El último episodio comenzó el martes, cuando The Wall Street Journal –el diario de mayor circulación en Estados Unidos-, publicó en su portal un nuevo hallazgo. La casa que adquirió Peña Nieto en el club de golf de Ixtapan de la Sal poco tiempo después de asumir la gubernatura en 2005, se la vendió un viejo amigo que, afirmó el periódico financiero, tuvo una secuela: entre 2005 y 2011, ganó 107 millones de dólares en licitaciones, transformándose de un empresario modesto, a un constructor reconocido en el estado de México. En lo que va del gobierno federal, agregó el Journal, lleva 11 contratos por otros 40 millones de dólares, que son los primeros que obtiene en el ámbito federal.
Los Pinos difundió un comunicado de prensa a las dos y media de la mañana de este miércoles, donde dice que el presidente adquirió legalmente su casa en Ixtapan de la Sal, manifestada también en su declaración patrimonial. La existencia de esa casa, que es la preferida de Peña Nieto y a la que va con frecuencia a jugar golf los fines de semana, se conocía hace tiempo. Nadie le tomó atención adicional salvo The Wall Street Journal, que descubrió que quien la vendió, recibió posteriormente mucha obra pública. El periódico establece en su investigación que la operación es legal, pero al explorar la relación del gobernador con el empresario, se revela un nuevo conflicto de interés.
El control de daños en Los Pinos es insistir en la legalidad, pero se encuentran en un pantano; entre más se mueven, más se hunden. La razón de ello es que lo que se encuentra en entredicho es la legitimidad de la acción peñista, que entra en el muy subjetivo terreno de las percepciones y la sospecha de corrupción. A base de declaraciones del vocero presidencial y comunicados de prensa enfatizando la legalidad, no le van a poder dar la vuelta a este tema que está injerto en la ética política. Negarlo argumentando la legalidad de los actos, como hasta ahora lo han hecho en la Presidencia, sólo arroja más sombras en la opinión pública.
Visto por ojos que entienden perfectamente la distinción entre legal y legítimo, o analizado desde el exterior donde los conflictos de interés de los políticos son desmenuzados y denunciados por los medios, el fenómeno que se está anidando como un modus operandi de Peña Nieto, como servidor público, es su inclinación por el amiguismo político. Esta es una forma de nepotismo del cual ningún gobierno o sistema político, está vacunado. Las diferencias suelen ser que en las democracias maduras, las acusaciones están más bien relacionados a la entrega de posiciones políticas a los amigos, mientras que en las incipientes, que vienen de regímenes autoritarios y despóticos, suelen ser, además de políticas, económicas, como subproducto deformado del capitalismo.
El mejor ejemplo de esto es Rusia, donde el éxito empresarial ha dependido principalmente de las relaciones entre los grupos de interés y funcionarios de gobierno, quienes les distribuyen los recursos y los hacen una clase privilegiada. La mayor consecuencia de esta dinámica es que el proceso democrático que vive un país que enfrenta este fenómeno, se descarrila. Rusia es un ejemplo muy refinado de esto, como podría serlo, de forma más bananera, Venezuela. En ambos casos, los gobiernos despliegan su amiguismo político y empresarial amparados por los parámetros democráticos schumpetarianos, de la toma del poder mediante el voto ciudadano en las urnas.
La relación de los conflictos de interés en los que se encuentra Peña Nieto, su familia y cercanos, con la consolidación de la democracia, es la variable del debate que aún no se explora en México, pero que es lo más grave y peligroso para la nación. Si bien no lo acepte públicamente, el presidente bien haría en entender el dilema en que se encuentra para llegar más rápido a la solución de su problema. No puede borrar lo que ya se hizo, ni justificar que cuando se hizo, eran otros los tiempos mexicanos.
El presidente tiene enfrentar las críticas y consolidar las herramientas democráticas que utilizan los políticos en naciones maduras para defenderse: aplicar con rigor las leyes, incrementar la transparencia administrativa en contrataciones y auditorías, y permitir que el Congreso se empodere. Hasta ahora ha hecho otra cosa. No se aplican las leyes, no hay consecuencias para nadie, ni permite los priistas que el Congreso haga su tarea. Debe corregir estos resabios del viejo autoritarismo y correr hacia delante. De otra forma, nuevas revelaciones vendrán y su imagen en el mundo seguirá hundiéndose, aunque su vocero y sus boletines de prensa digan lo contrario.
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