La ruta pasaría por elegir en junio del próximo año dos asambleas. Una ordinaria que trabajaría, como hasta ahora, durante tres años para desahogar los asuntos ordinarios, y una constituyente cuya única finalidad sería discutir y aprobar la nueva Constitución de la ciudad capital. Otras voces hablan de una sola asamblea que realice ambas funciones.
Antes, en cualquier caso, se requiere una reforma constitucional que haga posible lo señalado en el párrafo anterior. E imagino que se trataría de una modificación al artículo 122 (básicamente) para generar las posibilidades de una entidad que, manteniendo su calidad de capital del país y de sede de los Poderes Federales, pueda equipararse en la mayoría de los renglones a los estados de la República. Esa reforma constitucional que debe preceder al constituyente de la capital fijará las bases y los límites que deberá tener este último. Porque así como los artículos 115 y 116 establecen los principios generales, mínimos institucionales y límites de los poderes públicos en los estados, así desde la Carta Magna deberá establecerse algo similar y los procedimientos y alcances del propio Constituyente.
Al parecer, por los dichos del senador Delgado, se siguen discutiendo las fórmulas de integración de la mencionada Asamblea Constituyente, que podría ser similar a la de la Asamblea Legislativa o ampliar su membresía y mecanismos de integración. También se tiene que decidir el plazo de su actuación ya que su finalidad exclusiva será la de aprobar la Constitución capitalina. Unos pocos meses -se supone- serían suficientes para cumplir con su relevante misión.
Y aunque la nota no lo dice, entiendo que la propuesta inicial sería colocada en la mesa de la Asamblea por el jefe de Gobierno. Así constaba en la iniciativa que el propio Miguel Ángel Mancera presentó hace más de un año. Una fórmula similar a la del Congreso Constituyente de 1916-1917, al cual mandó su proposición el llamado primer jefe, Venustiano Carranza.
Ahora bien, dado que desde la reforma de 1996, tanto las autoridades ejecutivas (jefe de Gobierno y jefes delegacionales) como la asamblea (que ya existía desde 1988 y que paulatinamente amplió sus facultades), son electas, en ese renglón no hay demasiado que hacer. No obstante, en la conformación de las nuevas autoridades políticas-administrativas de la entidad y en sus respectivas facultades se encuentra mucha tela de dónde cortar.
A querer o no la ciudad es una y su división política-administrativa no puede (no debe) ser caprichosa. Hay tareas que deben estar centralizadas y ser responsabilidad exclusiva del hoy llamado jefe de Gobierno y tareas que deben estar descentralizadas y corresponder a las hoy delegaciones. Establecer esas facultades diferenciadas y las fórmulas de corresponsabilidad será una de las tareas fundamentales primero en el proyecto de Constitución y luego en la propia Constitución.
Y lo que ya se perfila como una necesidad y una oportunidad en la reforma es la transformación de las hoy delegaciones en algo similar a los ayuntamientos, lo que supondría pasar de un órgano de gobierno unipersonal a algún tipo de instancia colegiada (incluso con representación proporcional), como ahora sucede en los ayuntamientos en los cuales se elige un presidente municipal, pero también regidores y síndicos. Sería -hasta donde alcanzo a ver- una reforma fundamental que tendería a acabar o por lo menos a limar el poder concentrado -y muchas veces discrecional- que hoy se ejerce en las 16 delegaciones de la ciudad.
Por supuesto falta mucho. Y no sería la primera vez que del plato a la boca se cae la sopa. Pero si el acuerdo de las principales fuerzas representadas en el Congreso prospera, los comicios de 2015 en la Ciudad de México tendrían un ingrediente adicional y más que relevante: conformar una asamblea constituyente o darle facultades de constituyente a la Asamblea Legislativa por un breve plazo. Y, si eso sucede, en 2018 empezaría a tomar forma en el DF una nueva entidad similar a lo que hoy son los estados de la República.
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