Vicente Fox, por ejemplo, siempre tuvo una mano débil, tropezándose todo el tiempo con la incomprensión entre ser tolerante y ser incompetente en el ejercicio del poder. Carlos Salinas fue el arquetipo del déspota ilustrado, que mediante argucias legales gobernó con reglamentos por encima de la Constitución. A Ernesto Zedillo nunca le interesó el poder político, pero cuando tuvo necesidad de reformar el Poder Judicial, destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte, y la dejó acéfala durante dos semanas. Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, saben cómo usar el poder.
Sonora es el caso de estudio de la confrontación contra ellos dos. Cuando el gobernador Eduardo Bours quedó en medio de una crisis política por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo que provocó la muerte de 49 menores, optó por pelearse con Calderón para desviar la atención pública de la tragedia. Fue un equívoco; la muerte de esos menores aún lo persigue política y penalmente. Hoy es Guillermo Padrés, quien luego que delegados federales confirmaron a la prensa que un pozo en su rancho no contaba con permisos de construcción, los expulsó del comité de emergencia de Protección Civil del estado, en medio de la crisis por por el derrame tóxico de una mina del Grupo México.
Padrés le pidió a Peña Nieto que los cesara y que atendiera con diligencia el desastre. El gobernador se equivocó de enemigo. Pero ciertamente, las acciones atrabiliarias son lo suyo. Como autócrata bananero, ha decidido que en el reino de Sonora sólo él manda. Los antecedentes lo marcan.
Desde el año pasado es omiso en el acatamiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que calificó como inconstitucional la construcción de un acueducto que transporta agua a Hermosillo desde tierras yaquis. Le dio igual. El agua no sería para todos los sonorenses, sino sólo para los habitantes de la capital sonorense, estableció. El fallo no establecía las bondades del proyecto del acueducto que resolvía las necesidades reales de agua en Hermosillo, sino que Padrés había violado la ley. Para mediar –como si la justicia requiriera de intermediarios para que se cumpliera el estado de Derecho-, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, buscó que Padrés acatara el fallo de la Suprema Corte, pero el gobernador, como hizo antes con el tribunal y los yaquis, le dio con la puerta en la nariz.
El reciente episodio donde expulsó a los delegados federales es el último caso que prueba que la ley no vale nada para él. El gobernador no tiene atribuciones sobre funcionarios federales, pero aún así, violentó el tejido político. En un desplegado que publicó el miércoles en un periódico de la ciudad de México, Padrés le pidió al Presidente que atendiera la tragedia ambiental y que relevara a sus funcionarios para que, nuevamente, les otorgara interlocución. Con “todo respeto”, como dicen los políticos, condicionaba el trabajo del gobierno federal a sus designios. Por supuesto, obtuvo la atención del Presidente.
En Los Pinos pensaban reaccionar con cuidado por la expulsión de los delegados, y tenían preparada una declaración donde sólo se expresaba extrañeza por la acción. La moderación cambió durante la mañana. Al regreso de una gira a Lázaro Cárdenas por la tarde, la decisión cambió. Padrés tendría lo que quería. En menos de dos horas se organizó una conferencia de prensa donde el director de Conagua, David Korenfeld, anunció que revisarían los permisos de construcción de su pozo particular, y anticipó que de no tenerlos, podrían proceder inclusive a demolerla. El jueves, dos secretarios de Estado anunciaron medidas financieras que afectan al Grupo México, que fue defendido por Padrés durante los primeros días del desastre ambiental. Contra los dos, la fuerza del gobierno.
Padrés quiere politizar el caso. “Ninguna campaña de desprestigio contra mi persona o mi familia me desviarán de seguir señalando a los culpables del peor desastre ecológico de México”, anticipó su estrategia en el desplegado. Porqué centró al gobierno y no al Grupo México como el responsable, no es un misterio. Sus intereses particulares y electorales, no los de 23 mil sonorenses afectados por los descuidos del emporio industrial cercano a él, es lo que prevalece en su comportamiento político. Pelearse con el Presidente es su ruta para victimizarse, y convertir negligencias y omisiones en un tema político-electoral. El problema lo tiene directamente con el Presidente quien ordenó responderle a Padrés en otros términos: con la ley. Si la violó, irán contra él.
El gobernador tiene problemas si uno se atiene a sus antecedentes sobre el estado de Derecho. Pero no hay punto de retorno. En estos momentos, debería estar preocupado por colmar la paciencia federal, y planear cómo resolver un conflicto donde no tiene posibilidades, legales o políticas, de ganar.
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