Los senadores del PRI presentaron la iniciativa de Peña Nieto el 13 de noviembre de 2012, dos semanas antes de asumir el poder, para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Después de un año de discusiones en el Senado, se votó la creación de un órgano anticorrupción con una Fiscalía que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. La comisión que salió del Senado fue muy distinta a la que quería el Presidente. La despojaron de autonomía, y la mantuvieron dentro de la PGR, con lo cual tampoco le otorgaron atribuciones nacionales. Le eliminaron los recursos judiciales para operar con eficacia y su alcance, que incluía sanciones penales, quedó en meramente administrativas.
Dentro del Senado hubo fuerzas priistas y panistas que se opusieron a la iniciativa presidencial, pero quien terminó de sepultarla fue el michoacano Salvador Vega Casillas, que había sido secretario de la Función Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya esposa se vio involucrada en un acto de corrupción de gasolineras y que cuando llegó al despacho de su esposo, se fue diluyendo el escándalo y las acusaciones. Vega Casillas conocía, por tanto, qué tipo de fuerza tendría una comisión o una fiscalía independiente de la PGR y con autonomía, donde el Ejecutivo no tuviera suficientes elementos de control.
Las resistencias a la iniciativa presidencial comenzaron desde que Peña Nieto escuchó la propuesta original, trabajada durante meses por Virgilio Andrade, a quien incluyó el ex jefe de campaña Luis Videgaray, dentro del cuerpo de abogados del equipo de transición. Andrade presentó a Peña Nieto y a todo su estado mayor la propuesta de una fiscalía con autonomía y personalidad jurídica, con patrimonio propio y funciones de ministerio público.
No cayó bien entre algunos de sus miembros, principalmente el líder de la Cámara de Diputados en ese momento, Jesús Murillo Karam –que sería nombrado procurador general-, quien se opuso tajantemente a ese diseño. De acuerdo con personas que conocen de esa discusión, Murillo Karam dijo que no podría darse independencia de la PGR a una fiscalía de esa naturaleza, y menos aún que se manejara con autonomía.
Aún así, el presidente electo entregó a los senadores del PRI su propuesta sobre las líneas establecidas en la iniciativa de Andrade, pero no como Fiscalía, sino como Comisión Nacional Anticorrupción. En la Cámara de Diputados se congeló la minuta del Senado, aunque quedó contenida como una provisión dentro de la creación de una Fiscalía General de la República, aprobada en agosto como una institución que sustituiría a la PGR. Todo esto se encuentra detenido, en buena parte por las intrigas y sabotajes palaciegos. “La palabra Fiscalía es lo que detiene las cosas”, dijo un alto funcionario de gobierno. Este impasse del proceso de reordenamiento del órgano de procuración de justicia, empantana la promesa de Peña Nieto y no se ha podido revertir la derrota que le propinaron el Senado y su procurador.
La corrupción afecta la productividad y la competitividad que tanto anhela el Presidente. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, los costos por corrupción alcanzan el 10% del Producto Interno Bruto, que afectan esas dos variables de crecimiento. El último reporte del Foro Económico Mundial difundido esta semana, muestra que México cayó cuatro lugares en su ranking de competitividad, que lo ubicó a la mitad de una tabla que revisa a 177 países. La impunidad, que en el caso mexicano parece indivisible de la corrupción, impacta directamente en la credibilidad del gobierno y en la percepción de los inversionistas de que no hay seguridad jurídica en este país.
Las palabras tangenciales que dijo el Presidente en el mensaje de su segundo informe de gobierno, sin embargo, pueden estimular a la Cámara de Diputados para que revise la minuta del Senado sobre la Comisión Nacional Anticorrupción y la doten de los dientes que le quitaron. Una de las opciones que se están viendo, de acuerdo con fuentes parlamentarias, es que dentro de la provisión existente en la nueva Fiscalía General, a la fiscalía que combate la corrupción se le regresen las ideas presidenciales para darle autonomía constitucional y facultades de ministerio público, con lo cual se sentarían las bases para crear un verdadero zar anticorrupción. Eso, ciertamente, sería una señal a México y al mundo, que el gobierno habla en serio cuando de acabar con la corrupción e impunidad se trata. De otra forma, todo parecerá una tomadura de pelo.
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