Actuando como abogado defensor, en lugar de fiscal investigador, Andrade argumentó que sus clientes están libres de cualquier cargo legal porque cuando se adquirieron los inmuebles privados ninguno de los tres era funcionario federal y porque las reglas del federalismo mexicano no le permitieron investigar lo hecho por el presidente cuando fue gobernador del Estado de México. Aquello ocurrió entre 2005 and 2011, periodo en el que se fincó la relación de favores entre Enrique Peña Nieto y el Grupo Higa, la cual brindó beneficios privados a la primera dama y al secretario de Hacienda cuando Peña Nieto era candidato a la presidencia y presidente electo en 2012.
Como parte de la operación de Estado, Andrade se coordinó con la Oficina de la Presidencia para que tras la exoneración el presidente y el secretario de Hacienda pidieran una disculpa pública por cualquier “malentendido” que sus acciones privadas pudieran haber causado. Para controlar daños, Andrade exoneró a sus clientes en viernes, cuando la atención mediática disminuye, y a 36 horas del inicio del ciclo escolar, cuando la atención de la mayor parte de la población adulta está en los colegios. La exoneración vino a una semana del informe anual del presidente en el que Peña Nieto ya no tendrá que tocar el tema del conflicto de interés y podrá en cambio anunciar un enorme gasto público para reconstruir el corroído tejido social, supuesta fuente de corrupción y violencia, a decir del propio presidente.
Cuando el Estado se exonera a sí mismo de fehacientes conflictos de interés, la señal que se envía a la sociedad es que los gobernantes están por encima de la ley y que la aplicación del estado de derecho es negociable. Es una señal que envenena la vida democrática porque la obediencia de la ley no es un acto individual y normativo sino relacional y estratégico. Cuando un ciudadano espera que sus vecinos violenten la ley, la probabilidad de que él también la viole es muy alta. Pero el factor más importante que lleva a la gente a violentar la ley es la certeza de que el Estado y los gobernantes serán los primeros en violarla. Casi por regla, cuando los ciudadanos transgreden la ley de manera sistemática lo hacen porque el Estado es el primero en transgredirla.
Cuando el Presidente Peña Nieto y su equipo piensan que la operación de Estado para exonerarlos de los graves problemas de conflicto de interés les permitirá darle vuelta a la página y concentrarse en temas de crecimiento y desarrollo económico, ignoran una de las lecciones más importantes de la historia reciente: no hay crecimiento ni desarrollo sostenible en ausencia de un estado democrático de derecho, en el que los gobernantes no estén por encima de la ley. Traducido al contexto mexicano, esto quiere decir que ninguna de las reformas estructurales que ha abanderado el presidente Peña Nieto, desde la reforma energética hasta la educativa y la fiscal, podrá prosperar y sacar a México del subdesarrollo si el país sigue siendo un reino de impunidad.
¿Qué pueden esperar los inversionistas del ramo energético que no son parte del círculo íntimo del gabinete presidencial, cuando el presidente asigna proyectos a sus amigos? ¿Con qué legitimidad le exige el Gobierno federal al sindicato de maestros que acepte la evaluación magisterial y que transparente el uso de los recursos públicos, cuando el presidente y su equipo se niegan a rendir cuentas? ¿Por qué los ciudadanos habrían de pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones fiscales, cuando el presidente nombra a un fiscal a modo para eximirlo de una violación al estado de derecho?
La opereta de Estado que armó el presidente Peña Nieto para auto-exonerarse nos demuestra que la construcción de un estado democrático de derecho no pasa por el Estado mexicano sino que debe ser una agenda ciudadana. Nos obliga, también, a pensar en nuevos mecanismos institucionales para ponerle fin a la impunidad como forma de gobierno.
Para encontrar pistas, no hay que ir muy lejos; basta con mirar al Sur de México y a la histórica gesta guatemalteca, en la que el trabajo conjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – un organismo ciudadano auspiciado por Naciones Unidas – y una movilización ciudadana sin precedentes han puesto al descubierto múltiples casos de colusión de gobernantes con el mundo criminal, graves violaciones de derechos humanos, y en los últimos meses una extensa red de corrupción que llegaba hasta la cúspide del poder y al mismísimo presidente Otto Pérez Molina.
Como lo ha sugerido el ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda, la profunda crisis de impunidad por la que atraviesa México obliga a la sociedad civil a explorar nuevos mecanismos institucionales – como la CICIG – que nos permitan de manera pacífica sentar las bases para la construcción de un auténtico estado democrático de derecho.
Guillermo Trejo es profesor en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.
Leído en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/25/actualidad/1440520572_710033.html
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