El expediente iniciado por la CNDH es el 2/2015/3768/Q, por el homicidio de Diana Calderón Bravo, de 21 años de edad y Ricardo Daniel Borrego Miguel de 19 años, quienes fueron balaceados por los soldados que previamente, según su propia versión, fueron atacados con armas de fuego por un grupo de jóvenes que estaban reunidos en una calle de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el parte informativo de los militares, un grupo de muchachos que estaban reunidos en el crucero de Héroe de Nacataz entre Gómez Farías y Privada Corona, en la colonia Matamoros, los agredieron con armas de fuego.
Los soldados respondieron a la agresión disparando sobre el grupo de jóvenes. Del parte militar y de las versiones de cuatro testigos se desprende que los soldados abrieron fuego también contra Diana Calderón y Ricardo Daniel, a quienes impactaron mientras iban a bordo de un vehículo Pontiac color oscuro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación en la parte trasera.
El Pontiac presenta al menos siete impactos de bala en el medallón, casi todos en el mismo sitio; del lado derecho y a la atura del copiloto. El auto quedó en un paraje junto a las vías del tren.
Esta es la tercera agresión armada de militares contra civiles en Nuevo Laredo en lo que va del año. En febrero, soldados de la misma unidad, el 16 Regimiento de Caballería, persiguieron y detuvieron a Gustavo Ortega Pérez, a quien acusaron de haberlos atacad a tiros en una calle de la colonia en donde vivía.
Versiones de testigos señalaron que Gustavo se rindió tras la persecución, pero cuando ya estaba inerme fue balaceado por los militares, quienes lo llevaron al Hospital General donde su estado se complicó. Fue trasladado a otro hospital para recibir atención más especializada.
En los dos sitios, elementos del regimiento hostigaron a familiares, médicos y enfermeras que atendían a Gustavo, impidiéndoles hacer su trabajo, señaló en su momento Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos Laredo (CDH Laredo).
El 16 Regimiento de Caballería Motorizado es comandado desde 2013 por el Coronel de Caballería Carlos Espinoza Alvízar, quien llegó a Nuevo Laredo procedente de Puebla en donde dicho regimiento tenía su sede.
A finales de 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispuso una reubicación de unidades militares y en lo que fue una suerte de enroque, ordenó que el 1° Regimiento de Caballería Motorizado que operaba en la Guarnición de Nuevo Laredo (8ª Zona Militar, bajo el mando del General Dagoberto Espinosa Rodriguez) se trasladara a Atlixco, Puebla, y que el 16 Regimiento de Caballería Motorizado que estaba en esa ciudad se moviera a la Guarnición de Nuevo Laredo.
De acuerdo con la denuncia del CDH Laredo, los militares que dispararon contra Diana y Ricardo impidieron que peritos, socorristas y agentes del Ministerio Público ingresaran al lugar del tiroteo. Fabricaron culpables, sembraron evidencias y alteraron la escena, indicó Ramos.
“Afortunadamente existe el testimonio de cuatro personas que presenciaron la acción de los militares, el momento en que bajan de una camioneta del Ejército Mexicano las armas y la droga para sembrarlas junto al cuerpo de Ricardo Daniel Borrego Miguel y de Diana Calderón Bravo, declaraciones que prueban modo, tiempo y lugar de los hechos”, agregó.
El activista por los derechos humanos dijo que también la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa a petición de los familiares de Diana ya que los testigos aseguran que fue balaceada por la espalda sin estar armada.
Ramos Vázquez informó además que se ha solicitado la intervención de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos para denunciar la tercera ejecución extra judicial cometida por elementos del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, la primera ocurrió el pasado 15 de febrero en la persona de Gustavo Ortega Pérez, a quien también le dispararon por la espalda mientras se rendía de una persecución.
A través de un escrito de queja dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitó lo siguiente:
I. ORDENAR UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA, URGENTE E IMPARCIAL DE LOS HECHOS EN DONDE PERDIERA LA VIDA DIANA CALDERON BRAVO, ASÍ COMO RICARDO DANIEL BORREGO MIGUEL.
II. SUSPENDER DE SUS LABORES DE PATRULLAJE AL PERSONAL MILITAR PERTENECIENTE AL XVI REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA QUE PARTICIPO EN ESTOS HECHOS EN TANTO SE REALIZAN LAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR SU PARTICIPACION EN EL FALLECIMIENTO DE LAS VICTIMAS, LA NEGACION DE AUXILIO, LA SIEMBRA DE EVIDENCIAS (ARMAMENTO, MUNICIONES, FORTNITURAS Y DROGA), ASI COMO LA ALTERACION DEL ESCENARIO Y COMO CONSECUENCIA DE TODO LO ANTERIOR, LA DISTORSION Y OBSTRUCCION DE LAS INVESTIGACIONES.
III. PROTEGER LA INTEGRIDAD DE FAMILIARES DE LAS VICTIMAS, SOBREVIVIENTES Y TESTIGOS DE LOS HECHOS AQUÍ DENUNCIADOS PARA EVITAR REPRESALIAS, ACTOS DE INTIMIDACION O CUALQUIERA OTRA ACCION QUE PONGAN EN RIESGO SUS VIDAS, PERTENENCIAS Y LABORES HABITUALES, POR PARTE DE PERSONAL MILITAR O CUALQUIERA OTRA AUTORIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE TOMEN CONOCIMIENTO.
SANCIONAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS Y MANUAL DE USO DE LA FUERZA, DE APLICACIÓN COMUN A LAS TRES FUERZAS ARMADAS, (EJERCITO, MARINA Y FUERZA AEREA) EN CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN APOYO A LAS AUTORIDADES CIVILES Y EN APLICACIÓN A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014.
Otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares son:
Israel Ayala Ramírez, 31 Marzo 2009.
Miguel Ángel Gama Habif, 31 Marzo 2009.
Aaron Rojas de la Fuente, 31 de Marzo de 2009.
Niño Bryan Almanza Salazar, 03Abril 2010.
Niño Martin Almanza Salazar, 03 Abril 2010.
Juan Antonio Pedraza Castillo, 15 Junio 2010.
José Manuel Esqueda Nieto, 27 Diciembre 2011.
Raúl Eduardo Romero Vedia, 19 Agosto 2012.
Alfredo Ruiz Rojas, 18 Marzo 2013.
Rubén Gámez Valdez, 27 Marzo 2013.
Jesús Alberto Castro Quintero, 17 Octubre 2014.
Jorge Alejandro Medellín
@JorgeMedellin95
Estado Mayor
Leido en:http://www.estadomayor.mx/54128
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