El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el presidente del PAN, Gustavo Madero, han puesto sobre la mesa de la discusión el tema del salario mínimo.
El perredista señaló que durante los últimos 35 años cayó 77 por ciento el poder adquisitivo del mínimo y sugirió subirlo de 67.29 pesos a por lo menos 87 pesos, aclarando que el aumento debe ir acompañado de un incremento en la productividad de los trabajadores. También convocó a un debate nacional para definir una política de recuperación de su poder adquisitivo.
El panista, después de señalar que el salario mínimo es anticonstitucional porque no cumple con lo que ordena la fracción VI del Artículo 123 Constitucional (“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos”) anunció que su partido promoverá una consulta popular en que se le preguntará a los ciudadanos lo siguiente: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)?”.
Tanto Madero como Mancera niegan que sus propuestas tengan un objetivo político, lo cual evidentemente no es cierto, ya que de un día para otro pusieron a la defensiva al gobierno de Enrique Peña Nieto, a líderes empresariales y, como puede apreciarse en las redes sociales, a un elevado número de empresarios micros, pequeños, medianos y grandes.
Es indudable que el salario mínimo no proporciona los ingresos “suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos”. Es más, ni varios salarios mínimos son suficientes.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre del año en curso 13 por ciento de la población ocupada mayor de 14 años de edad ganaba un ingreso mínimo, otro 24 por ciento se embolsaba más de uno y hasta dos salarios mínimos, 22.5 por ciento percibía más de dos y hasta tres salarios mínimos, y 15 por ciento recibía más de tres y hasta cinco salarios mínimos.
En número de personas significa que cada mes 6 millones 426 mil 570 ganan 2 mil 18.70 pesos (considerando que reciben 67.29 pesos durante 30 días), 11 millones 993 mil 650 perciben 2 mil 18.71 y 4 mil 37.40 pesos, 11 millones 99 mil 611 obtienen entre 4 mil 37.41 y 6 mil 56.10 pesos mensuales, y 7 millones 351 mil 432 se embolsan entre 6 mil 56.11 y 10 mil 93.50 pesos.
En resumen, 29 millones 519 mil 831 mexicanos (60 por ciento de la población ocupada) ganan entre 2 mil 18.70 y 6 mil 56.10 pesos al mes. Si a estos les sumamos los que obtienen entre tres y cinco salarios mínimos tenemos que 75 por ciento de la población ocupada -36 millones 871 mil 263 personas- gana entre 2 mil 18.70 y 10 mil 93.50 pesos cada mes.
La situación es más lamentable si tomamos en cuenta que 3 millones 635 mil personas (7 por ciento de la población ocupada) trabaja pero no recibe ingresos.
Es más que evidente que la mayoría de los mexicanos no gana lo suficiente “para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos”.
Ahora bien, ¿qué efectos tendría aumentar el salario mínimo? Sobre este asunto ni los economistas están de acuerdo y mañana presentaré los argumentos que existen a favor y en contra de dicho incremento.
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