El misterio de Iguala, está resuelto. Las claves las aportó Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, capturado en la autopista México-Toluca el 16 de octubre, y que se convirtió en el principal testigo de la PGR para entender la vinculación de esa banda con las autoridades en Iguala y Cocula, y lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Lograr que Casarrubias hablara no fue fácil, según investigadores federales. Murillo Karam, dijeron, fue quien logró su colaboración. Un diálogo que sostuvo el procurador en la cárcel del Altiplano (antes Almoloya), narrado por los funcionarios, revelan el momento del quiebre.
–Si colabora, le dijo Murillo Karam, de acuerdo con esta reconstrucción no verbatim del diálogo que sostuvieron, habrá dinero de recompensas. –Tengo más dinero del que me pueda dar, respondió. –Podemos reducir los cargos, replicó el procurador. –Mis abogados me dicen que el caso va por buen camino, desafió. –Con usted en la cárcel, El Pez va a atacar a su familia, le dijo Murillo Karam. Nosotros podemos protegerla, ofreció.
En ese momento, de acuerdo con los investigadores, Casarrubias aceptó hablar. El Pez es Johnny Hurtado Olascuaga, y es el jefe de La Familia Michoacana en la región guerrerense de Tierra Caliente –donde operan Guerreros Unidos-, y el estado de México. Las bandas que aterrorizaron por meses Valle de Bravo con secuestros, respondían a El Pez.
Casarrubias empezó por proporcionar al procurador general nombres de funcionarios involucrados con las bandas criminales. Cinco días después de su detención, por ejemplo, como resultado de sus declaraciones, fueron capturados el alcalde de Ixtapan de la Sal, estado de México, Ignacio Ávila, y del secretario de Seguridad Pública, Efraín Mendoza, por presuntos nexos con el crimen organizado. Involucró también al gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Heladio Aguirre, al vincularlo con Guerreros Unidos. Aguirre, a quien previamente señaló el Cártel del Pacífico de recibir dinero del crimen para su campaña política, ha rechazado todas las imputaciones en ese sentido.
Pero el caso sobre el cual Murillo Karam presionaba más, era sobre la suerte de los normalistas de Ayotzinapa. Casarrubias es quien aportó el modus operandi y reveló la estructura criminal dentro de las instituciones en Iguala y Cocula, así como la razón por la cual dio la orden de matar a los jóvenes. En una parte de su declaración publicada ya por la prensa, dijo que dentro del grupo había una célula de 17 jóvenes que pertenecían a Los Rojos, la banda criminal enfrentada con Guerreros Unidos, que recibían órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, diputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac.
Los Rojos, que controlan Chilpancingo, llevan como una de sus misiones asesinar a Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, quien era el jefe de plaza de Guerreros Unidos, según Casarrubias. El propósito era calentar la plaza, y dejar en el municipio dos cadáveres que llevaban escondidos los normalistas en los autobuses que habían secuestrado para dirigirse a ese municipio, dijo. Según los investigadores, dentro de los más de 50 normalistas que llegaron a Iguala, había un halcón de Guerreros Unidos, quien delató las intenciones de la célula del bando enemigo.
Cuando se dio la orden de frenar sus intenciones, el objetivo eran sólo 17 normalistas, encabezados por el jefe de la célula, contra quien se ensañaron sus asesinos y lo desollaron. No se sabe la suerte del halcón, aunque durante semanas los teléfonos celulares de cuatro de los desaparecidos se activaban durante algunos momentos y se volvían a apagar. En algunos casos en la PGR interceptaron mensajes de texto donde daban la apariencia de estar perdidos en la sierra. Nunca se utilizaron los sistemas georerefenciales para ubicar los celulares, ni se sabe si aún siguen ocasionalmente activos.
Lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala dejó de ser un misterio, pero la verdad es impronunciable para el gobierno. Desde un principio, cuando se sugirió que había vinculaciones con el crimen organizado en el caso de las desapariciones, llovieron las denuncias de diversos frentes para acusar la criminalización de los jóvenes. El gobierno se paralizó, y se aceptó implícitamente que la verdad histórica y jurídica en toda su extensión, no será conocida a través de la versión oficial. Es demasiado fuerte y colocaría a la Normal de Ayotzinapa en una nueva tesitura de actividades extralegales, tras ser considerada hace tiempo una cuna guerrillera. Al gobierno no le interesa revelar todos los detalles del porqué se dio la matanza, sino resolver este caso por el que sangra inconteniblemente la nación.
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