miércoles, 6 de agosto de 2014

Sergio Sarmiento - Desaforados

Consar quiere que yo vea el retrovisor para ir hacia adelante”.

Manuel Molano

Desde su fundación tras la reforma de las pensiones del IMSS de 1997, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ha generado un ahorro de más de 2 billones de pesos o 12.9 por ciento del producto interno bruto que es resultado del esfuerzo de 14 millones de trabajadores formales con aportaciones propias, de sus empresas y del gobierno federal. Sin embargo, una reforma impulsada por la Consar, y aprobada por un pleno de la Cámara de Diputados que pareció no enterarse de su contenido, ya que recibió la iniciativa el 18 de marzo y la aprobó ese mismo día, ataca directamente la competencia en el sector.

La iniciativa restringe la libertad de los trabajadores para cambiar de Afore y establece reglas que favorecen a las de mayor tamaño y promueven la desaparición de las pequeñas. Lo peor es que Carlos Ramírez, presidente de la Consar, quizá molesto porque el Senado no ha votado el tema, ha tratado de aplicar ya las modificaciones a través de circulares. Por eso la Comisión Permanente del Congreso le pidió en un punto de acuerdo el 14 de julio “que postergue la emisión de sus disposiciones”.








La reforma tiene aspectos positivos, pero un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que se presentará hoy en un foro en el periódico El Economista, advierte sobre los daños que podrían generar sus medidas de control de precios, limitación a la portabilidad de cuentas, paternalismo, imposición de comisiones bajas sin competencia, ignorancia del mercado y falta de atención a quienes hoy no tienen acceso al sistema.


La iniciativa eleva de uno a tres años el tiempo que el trabajador debe esperar para poder mudar su propio dinero de una institución a otra. Prohíbe hacer el cambio a una Afore con menor rendimiento, pero establece un periodo arbitrario de 60 meses para medirlo. Impide cambiar a una Afore con mayor comisión, sin pensar que las cuentas más pequeñas o las que dan mejor servicio pueden tener mayores gastos de administración. Sin embargo, el que una Afore haya tenido un buen desempeño en el pasado, me dice Manuel Molano del IMCO, no significa que lo mantendrá en el futuro.

La reforma crea obstáculos burocráticos a los cambios. Crea, por ejemplo, un “aviso de traspaso” que obliga a pedir autorización de la Afore transferente. Es como si hubiera que suplicar el permiso de Sky para cambiarse a Dish.

La Consar pretende despojar al trabajador de su libertad de decisión. El rendimiento o las comisiones no pueden ser los únicos criterios válidos de cambio. El servicio o la seguridad de las inversiones pueden ser más importantes. En ocasiones, de hecho, la cercanía de una sucursal puede ser un factor crucial. La Consar no debe intervenir en la decisión del trabajador.

Las nuevas reglas parecen hechas para proteger a instituciones grandes que han estado perdiendo afiliados. La Afore XXI Banorte, por ejemplo, ganó 1 millón 54 mil 785 cuentas entre 2008 y 2014, pero perdió 1 millón 320 mil 920, lo que da una pérdida neta de 266 mil 135. Banamex añadió 1 millón 230 mil 822 clientes, pero cedió 1 millón 814 mil 652, para una pérdida neta de 583 mil 830. En cambio Coppel recibió 1 millón 881 mil 797 y transfirió 656 mil 511 para una ganancia neta de 1 millón 225 mil 286 (IMCO con información de Consar). El papel de la Consar no debe ser el de proteger a las Afores que pierdan afiliados.

El SAR necesita reformas que amplíen la competencia, incentiven las aportaciones voluntarias y promuevan la incorporación de quienes trabajan en la economía informal. La reforma de Consar parece más interesada en disminuir la portabilidad de las cuentas y proteger a las instituciones de mayor tamaño. Es exactamente lo contrario de lo que debería ser.

TESTIGO DE CAPUFE
Mónica María del Rosario Barrera Rivera, la testigo social de la licitación con la que Capufe entregó el sistema IAVE a una empresa de Roberto Alcántara, señaló en su informe que “este procedimiento de contratación, no atendió recomendaciones emitidas de la Testigo Social, a fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas”.


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