No es lo mismo pelearse a golpes que con un “cuerno de chivo”. La violencia es tan letal en México porque circulan más de 15 millones de armas ilegales (cifra de la PGR de 2008). Dos terceras partes llegaron desde los Estados Unidos, donde los rifles de asalto se compran hasta por Internet.
El trasiego ilegal es incontrolable porque en los Estados Unidos hay un poder fáctico tan o más poderoso que la trilogía formada por Emilio Azcárraga, Germán Larrea y Carlos Slim. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) frena las políticas públicas que intentan controlar la venta de armas. Por coincidencia o por impotencia la Casa Blanca termina doblegándose ante el NRA.
Los presupuestos reflejan las prioridades de un Gobierno. En 2012 los Estados Unidos tenía a 18 mil 546 agentes dedicados a frenar la migración en la frontera con México; ese mismo año sólo hubo 421 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo (ATF) combatiendo el contrabando de armas a México.
Para compensar su impotencia, la ATF tuvo una ocurrencia: permitir que se contrabandearan armas a México para entender lo que pasaba. Entre 2006 y 2011 –los años de Felipe Calderón– hubo tres programas, y Rápido y Furioso es el más famoso. La operación encubierta terminó mal porque a las armas no les pusieron el chip que facilitaría su geolocalización “por razones presupuestarias”. Siguieron adelante confiando en que harían la identificación balística una vez que las armas fueran utilizadas o aseguradas.
En otras palabras para localizar las armas de Rápido y Furioso había que esperar que hubiera cadáveres, secuestros o asaltos; y México es fértil en los tres cultivos. Entre los muertos hubo delincuentes e inocentes. Menciono tres casos de 2010 en los que los victimarios usaron armas de Rápido y Furioso: 1) los 17 adolescentes masacrados en Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez, Chihuahua) el 31 de enero; 2) el asesinato de Mario González, hermano de la polémica Patricia González, entonces Procuradora General de Justicia del estado de Chihuahua, en noviembre; y, 3) la muerte de Brian A. Terry, el agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en diciembre de aquel año.
La utilización de armas de Rápido y Furioso fue minimizado cuando se trató de la muerte de mexicanos; cuando el fallecido fue un funcionario estadounidense se desencadenó un escándalo que acabó con el programa. Uno de los ángulos oscuros es el grado de participación que tuvieron funcionarios del Gobierno de Calderón. Hay indicios de que hubo conocimiento pleno pero nunca se ha establecido quién supo qué y cuándo.
Formo parte de un pequeño grupo de académicos mexicanos y estadounidenses que señalamos, desde hace tiempo, la importancia de frenar el tráfico de armas estadounidense a México porque hay un nexo causal entre poder de fuego y número de víctimas. La indiferencia de los dos gobiernos ha sido consistente. Calderón lanzaba de cuando en cuando discursos fuertes, Enrique Peña Nieto guarda un absurdo silencio porque es indispensable atacar las fuentes de abastecimiento bélico de los criminales. Peña Nieto no exige a Washington que vigile mejor sus fronteras y se resigna, como Calderón, a la matanza de mexicanos.
Hace años comenté esta situación a un abogado, Gonzalo Aguilar Zinser, quien adoptó el tema y con un equipo de abogados jóvenes (entre ellos Felipe Gómez Mont Landerreche y José Miguel Castillo Hernández) fueron encontrando los caminos jurídicos para atacar el problema. El argumento legal se alimentó con información localizada por un par de investigadoras también jóvenes (Paulina Arriaga Carrasco y Marcela Valdivia Correa). De manera simultánea fue construyéndose una organización (Desarma México) que está recogiendo un respaldo plural, porque la defensa de la vida trasciende religiones, partidos y clases sociales.
El martes 23 de septiembre se presentó ante la PGR una demanda para esclarecer responsabilidades. Hay una lección en todo esto: ningún gobernante en los Estados Unidos o México nos defenderá de los mercaderes de la muerte; la verdad y la justicia las ganaremos con las armas ciudadanas: la razón sustentada en hechos, la constancia y la utilización del marco jurídico.
Nota. El texto completo de la demanda y los documentos que la sustentan están disponibles en: www.desarmamexico.org
Comentarios: www.sergioaguayo.org
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/armas-ciudadanas-12061.HTML
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