Gabriel Gómez Michel, el diputado secuestrado y asesinado en menos de ocho horas, nunca pensó que las personas que lo interceptaron en un semáforo a media tarde en el municipio de Tlaquepaque, lo iban a ejecutar. ¿De dónde sale esta conjetura si él está muerto y sus asesinos libres? De las imágenes que las propias autoridades de Jalisco han difundido sobre el momento del secuestro y de la versión oficial de su captura. Gómez Michel, se puede afirmar, no habría muerto si hubiera desconocido a sus agresores, porque -dato clave- les abrió la puerta de su camioneta blindada, con lo que inició la última tarde de su vida.
El diputado, como era su rutina, iba rumbo al aeropuerto de Guadalajara el lunes por la tarde para viajar a la ciudad de México. ¿Lo secuestraron realmente? ¿Sabía que la persona que se aproximó a la ventana de su camioneta moviendo las manos y aparentemente gritándole, estaba realizando una acción violenta en su contra? Estas imágenes son parte del video de una las cámara seguridad que registraron ese episodio, que inevitablemente provocan el misterio.
Si la camioneta en la que viajaban Gómez Michel y su asistente Heriberto Núñez, estaba blindada, ¿por qué no permanecieron en ella o buscaron huir? ¿por qué no pidieron ayuda a las autoridades? Las imágenes no muestran armas a las dos personas que se acercaron a camioneta con armas de alto poder, pero el diputado abrió la puerta. Es un asunto de sentido común. Si no conoce a la persona que le grita de manera violenta, ¿le abre la puerta? Si esa persona está armada, ¿se entrega a ella sin buscar escapar? Si la camioneta en la que viaja está blindada, ¿elimina esa protección al abrir la portezuela?
Las inconsistencias en la información abonan a las conjeturas. Según el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, esa primera acción se registró momentos antes que a las 5:11 horas de la tarde la policía de Tlaquepaque empezara a recibir reportes por la línea de emergencia 066 que habían interceptado a una camioneta de color azul y privado de la libertad a sus ocupantes.
Veintidós minutos después, a las 5:33 de la tarde, dijo, se trasladó un comandante de la policía municipal de Tlaquepaque a la ubicación señalada al 066, y reportó que el lugar se encontraba “sin novedad”. ¿Qué esperaba? La reacción a llamadas de emergencia es de siete minutos; el comandante tardó tres veces más en llegar. ¿Por qué tardó tanto en llegar? Esos minutos fueron probablemente la diferencia entre la vida y la muerte del diputado.
Nájera añadió que a las seis de la tarde, “se detectó” que en el punto registrado en las llamadas al 066, “varios” vehículos abordaron y privaron de su libertad a las dos personas que viajaban en la camioneta azul, pero nunca concilió la discrepancia de 27 minutos entre los dos momentos del secuestro. Cinco minutos después, añadió, se emitió un reporte a todas las corporaciones con los datos de la camioneta y sus dos ocupantes, con el fin de la localización. Es decir, 32 minutos después de las primeras llamadas a emergencia.
Con ese tiempo de ventaja, el comando de seis vehículos se escapó sin problema. Con ellos se llevaron la camioneta del diputado, en donde encontraron los cuerpos calcinados a más de 160 kilómetros de distancia, en Zacatecas. Nájera dice que el monitoreo de las cámaras se realizó unos 40 minutos después de las primeras llamadas. Pero no explicó porqué tampoco fueron capaces de alertar a las autoridades zacatecanas que iban para su estado. Los criminales nunca se escondieron ni cambiaron de vehículos. Huyeron en las narices de los policías, o estos voltearon para otro lado cuando pasaban los atacantes ante las cámaras.
La acción en contra del diputado y su asistente está bañada en impunidad. Una acción violenta a media tarde, en una avenida llena de cámaras de seguridad. Un grupo de personas que no se ocultó y que actuó en comando, con lo cual nunca pudieron pasar desapercibidos. Ninguno de los atacantes se cubrió la cara para evitar ser identificado. La policía de Tlaquepaque no actuó con la prontitud que marcan los estándares, mientras que se llenó la boca de inconsistencias y lagunas de información que abren campo a la sospecha de encubrimiento.
Si la actividad de las autoridades estatales y municipales está llena de dudas, también lo es el comportamiento del diputado y la forma como voluntariamente se entregó a quienes lo interceptaron. Todo este episodio huele a podrido. Las autoridades de Jalisco, por como empezaron el tratamiento de este asesinato misterioso, no iban a resolver nada. La PGR atrajo la investigación.
Con la información pública que se tiene y el análisis inicial del comportamiento de los actores, todo el cuadro es de delincuencia organizada. Víctimas que no se pensaran víctimas, presuntamente vinculadas con las personas que los secuestraron, y policías que tardaron en hacer su trabajo, con lo que regalaron minutos para la huida. Es decir, lo que se tiene en este momento inculpa a muchas autoridades y presenta la hipótesis de dinero del narcotráfico en San Lázaro. Demasiado fuerte para que no haya una investigación federal seria. La duda es si el resultado real de una averiguación de este tipo sería dada a conocer, pese a las fibras que toque. Al final, como tantas otras veces, lo que predomina hoy es la incertidumbre.
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