las autoridades, se convierten en una herramienta de vigilancia masiva sin controles, absolutamente violatoria del derecho, la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas".
La mayoría de diputados (PRI-Partido Verde-Panal) hizo oídos sordos y no tomó en cuenta las objeciones de panistas y perredistas.
Así que la mejor de las reformas que ha planteado, hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto constituye un paso adelante en materia de competencia, pero dos pasos atrás en lo que se refiere a libertad, privacidad y derechos humanos. Cabe, por lo tanto, preguntarse: ¿el nuevo PRI es la máscara de Big Brother?
@sanchezsusarrey
Leído en Reforma.com
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