El ataque a normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y las 22 personas asesinadas por militares en Tlatlaya, estado de México, removió las más importantes fuerzas subversivas del país que se decidieron modificar su estrategia y comenzar con una “ofensiva generalizada” y “responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
Incluso abrió paso a la aparición de una nueva organización que, en apariencia, pretende convertirse en aglutinador de la movilización político-subversiva, que se autodenominó “Milicias Populares ¡Basta ya!”, que emitió su primer comunicado el pasado 6 de octubre.
A partir de junio de este año, las distintas organizaciones comenzaron a tener una presencia un poco más visible a través de sus comunicados, después de varios meses de silencio. Sin embargo, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en sólo seis días, se pronunciaron con un discurso bélico el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y las Milicias Populares ¡Basta ya!.
EPR es el grupo más antiguo de todos ellos, que se instituyó en 1994 y que se presentó públicamente el 28 de junio de 1996, en el aniversario de la masacre de campesinos de Aguas Blancas, pero que tiene como antecedentes el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP-PDLP) y algunos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, grupos surgidos en los años 60.
Desde entonces, el EPR, logró documentar el especialista Jorge Luis Sierra, ha mostrado que se integra por un mando estratégico y que tiene capacidad política, militar y un frente de masas, que le ha permitido tener presencia social, política y llevar a cabo acciones de hostigamiento militar y siguiendo unas estrategia de guerra popular prolongada.
El ERPI, por su parte, surgió de una escisión del EPR en 1995, generada por diferencias sobre la estrategia de combate, pero fue hasta 1998 cuando se documentó su actividad y con presencia en Guerrero, San Luis Potosí, Distrito Federal y Oaxaca.
Este grupo ha mantenido una estrategia de apariciones públicas, de acciones de hostigamiento militar y acciones sociales, que les permite amplificar su respaldo comunitario.
De las FAR-LP se conoce menos, apenas se dio a conocer con una aparición formal y a través de comunicados a finales de 2013, pero como lo establece el especialista Jorge Lofredo, aún falta por determinar la “legitimidad de sus reclamos o la veracidad de sus posicionamientos”.
Se ha detectado la presencia del EPR en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, estado de México e Hidalgo
Este grupo también asume sus antecedentes desde el PROCUP-PDLP, posteriormente en el EPR y finalmente en el ERPI, organización a la que abandonaron para constituirse en una nueva organización por lo que parecerían diferencias estratégicas en las formas de lucha.
Esas tres organizaciones parten de una misma estructura y en los tres casos coinciden en la necesidad de la vía de las armas como forma de lucha. Veinte años después de la integración de EPR y de las escisiones sufridas, por primera vez los grupos coinciden en iniciar una ofensiva militar y esta vez es contra los narcotraficantes del Guerreros Unidos y funcionarios vinculados con ellos.
ARRANQUE ARMADO
El comunicado más preciso sobre el inicio de las acciones armadas y que constituye una brigada de ajusticiamiento, fuerza que se crea en este tipo de grupos como un comando militar destinado a perseguir y someter a quienes consideran los traidores o enemigos, en este caso son narcotraficantes y funcionarios que participaron en el ataque a normalistas y civiles en Iguala, Guerrero, por eso le colocaron la fecha de 26 de septiembre:
“Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado ‘Guerreros Unidos’”.
Además de declarar a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplices del ataque a normalistas, el ERPI también envió el mensaje a sus militantes en todos sus frentes, tanto políticos como células armadas, que recaben “toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.
Las FAR-LP en su comunicado fechado el primero de octubre, hace responsable de la tortura y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román de la Unidad Popular de Iguala, así como de Justino Carvajal Salgado, primer síndico procurador de Iguala, al presidente municipal con licencia José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos, sostiene, vinculados al Cártel de Guerreros Unidos.
El mensaje a sus simpatizantes y militantes es también muy claro: “preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte”.
El grupo exige la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, porque “traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.
Y el comunicado firmado por la comandancia general de las FAR-LP cierra con una advertencia: “pronto sabrán de nosotros”.
El EPR fue el primero en lanzar sus comunicados, dos en total el mismo 30 de septiembre, en uno de ellos se refiere a la desaparición forzada de sus compañeros Raymundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y en general de este tipo de actos como un método del Estado contra los líderes sociales.
En su segundo comunicado, convoca a la unidad “cada cual en su trinchera y forma de lucha. Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la unidad popular, constituye una necesidad la generalización en el plano nacional de las acciones políticas de masas, la acción popular combativa, la acción múltiple de solidaridad en todo el país y la estructuración de la autodefensa del pueblo para que se ejerza la justicia popular”.
Y acusa que la desaparición de los normalistas no es producto de la acción de los narcotraficantes, sino de “elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo”.
“Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la ‘delincuencia organizada’, dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales. Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por ‘sesudos analistas’ y funcionarios públicos”, sostiene el Comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia General del Ejercito Popular Revolucionario (CG-EPR).
NUEVO GRUPO, MISMAS DEMANDAS
Las Milicias Populares lanzaron su primer comunicado el pasado 6 de octubre, “ante la violencia del brutal neoliberalismo que en México se mantiene mediante el narcogobierno, hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
Hace un recorrido por histórico de matanzas y abusos de autoridades y gobiernos, menciona las reformas recién aprobadas, hasta llegar a Tlatlaya y Ayotzinapa “que se parece mucho a Tlatelolco, en medio de un discurso oficial conciliador, la masacre, como advertencia y escarmiento que intenta frenar la inconformidad de los de abajo”.
“Y claro, se culpará al crimen organizado, posiblemente encarcelarán a un ‘Chucky’, hasta podrían sacrificar al camaleónico gobernador Aguirre para simular que el crimen organizado actuó por la libre. La detención del último de los Beltrán Leyva como respuesta inmediata después de los asesinatos y desaparición de estudiantes nos muestra que el gobierno ya sabía dónde localizarlo y lo agarró en el momento en que les estorbó, cuando ya no les sirvió para mantener el control del estado de Guerrero. Y si, los sicarios son los asesinos materiales, pero el crimen es de Estado”, sostiene.
En su comunicado fechado en Guerrero, llama a sumarse a la lucha e insiste: “hoy más que nunca necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba. Al fin que ellos son los primeros en violar la legalidad”.
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