Por año y medio, desde julio del 2013, Ramírez Stabros fue al mismo tiempo un alto funcionario de la Presidencia de México e integrante del Consejo de Administración de Iberdrola en nuestro país como si sus dos empleos fueran no sólo compatibles sino legales. Ni su superior inmediato, Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, ni su jefe superior, el presidente, parecieron enterarse de tan flagrante conflicto.
Y ahora que, tras la denuncia formulada en España, por el ciudadano de aquel país Miguel Ángel Gallardo ante la Audiencia Nacional española, el escándalo tomó dimensiones internacionales, Ramírez Stabros presenta su renuncia como “una decisión personal” y afirma que su conducta estuvo “apegada a derecho”, y la pregunta obligada es cuántos casos más similares a éste existen en el gobierno mexicano sin que se conozcan ni sancionen.
Un caso que llegó a esta columna es el del actual director de la Sociedad Hipotecaria Federal, Jesús Alberto Cano Vélez, quien al mismo tiempo que ocupa ese cargo aparece como accionista en una Sofom, denominada Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V. según un acta notarial fechada en junio del 2008. El conflicto vendría porque esa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, de la que Cano Vélez es socio accionista, tramita créditos ante la Sociedad Hipotecaria Federal, de la que el mismo Cano Vélez es director general.
En el acta firmada por el notario Francisco Salvador Estrada, titular de la notaría 274 de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y fechada en junio del 2008, aparece Jesús Alberto Cano Vélez como accionista de acciones serie “A” y serie “B” con un valor de tres millones de pesos de la Sofom, que tiene su sede en el estado de Chihuahua, y según se asienta en el documento notarial el hoy funcionario federal participaba en las sesiones y asambleas de la empresa financiera que ahora recibe créditos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Otro caso comentado en los corrillos políticos, es el del ex presidente del Senado, Raúl Cervantes, quien recientemente pidió licencia para separarse de su escaño, y que según testimonios trabajaba al mismo tiempo como “asesor legal y jurídico” del grupo IAMSA (Inversionistas en Autotransportes Mexicanos), propiedad del empresario Roberto Alcántara, presidente del llamado Grupo Toluca.
Aunque Cervantes pidió licencia la semana pasada, todavía en el acto del Segundo Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, se le vio muy cercano a Roberto Alcántara, con quien aparece conversando en varias fotografías. Alcántara no sólo se ha convertido en uno de los empresarios favoritos de este sexenio sino que recientemente se vio envuelto en el escándalo cuando su empresa Teletransportes Dinámicos incumplió y falló en el servicio, luego de recibir un millonario contrato para manejar el cobro de peaje automático en la red de autopistas federales por los próximos cuatro años.
Cervantes, por su parte, fue un actor clave, desde la presidencia del Senado, en la aprobación de las reformas de Peña Nieto, particularmente la energética, y pidió licencia a su cargo hace unos días “para regresar a la academia”, aunque todo apunta a que, en premio a su actuación en las reformas, será propuesto por el Presidente como ministro de la Suprema Corte el próximo año.
Tal vez el conflicto de intereses no sea nada nuevo en México y tal vez tampoco sea privativo de un partido político. Pero en un gobierno, como el de Peña Nieto y su partido, que se ufanan, al menos en el discurso, de estar cambiando la formas de la política, resulta escandaloso ver funcionarios que siguen actuando al más viejo estilo del priismo.
Leído en http://www.24-horas.mx/serpientes-conflictos-de-interes/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.