Avanzar hacia nuevos cambios lo llevará a definir ajustes en su gabinete y a impulsar un sacudimiento en sus relaciones con el Congreso, los partidos y los gobernadores. Tendrá que romper, otra vez, el guión que otros escriben para él y donde se le describe como reacio a rectificar y asumir errores. “El nunca hace eso”, comentan muchos de sus cercanos. Pero ya en otras ocasiones se han equivocado.
El mandatario puede aceptar que el país se halla ante un agotamiento de modelo, lo que se expresa en la actual crisis, o puede creer a sus funcionarios cuando le dicen que todo está bien, que estos problemas y otros son menores y se resolverán solos. Ya otras veces lo han convencido, y también se han equivocado.
Si Peña Nieto apuesta por el inmovilismo o peor, por el endurecimiento, corre el riesgo de perder la oportunidad de utilizar la presente crisis como palanca para los cambios. Voltear hacia otro lado quizá no salvará su gobierno, sino al contrario: un fracaso del PRI en las elecciones del próximo año colocaría a la administración Peña contra la pared y las correcciones le serían impuestas. El suyo habría sido un gobierno de tres años, y daría paso a una nueva alternancia en Los Pinos en 2018.
Si por el contrario, el presidente ratifica su creciente sagacidad política y rompe el molde en el que se le quiere encerrar, hay al menos tres ejes que pueden dar soporte para relanzar su mandato. Adentrarse en ellos puede exigir rediseñar e incluso refundar la Presidencia de la República.
El equipo. Con buenas y malas intenciones, desde hace meses se anticipan cambios en el actual gabinete. Son múltiples las voces, dentro y fuera del gobierno, sobre la urgencia de ajustes para encarar problemas más allá de la implementación de las ya consumadas reformas estructurales. En muchos casos la argumentación se agota en la rigidez del equipo actual, dominado hasta la saciedad por mexiquenses e hidalguenses.
Hay en el ánimo de la discusión un muy prematuro cálculo hacia el 2018, que encona pasiones fuera del gabinete y parece paralizar a muchos adentro. Ello se antoja absurdo, pues si las cosas siguen como van, no habrá presidente priísta en la próxima sucesión. Pero si es verdad lo que se anticipa, que Peña Nieto exigirá cuentas a partir de hoy una vez concluido su viaje, deberá asumir que, en muchos casos, el perfil de sus colaboradores no corresponde con las exigencias de la crisis actual. Y decidir en consecuencia.
Inseguridad. Guerrero arrojó a la cara de los mexicanos y del mundo entero que el crimen organizado en México se nutre tanto de la debilidad de las instituciones como de la complicidad de los políticos. Son lastimosas, patéticas, las explicaciones sobre atribuciones estatales y federales que han intentado el procurador Jesús Murillo y el secretario de Gobernación, Miguel Osorio. Peña Nieto no puede conservar un pacto federal que encubre la putrefacción de los gobiernos estatales, impone la subordinación de Congresos y tribunales locales y preserva el control del narcotráfico sobre los sistemas de seguridad y justicia en las entidades.
La multiplicación de las fosas clandestinas en la zona de Iguala torna imperante una postura diferente a la burocrática que han intentado los gobiernos Calderón y Peña Nieto. El país se ahoga en desapariciones, lo mismo en estados “rojos” como Guerrero o Michoacán, que en entidades “verdes” como Querétaro, Nayarit y Guanajuato. Urge crear una instancia de alto nivel, por encima de procuradurías, policías y fuerzas armadas, que mande una señal presidencial de que se conoce la dimensión del problema y que hay un interés y un acuerdo de Estado sobre este tema, el cual representa la pus que advierte sobre la descomposición de todo el cuerpo social.
Tlatlaya exhibió no sólo los excesos de una patrulla militar. Le recordó al país y al mundo los riesgos de que las Fuerzas Armadas compensen la incapacidad de la policía y de los políticos en materia de seguridad. Tras décadas de labor contra el narcotráfico, los militares carecen de un marco legal que dé soporte y limite su misión en este campo. Ante ello, los mandos eluden responsabilidades y en la tropa parece crecer un sentimiento de rebeldía por ser siempre los que pagan cuando las cosas salen mal. ¿Qué hará Peña Nieto al respecto?
El procurador Murillo Karam asumió el cargo con declaraciones de que había recibido una PGR “desmantelada”, lo cual era cierto. Pero su proyecto de reestructuración casi cumple dos años, la dependencia está plagada de encargados no designados oficialmente, y en el perfil de sus más cercanas colaboradoras se echa de menos la solidez necesaria en temas centrales. La inminente Fiscalía de la Nación no ha hecho sino enrarecer los apetitos de muchos en este campo.
Corrupción. Cada día crece la percepción de que las importantes reformas logradas en el Pacto por México se pueden explicar por la corrupción galopante en las dirigencia de los partidos formalmente opositores. Quizá el propio modelo del Pacto haya resultado perverso, pues favoreció acuerdos cupulares que no pueden seguir siendo la pauta. Todos los días se suman nuevos indicios de líderes políticos metidos en negocios, de empresarios beneficiados por el régimen, de hermanos y padres “incómodos” para la sociedad a nivel estatal o federal, pero en realidad “comodísimos” para sus parientes en el poder.
La presión social sobre este tema hace resaltar que entre las promesas presidenciales quedó en el tintero la Comisión Nacional Anticorrupción que ahora debería ser rescatada y dotada de nuevas herramientas para que los ciudadanos supervisen a los hombres y mujeres que integran nuestra vida pública, desde que son candidatos hasta que asumen el poder, sea en los gobiernos, los congresos, los juzgados, los partidos y los sindicato. Donde sea, incluso en Los Pinos, desde luego.
robertorock@lasillrota.com
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