Hécto de Mauleón - El eslabón más débil.

En los primeros días de noviembre de 2012 circuló la noticia de que
existían 60 plazas vacantes en la Secretaría de Seguridad Pública de
Jiutepec, Morelos. Varias semanas después, el entonces secretario
municipal admitió que las 60 plazas seguían vacantes porque no había
personas interesadas en ocuparlas.




Por esos mismos días la prensa reveló que en el estacionamiento de la
misma Secretaría, 26 patrullas estaban abandonadas, por falta de
gasolina. De 50 litros diarios que se destinaban a cada unidad se había
pasado a 25, y luego a nada. El Ayuntamiento declaró que no había
recursos para echar a andar las unidades; de acuerdo con un diario
local, aquel día de finales de 2012 sólo una de esas patrullas salió a
la calle. La gasolina la habían pagado, de su bolsillo, un par de
uniformados.

El mismo día, varios ayudantes municipales que solicitaban audiencia al
director de gobierno del estado, denunciaron que las finanzas
municipales estaban colapsadas y que había 26 obras públicas sin
terminar. Se adeudaban los salarios de varios trabajadores.

Esos eran los días en que los Guerreros Unidos se apoderaron de
Jiutepec. Ese año, el municipio sería ubicado como el treceavo más
peligroso de México, por su suma de homicidios, secuestros, violaciones,
lesiones y extorsiones, y como el cuarto a nivel nacional por su índice
de robos con violencia.

Un operador de los Guerreros Unidos, Noé Catalán, acababa de asesinar a
los líderes en Morelos de la organización conocida como Los Rojos:
Antonio Román, La Moña, y Crisóforo Maldonado, El Bocinas. Al año
siguiente, 2013, se reportaron en Jiutepec 68 casos de personas
secuestradas, desaparecidas o levantadas.

La inseguridad en ese municipio se había desbordado desde 2006. Dos años
más tarde, cuando el entonces director de policía municipal, Jorge
Alberto Vargas, fue secuestrado y asesinado, quedó claro que quien
mandaba en la región era la delincuencia.

Pero la delincuencia prácticamente no fue tocada en los últimos tres
trienios, hasta que estalló el escándalo de Iguala. A consecuencia de
ese escándalo, uno de los líderes de Guerreros Unidos se suicidó en
Jiutepec para evitar ser detenido.

Está de moda decir que los municipios son el eslabón más débil. ¿Cómo se
convirtió Jiutepec, simultáneamente, en una de las peores pesadillas de
México? Le hice esa pregunta a la alcaldesa Silvia Salazar Hernández,
quien llegó al cargo en diciembre de 2012 y encontró un municipio
absolutamente quebrado. Las cifras que exhibió ponen la carne de gallina.

Jiutepec es el municipio que más ha crecido en Morelos: se extendió por
cerros, barrancas, áreas ecológicas. Ahí sólo existen dos primarias y
tres secundarias (su población: 196 mil 860 habitantes). El porcentaje
de abandono escolar es de 25.43%.

Poco más de 67 mil personas carecen de acceso a la salud pública y sólo
poseen atención de primer contacto: consulta, vacunas, referencia a
especialidades. Entre las mayores causas de morbilidad se encuentran las
infecciones intestinales: en la mayor parte del municipio el agua está
contaminada, la mayor parte de la redes se halla en mal estado, el 61%
de la población no tiene acceso a la red de saneamiento.

En Jiutepec, el 37% de los habitantes ganan menos de dos salarios mínimos.

El nivel de violencia intrafamiliar es de los más altos del país. De
hecho, las riñas familiares constituyen la segunda causa de llamadas de
auxilio a la policía municipal. Abundan el robo a transporte, el robo a
transeúnte, el robo de automóvil, el robo a negocio, el robo a casa
habitación. En 2012 fue el tercer municipio de Morelos con más secuestros.

La mayor parte de las personas involucradas en ilícitos son menores de
20 años. Según la alcaldesa, “los criminales los reclutan, los mandan a
robar, les piden cuotas: determinado número de autos, determinado número
de robos a transporte”.

Hace unos días glosé en este espacio una ficha de inteligencia que
señala a Jiutepec como centro de operación de Guerreros Unidos y revela
una alta probabilidad de que la policía local hubiera protegido a dicha
organización. La alcaldesa afirma que desde la instalación del Mando
Único en el estado, a principios de 2014, la policía municipal dejó de
estar bajo las órdenes de los alcaldes. “Sólo responde al gobierno
estatal, nosotros no tenemos mando sobre ella. Si hay alguna
infiltración, quien debe aclararla es la autoridad estatal”.

Salazar tiene un presupuesto de 420 millones de pesos al año y recibió
de su antecesor una deuda de 400 millones. Afirma que el verdadero
problema de Jiutepec es la corrupción que aflora por todos lados. “Si te
destinan un presupuesto, la dependencia o el diputado que lo etiquetó
mandan a un gestor a cobrar comisión o exigir un ‘moche’ para que pueda
‘bajar’ el recurso. Para que el cabildo apruebe la cuenta pública,
exigen dinero o plazas…”.

“Al igual que Iguala —concluye—, Jiutepec es víctima del sistema
político. Estos municipios, desprotegidos, son el fracaso de este
sistema político”.

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Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109708.php